Los ecologistas del GOB dictan la política territorial al gobierno socialista de Menorca

Los ecologistas del GOB, subvencionados con 200.000 euros este 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez, dictan la política territorial al gobierno socialista de Menorca. Una isla gobernada, durante estas dos legislaturas y hasta las elecciones de este domingo 28 de mayo que se han saldado con un vuelco electoral a favor de PP-Vox, por la coalición de socialistas y Més per Menorca, con la presidenta del PSOE Susana Mora al frente.

Durante estos ocho años este colectivo ha implantado sus criterios más radicales en materia de protección medioambiental, con toda clase de directrices y medidas que han sido avaladas y tramitadas en tiempo récord por el gobierno insular, que tiene en esta entidad un referente ideológico, y que han sido bendecidas por el Parlament.

Su influencia es tal que hay que recordar la petición insólita de los independentistas de Més a Sánchez, logrando que el Gobierno central concediera a dedo 200.000 euros al GOB, a cambio de que el senador autonómico que tiene esta formación apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2023, si bien no hacía falta su voto favorable para que las cuentas salieran adelante.

Algunos promotores guardan excelentes relaciones con la citada organización, conocedores de la influencia que el colectivo ecologista tiene en Menorca, de mucho mayor calado incluso que en Mallorca. Hay constructores que aseguran que hay empresarios del sector que optan por comprar toda su jardinería en el vivero de plantas que la organización ecologista tiene en la isla, a fin de intentar obtener su apoyo, o al menos, suavizar las críticas de éstos en proyectos de compleja tramitación administrativa por los despachos de ayuntamientos y del propio Consell de Menorca.

Y es que la línea ideológica de máximas restricciones que predica el GOB en materia medio ambiental es avalada por una coalición de gobierno que en 2020, en pleno hundimiento económico, aprobó un decreto que impide construir en suelo rústico, donde sólo está permitida la rehabilitación de viviendas ya existentes.

Fue un decreto que protegió 400 hectáreas en suelo urbanizable, 200 de falsos urbanos, más 51.760 hectáreas en suelo rústico en las que no se puede construir, provocando una notable pérdida en términos de valores patrimoniales a cientos de pequeños propietarios rurales.

Lo próximo es la limitación de la entrada de vehículos de no residentes en la Isla, a partir del próximo año. Una iniciativa impulsada desde el GOB que considera que lo que califican de «masificación» va muy ligada al aumento de vehículos destinados al alquiler o a los que entran por barco.

La decisión afectará de lleno a miles de turistas que cada año llegan a la isla en barco con su propio coche, en concreto más de  100.000, entre los puertos de Maó y Ciutadella.

Una medida incluida en la ley Reserva de la Biosfera, que entre otras cuestiones además contempla gestionar desde Menorca los recursos hídricos; promover políticas conservacionistas; apostar por la implantación de las energías renovables, proteger el medio marino o limitar el acceso de personas a puntos de interés turístico y patrimonial.

También los ecologistas quieren aprovechar este marco legal avalado por Francina Armengol para limitar esta próxima legislatura las embarcaciones en la costa menorquina mediante la aprobación de un plan de ordenación del litoral que regule los usos náuticos. Ahora con el cambio de gobierno dictado por las urnas este domingo, habrá que ver si PP y Vox respaldan estas iniciativas.