La asfixia de Sánchez lleva a la Generalitat Valenciana al borde del ‘default’ en el pago a proveedores

La asfixia económica a la que el abandono del Gobierno de España está llevando a la Generalitat Valenciana está situando a esta última al borde del default con sus proveedores. Es decir, a la imposibilidad material de afrontar los pagos a esos mismos proveedores en materia de sanidad, educación y políticas sociales, como es el caso de las residencias de mayores. A día de hoy, se da la paradoja de que mientras el Consell de Carlos Mazón ha reducido en dos años la deuda financiera de la Generalitat en 1.300 millones de euros, las tensiones de caja por la falta de ingresos procedentes del Gobierno de Pedro Sánchez son enormes: la deuda comercial asciende a 1.175 millones de euros. De esa cantidad, un 92% corresponde a Sanidad (79%), Educación y Políticas Sociales.

La situación es crítica y sólo tiene una solución: que el Gobierno de España abone los 3.600 millones del Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario, que actualice cuanto antes la entrega a cuenta, por las que ya adeuda 800 millones de euros a la Generalitat Valenciana que en unos días serán 1.000, y que arrime el hombro con la reconstrucción, que el Gobierno valenciano está llevando sólo y a pulmón.

A todo ello, hay que sumar una serie de situaciones y decisiones del Gobierno de España que han complicado aún más la situación. La primera, que hasta la fecha, según ha confirmado OKDIARIO de fuentes próximas al Gobierno valenciano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha renovado el cese de prestaciones a los más de 5.000 autónomos de las zonas afectadas por la DANA. Es decir, que desde enero hasta ahora, esos 5.000 autónomos siguen pagando religiosamente aunque no estén facturando.

Pero la puntilla ha sido que el Gobierno de Sánchez ha postergado al furgón de cola a la Comunidad Valenciana con los desempleados. Hasta el punto, que sólo recibe 715 euros por cada uno de ellos. Una cifra 29 puntos porcentuales por debajo de la media, que es de 922 euros. Y hasta un 164% por debajo de la cantidad asignada a Asturias. En números absolutos, la Comunidad Valenciana recibe por cada desempleado 207 euros menos que la media de España.

La Comunidad Valenciana tiene otro problema esencial: es la más infrafinanciada de España por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Básicamente, cada valenciano recibe menos del Estado que lo que le aporta a él. Y esa situación supone que la ejecución de cada presupuesto anual de la Generalitat Valenciana se inicia ya con un déficit.

El Gobierno de Carlos Mazón ha señalado por activa y pasiva desde su llegada, hace dos años, al de Sánchez la necesidad de afrontar una reforma de la financiación autonómica, no para beneficiar a la Comunidad Valenciana, sino para equilibrar a todas las Comunidades. Y que, mientras ese acuerdo se produce, se aplique un fondo de nivelación transitorio de 1.742 millones de euros anuales, en el caso de la Comunidad Valenciana, para compensar las diferencias entre unas y otras. Esta solución no procede de los políticos, sino de los expertos. 

La infrafinanciación era ya un problema gravísimo porque ha sido la causa de la mayor parte de la deuda valenciana. Pero, a este, se ha sumado otro desde hace unos meses: la DANA.

El Gobierno valenciano está asumiendo con fondos propios y préstamos de los bancos las ayudas a fondo perdido a las víctimas de la riada. Ha solicitado colaboración al Gobierno de España, pero no la ha obtenido. Mazón considera desde el minuto 1 una obligación moral esas ayudas y que lo sean de verdad. Es decir, si son préstamos, a interés cero para las víctimas. Y sin son ayudas, sin recargos salvo los que exija la legislación estatal. Y ello, a pesar de que también ha pedido al Gobierno de Sánchez el IVA cero para las ayudas a la compra de un nuevo vehículo, los intereses cero para préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como sí lo son las del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y otras medidas sobre las que no ha recibido respuesta.

Además, hay otra cuestión en el caso de la DANA. El Gobierno de España ha excluido a 28 municipios de la provincia de Valencia de las ayudas directas a ayuntamientos incluidas en la orden del 31 de enero. Y otros 78 en Castellón. De los 28 municipios excluidos por Sánchez de las ayudas a la DANA, un total de 12 tienen alcalde socialista. Tan necesarios en congresos y asambleas socialistas para apoyar o no a un candidato, ahora, el Gobierno de Sánchez los ha dejado fuera del listado.

Mazón ha reclamado a Sánchez por activa y pasiva, también, que incluya a todos esos municipios en los decretos de emergencia. Pero Sánchez le ha dado la callada por respuesta. El presidente valenciano sí lleva ya tiempo incluyéndolos en las ayudas autonómicas por la DANA. Es decir, solo y a pulmón.