Mazón urge la aprobación del Fondo de Liquidez para afrontar pagos a proveedores y servicios sociales

El presidente de la Generalitat Carlos Mazón ha urgido este jueves la aprobación por parte del Gobierno de España de un Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario de 3.600 millones de euros para garantizar la prestación de servicios, dar seguridad a los proveedores e impulsar la reconstrucción tras la DANA. En otras palabras, para evitar el default, entendido éste como la imposibilidad para cubrir todas las obligaciones de pago de quién, como el Gobierno valenciano, está afrontando reconstrucción y presupuestos sin ayuda del Gobierno de España. Es decir, a pulmón.

La gravedad de la situación es, ahora mismo, enorme. Así, la deuda comercial de la Comunidad Valenciana es de 1.175 millones de euros. De ellos, el 79% corresponde a Sanidad; el 8% a Servicios Sociales y el 5% a Educación. Y, además, hay otros 280 millones de euros en facturas contabilizadas pendientes de pago.

El problema, como el propio Carlos Mazón ha destacado, «no es de gasto, sino de menores ingresos a causa de la infrafinanciación». Es decir, que la cuestión de fondo no es que la inversión esté ajustada, sino que los ingresos procedentes de la parte correspondiente al Gobierno de España llegan tarde, mal y nunca. y, sobre esa base, no quien pueda hacer previsión alguna. De hecho, en lo que respecta al Gobierno valenciano, el dinero se mira al milímetro. Algo, que ha permitido, por ejemplo, reducir en sólo dos años la deuda en 1.300 millones de euros respecto a la etapa del socialista Ximo Puig.

Carlos Mazón ha mantenido un encuentro con representantes de entidades empresariales proveedoras de la Generalitat Valenciana en sectores como sanidad, educación, servicios sociales, mantenimiento, seguridad y construcción. Y, lo que el presidente de la Generalitat Valenciana les ha trasladado es la «insostenible» situación financiera.

A ese encuentro han asistido, entre otros, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; el secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente; el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata; el presidente Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Alberto Ara, y el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, entre otros.

Mazón ha abogado por constituir un frente común en la defensa de recursos «justos y equitativos» para la Comunidad Valenciana y que garanticen los servicios sociales. Ha explicado que la tesorería «está al límite». Y ha reclamado «lo que en justicia nos corresponde» a los valencianos.

Así, en las arcas públicas valencianas, a fecha de 31 de marzo de este 2025, hay 1.916,7 millones de euros en la cuesta 413 de la Generalitat Valenciana. De ahí, 1.175 millones, uno 61%, corresponde a la deuda comercial antes citada. Y se suman las facturas contabilizadas y pendientes de pago por valor de 280 millones.

Mazón ha criticado el silencio del Gobierno de España en lo tocante a la aprobación del FLA extraordinario y la falta de respuesta, también, del Gobierno de España en la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica: «Supone dejar de recibir 800 millones de euros en lo que llevamos de año», que serán 1.000 en cuanto acabe mayo.

También, ha reclamado un fondo de nivelación económica de 1.782 millones de euros hasta que se alcance una financiación justa y equitativa o las ayudas a fondo perdido, también del Gobierno, a la Generalitat Valenciana para afrontar la reconstrucción tras la DANA. De todo esto, nada ha llegado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Mazón ha criticado que el único recurso que el Gobierno de Pedro Sánchez le permite a la Generalitat Valenciana es el de un mayor endeudamiento para los valencianos.