Los ecologistas denuncian que la Ley Turística de Armengol convierte Baleares en un refugio de ricos

Los ecologistas del Grupo Balear de Ornitología (GOB) advirtieron hoy que la nueva Ley Turística del Govern presidido por la socialista, Francina Armengol, convertirá Baleares «en un refugio seguro para los inversionistas y gente rica». 

En rueda de prensa la portavoz de la entidad, Margalida Ramis, criticó que la circularidad que pregona el  Decreto Ley 3/2022 de circularidad y sostenibilidad, «es para los hoteles, y para hacer más competitivo el destino turístico», de forma que este «invento narrativa» se aplicará solo a los establecimientos hoteleros, y no «a todo el metabolismo social de una economía turística y vulnerable a la crisis climática». 

Entre otras cuestiones, desde el GOB consideran que se trata de una ley escaparate destinada a que el sector empresarial hotelero, disfrute de una plataforma de acceso y palanca a los fondos europeos en materia de reconstrucción económica, revalorizando sus activos inmobiliarios, consolidando sus construcciones, y dejando de lado cualquier ejercicio de eliminación de oferta obsoleta, esponjamientos, reducción efectiva y planificada de plazas turísticas, reconversión y cambios de usos. 

En este sentido apuntan que las nuevas categorías de los hoteles, supondrán una elitización de la oferta turística, con criterios y puntuaciones que no responden a los objetivos de la Ley, dado que puntúan más las piscinas y saunas, que los dispositivos de ahorro de agua, por ejemplo. 

También denuncian que el nuevo marco legal, no valora la dignificación y mejora de las condiciones laborales dentro de los establecimientos, ni cuestiones como el respeto y cumplimiento del convenio colectivo, ni externalización y subcontratación de los trabajos nucleares, el cumplimiento de las leyes de prevención, la igualdad en las retribuciones a hombres y mujeres, la contratación de colectivos vulnerables, o medidas relativas al fomento del trabajo estable y de calidad. 

Respecto a la congelación de la oferta turística durante cuatro años, el GOB advierte que la suspensión no afecta a las plazas en trámite, reservadas, adquiridas provisionalmente, o en construcción, por lo que la cifra total de plazas turísticas no dejará de crecer de inmediato. De ahí que instan al Govern a eliminar las plazas en tramitación definitivamente, atendiendo a la capacidad de carga ecológica ampliamente superada en el contexto global de las Islas.

El GOB, en suma, defiende el decrecimiento turístico mediante el impulso de medidas de justicia social y ambiental. Un proyecto político de decrecimiento que debería concretarse, a su juicio, en una disminución del caudal de energía, materiales y residuos; una mejora del bienestar de forma igualitaria y no sólo de los clientes de los hoteles y que esta transformación social sea fruto de un proceso democrático, con la participación de los movimientos sociales de base local en los procesos de decisión, que no es precisamente así como se ha gestado este Decreto Ley.