Mónica García revienta su compromiso con las enfermeras: retrasa el cambio de categoría acordado

En una decisión que ha generado malestar y preocupación en el sector sanitario, la ministra de Sanidad, Mónica García, continúa aplazando sine die el prometido cambio de categoría profesional para los enfermeros y enfermeras en España. Este cambio, que había sido comprometido por el Gobierno en respuesta a las demandas del colectivo de enfermería, buscaba mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento profesional de estos trabajadores esenciales del sistema de salud. Y es que, Sanidad también ha negociado por libre con Cataluña el cambio de categoría profesional (A1) de estos sanitarios sin llegar a ningún acuerdo, salvo nuevas promesas de cumplimiento.

El cambio de categoría comprometido incluía un aumento en la clasificación profesional de los enfermeros (A1), lo que no sólo implicaría una mejora salarial, sino también un reconocimiento oficial de las habilidades y responsabilidades que asumen en su labor diaria. El colectivo de enfermería lleva años solicitando que se les otorgue una categoría profesional que refleje adecuadamente su formación académica y su papel crucial en el cuidado de los pacientes.

La respuesta a la decisión de Mónica García ha sido rápida y contundente. Diversas asociaciones de enfermería han expresado su decepción y preocupación, señalando un impacto negativo en la moral del personal sanitario, que ya se encuentra bajo una presión considerable debido a las exigencias de su trabajo.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, se mantiene firme en exigir al Ministerio de Sanidad que se eleve la clasificación administrativa de las enfermeras españolas. La lucha por la inclusión en el grupo A1 de la escala de la Administración o, preferiblemente, en un grupo A unificado -sin subgrupo A1 y A2- es una de las prioridades de la enfermería española y sus representantes. La anomalía histórica de encuadrarse en un grupo que no se corresponde con la formación de grado ni el nivel de responsabilidad de las 345.000 enfermeras y enfermeros españoles -el A2- impide a estos profesionales acceder a determinados puestos y supone una discriminación y una injusticia a nivel laboral.

En distintas reuniones, la propia ministra de Sanidad, Mónica García, ha garantizado al presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, que este problema está camino de solucionarse. Hace apenas unos días, el secretario de Estado del ramo, Javier Padilla, en un encuentro a través de las redes sociales, aseguraba que el tema se iba a «abordar al finalizar el mes de agosto, aunque -declaró- no afecta solamente a la enfermería y que no va de A1, A2 o B, sino que va de reclasificar en el marco de la realidad que tenemos ahora, que no es solamente coger una reclasificación previa a Bolonia, actualmente obsoleta».

Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, consciente de que hay más ministerios implicados, además de Sanidad, y de la complejidad de esta reforma, recuerda al Gobierno que, en ningún caso, «se consentirá que las enfermeras queden fuera de esta reclasificación, aunque llegase a abandonarse la denominación actual, y puedan acceder por fin a puestos de gestión ahora vetados, así como a la remuneración económica correspondiente. Las enfermeras deben estar al nivel de todas las profesiones con una formación de Grado, como otras profesiones sanitarias afines».

Discriminación

Para el CGE la indignante situación actual supone una discriminación hacia los profesionales que sostienen el sistema sanitario, que siguen encasillados en un grupo que no se corresponde a la formación ni capacitación de la Enfermería en el año 2024. Esto da lugar a situaciones anómalas e incomprensibles como que, por ejemplo, un periodista, un psicólogo, un economista, un abogado o un físico nuclear pueda dirigir un hospital o un centro de Atención Primaria mientras que una enfermera, incluso aunque tenga una formación complementaria y todos los másteres en gestión que haya en el mercado, queda excluida para el puesto o es cesada ante sentencias y reclamaciones que se escudan o fundamentan en la pertenencia actual -y equivocada- al grupo A2 de la Administración.

«La Sanidad es un pilar fundamental de un Estado desarrollado -asegura Pérez Raya- y menospreciar de esta manera a casi 350.000 profesionales muy cualificados y que la sociedad tiene en alta estima es algo que mancha a cualquier Gobierno, a este si no lo soluciona y a los que le precedieron -de uno y otro signo político- y miraron para otro lado. Exigimos que la anunciada reclasificación sea una realidad, por justicia y por dignidad, lo más pronto posible. Como hemos reiterado a la ministra en muchos foros y reuniones, el Consejo General de Enfermería está a su disposición para colaborar decididamente en esta empresa. Para nosotros, para todos los colegios de Enfermería, para todas las enfermeras y enfermeros este tema representa una absoluta prioridad y el Ministerio de Sanidad es consciente de ello. Deben actuar ya, con valentía política, porque, efectivamente, estos trámites implican a gran parte de la maquinaria del Estado y a varios ministerios de este Gobierno».