La empresa municipal de limpieza quiere pagar la multa a los sindicatos condenados por acoso sindical

La compañía municipal de limpieza de Palma (Emaya) quiere pagar la sanción de 60.000 euros a los cinco sindicatos afines del comité, que han sido condenados, junto a la propia empresa pública, por acoso sindical.

Una derrama que tenían que asumir de forma solidaria todos los que participaron en la exclusión de las centrales, USTE y USO, de las mesas de negociación colectiva. 

Los sindicatos sancionados ya han solicitado a la empresa municipal, presidida por el concejal socialista, Ramón Perpinyà, que asuma el coste íntegro del depósito que tienen obligación de entregar en los juzgados, para poder recurrir, y así rebajar, el importe de la sanción impuesta.

Las centrales condenadas UGT, CCOO, SITEMAYA, CGT y CSIF, consideran que fue la empresa la que se benefició, directamente, del acuerdo de exclusión de esos dos sindicatos, para así poder firmar el convenio colectivo de la compañía, en contra de la voluntad de los trabajadores que lo habían rechazado en asamblea.   

Una maniobra que fue impulsada por la actual dirección de la compañía, que tras rubricar ese acuerdo con las centrales afines, mantuvo el veto a USTE y USO, en todas las reuniones con los sindicatos, pese a que los excluidos obtuvieron una representación del 47% de los trabajadores en las últimas elecciones sindicales de Emaya. 

Como se expone en el fallo judicial, de forma consciente y constante, la empresa y los sindicatos demandados, utilizaron las reuniones de las denominadas comisiones paritarias para abordar, negociar y acordar cuestiones referentes al funcionamiento de la compañía. Unos acuerdos que nada tenían que ver con los objetivos a debatir en ese órgano de representación.

Respecto a la posibilidad de que Emaya asuma el importe íntegro de la sanción, el concejal de Vox y portavoz adjunto de esta formación en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha hecho público un comunicado advirtiendo que “esperamos que con dinero público no se cubra la sanción a los sindicatos afines a la empresa. Aquí se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Una empresa pública como es Emaya debe ser impoluta y dar ejemplo de transparencia”.

En la misma línea, Coll se preguntó las razones por las que Emaya firmó un convenio en contra de la voluntad en una asamblea de trabajadores, cuando todos los convenios anteriores de la compañía habían sido ratificados por los trabajadores. 

“ Es el primer convenio en la historia de Emaya que después de ser rechazado en una asamblea, parte de los sindicatos, pactan con la empresa imponer su criterio por encima de la base de los trabajadores” apuntó el líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma. 

Todo hace indicar que, en los próximos días, la dirección de la compañía recurrirá la sentencia y procederá a depositar la fianza en los juzgados.