La totalitaria ‘Ley Celaá’

El Congreso aprobó ayer la llamada ‘Ley Celaá’ por la mínima, pero la aprobó. Es un paso más en el avance de las maneras autoritarias, pero con un fondo totalitario, que tienen muchas de las iniciativas que está sacando adelante el Gobierno del presidente Sánchez, Gobierno socialcomunista, como todos sabemos y del que presume, con ese mismo término, el vicepresidente tercero, el señor Iglesias.

La totalitaria ‘Ley Celaá’ es una ley infame, que busca perseguir a una parte de la educación y dividir a los ciudadanos, como la práctica totalidad de las actuaciones del actual Ejecutivo, que parece querer sembrar de nuevo el odio entre los españoles. Ellos están instalando un sentimiento político similar al de los años treinta, con una provocación constante hacia media España. Nos salvan ahora del espanto en el que aquello concluyó entonces, como diques de contención, la determinación del Rey como garante de la unidad de España en el ejercicio de su función constitucional como árbitro y moderador de las instituciones; una amplia clase media creada desde los años sesenta del siglo XX; y la pertenencia a la Unión Europea, que debe ejercer de contrapeso ante las tentaciones autoritarias que puedan tener alguno de los Estados miembros. Ahora bien, el clima político que está generando este Gobierno radical y extremista, lleno de mediocres, oportunistas sin más principios ni valores que el de permanecer a toda costa en el poder y aprendices de liberticidas, es horroroso. Quienes en él conservan algún prestigio deberían dimitir y no servir de coartada a este disparate.

Tratan de coartar la libertad de expresión con su nueva normativa sobre el control de las noticias en los medios de comunicación, mientras el vicepresidente del Gobierno afirma que quiere a la derecha fuera del Estado por muchos años, no del Gobierno, sino del Estado, con la gravedad que se puede desprender de esa afirmación, y dividen a la sociedad con las terribles leyes de memoria histórica y democrática, entre otras muchas normas que cercenan la libertad, y ahora, además, arremeten con toda su fuerza contra la educación.

Esta ley totalitaria y liberticida, que es lo que significa, insisto, la ‘Ley Celaá’, viene a rubricar aquello que la ministra que da nombre a la ley dijo al sostener que los hijos no pertenecían a los padres. Así, trata de hundir a la educación concertada al eliminar la demanda social como motivo para crear nuevos centros o aumentar los ya existentes, en una maniobra que lo que le puede permitir es acabar con los actuales. De esta manera, aunque el agujero económico que generarán será inmenso si cierran los concertados, podrán controlar mejor la educación, pues ya se encargarán de que en los centros públicos que creen se genere un ambiente que adoctrine a los estudiantes, que da la sensación de que es lo que persiguen.

También quieren acabar con la excelencia en la formación. Bien es cierto que con todas las leyes educativas socialistas que ha habido en los últimos cuarenta años, el nivel ya es muy bajo, pero ahora quieren dar una última vuelta de tuerca. De esa forma, permitirán pasar de curso con asignaturas suspensas, de manera que las repeticiones serán excepcionales; otorgarán el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, título que podrán cursar en tres cursos distintos en lugar de en dos. En un tiempo en el que se hace más necesario el fomento de la excelencia, pues esta horrible crisis que este Gobierno, con su incompetencia, ha agravado en España, ha dejado claro que la formación y la capacitación son elementos claves para prosperar, el Ejecutivo condena a la ignorancia a los estudiantes, con lo que tendrán menos oportunidades y la probabilidad de que terminen siendo personas dependientes de un subsidio será mucho más alta, pero parece que al Gobierno es lo que le interesa: apostar por una sociedad subsidiada, dependiente de las pagas que tenga a bien concederle el Estado en lugar de apostar por una sociedad próspera que salga adelante con esfuerzo, trabajo y sacrificio. Se preocupan mucho por la educación afectivo-sexual, pero no por que los alumnos aprendan. Es el dogma político frente a la cultura y la educación, a la que destrozan con esta ley.

También suprimen la religión como materia evaluable, en otro inmenso error cultural. No se trata de apoyar o no una confesión -la católica-, que es, por cierto, abrumadoramente mayoritaria en España, sino de tener la cultura necesaria que sólo la puede dar el estudio de nuestras raíces religiosas y culturales, que, les guste o no, son cristianas en el marco de nuestra civilización occidental. ¿Se atreverían a hacer eso con otra religión, por ejemplo, con la islámica? Seguro que no.

Adicionalmente, entre otras lindezas, crean la asignatura de Historia Democrática -desde una perspectiva de género-, así como el estudio, en Valores Cívicos y Éticos, del papel social de los impuestos y la justicia social. Imaginemos qué temario será el que redactarán: será una línea de pensamiento único, donde, por ejemplo, a buen seguro que marcarán que la doctrina a enseñar en materia de impuestos debe basarse en la bondad de las subidas tributarias. En lugar de incluir estos estudios, deberían encargar un análisis, por ejemplo, a la AIReF para que estudie el sobrecoste que tendrá para los españoles el hundimiento de la educación concertada que obligará a incrementar las plazas escolares públicas -peores y muchísimo más caras-, así como el coste para el conjunto de la economía derivado de la pérdida de talento que tendremos originada por esta ley que fomenta la ignorancia.

Por otra parte, siendo todas las medidas espantosas y perniciosas para la educación, la más cruel es la que condena a la desaparición a la educación especial, con la obligación de la derivación de los alumnos con discapacidades desde sus colegios actuales, donde cuentan con medios y profesores especializados, a colegios ordinarios. ¿Cabe mayor atropello de los derechos de unas personas a las que hay que cuidar y proteger? ¿Es que la maldad de este Gobierno llega hasta tal punto como para arremeter contra estos niños?

Y como colofón de todo el esperpento de la ley, condenan a los alumnos sin recursos económicos que vivan en las regiones que tienen otra lengua cooficial diferente al español, a que no aprendan la lengua común de todos los españoles y de quinientos ochenta millones de personas en todo el mundo, levantando una barrera social que no tendrán probablemente sus hijos, pues pese a su odio ideológico a la enseñanza privada, cuando se trata de sus hijos suelen llevarlos a los mejores colegios privados o concertados.

No sólo es la primera ley educativa en la que no se ha requerido la opinión de los profesionales de la educación, sino que se trata de una ley contra la calidad de la educación. Es una ley que transpira odio, resentimiento y frustración, sin motivo alguno. Este Gobierno debería mentalizarse de una vez por todas de que al colegio y a la universidad se va a enseñar y a aprender, no a adoctrinar y a ser adoctrinado. Sin embargo, esta nueva norma pretende el adoctrinamiento mientras elimina la calidad. Esta ley, en definitiva, es un paso más en este proceso tenebroso que está sembrando el Gobierno de Sánchez, cuyos frutos futuros sólo pueden ser amargos, en la forma de una sociedad sin principios, sin valores, sin espíritu de sacrificio, sin esfuerzo, sin aspiraciones, sin prosperidad y sin desarrollo. Terrible.