Sánchez obliga a pymes y autónomos a tributar por las ayudas de Mazón mientras exime las suyas

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, obliga a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos afectados por la DANA a tributar por las ayudas de la Generalitat Valenciana mientras exime de esa misma tributación sus propias ayudas. Una discriminación que ha denunciado el Ejecutivo de Carlos Mazón.

El Gobierno valenciano ha reclamado reiteradamente en los últimos meses a Sánchez que no cobre impuestos ni penalice las ayudas por la DANA a autónomos y pymes, verbalmente y por escrito. Desde la negociación y desde la reivindicación, sin obtener respuesta. Éste ha sido el motivo por el que este mismo miércoles, Carlos Mazón, en la presentación de las deducciones fiscales de la Generalitat Valenciana al inicio de la campaña de la renta, ha sostenido: «Las pymes y autónomos que hayan recibido ayudas de las Generalitat deben saber que, cuando hagan su declaración de la renta a partir de las próximas semanas, quien les cobra los impuestos por el dinero recibido para reconstruir sus negocios es el Gobierno central». Es decir, el de Pedro Sánchez.

Mazón, además, ha criticado la «voracidad fiscal con los afectados por las riadas» y ha exigido a Pedro Sánchez, también, otras medidas de alivio. Entre ellas, el IVA cero para el cambio de vehículo y la ampliación de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en este 2025. Los intentos del Gobierno valenciano porque Sánchez exima del pago de impuestos al Estado a las ayudas a pymes y autónomos de la Generalitat por la DANA se vienen produciendo desde diciembre.

Primero, desde la discreción de los contactos entre técnicos. Pero, desde febrero, ya con la voz alzada. En concreto, en dicho mes la consellera de Hacienda Ruth Merino formalizó esa petición a la ministra María Jesús Montero a través de una carta. Entendía Ruth Merino que esas ayudas autonómicas son asimilables a las recogidas en el Real Decreto Ley 6/2024 de 5 de noviembre. Y, en consecuencia, les eran aplicables exactamente los mismos beneficios fiscales.

Esa carta de Merino a Montero no era un punto de partida, sino un documento que se trasladaba al Gobierno después de que los técnicos del Ejecutivo de Carlos Mazón llevasen, como se ha dicho, desde inicios de diciembre, justo después de la publicación del citado Real Decreto, tratando el tema sin que se les diera solución.

Lo que Ruth Merino pedía a María Jesús Montero es que el Gobierno de Sánchez garantizase por ley que dos ayudas iguales debían recibir el mismo tratamiento fiscal, porque el autónomo o la pyme que recibiera ayudas del Estado y de la Generalitat no podría entender que por unas no tributase y por las otras, sí. Este miércoles, además, Mazón, ha ofrecido otro dato revelador, fundamentado en el apoyo del Gobierno valenciano al tejido empresarial de las zonas afectadas: los créditos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a los damnificados son sin intereses y con carencias de hasta tres años.

Esta medida supone un ahorro en coste financiero de 65 millones de euros. Frente a ello, por los del Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Gobierno, los afectados de la DANA pagarán «cerca de 900 millones de euros en intereses», según ha revelado también Carlos Mazón.