Si no se protege al médico, no se protege al paciente

La crisis sanitaria ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en una realidad perceptible por los ciudadanos. Se trata de estadísticas, de listas de espera, de datos sobre pruebas diagnósticas retrasadas y, sobre todo, se trata de una sensación, cada vez más extendida entre los pacientes, de que el sistema no está respondiendo como debería.

En este contexto, el foco no puede ponerse únicamente en los profesionales sanitarios, aunque sobre ellos recaiga, en la práctica, el peso. Al contrario, la clave está en entender que cuando un médico no dispone de las condiciones necesarias para ejercer su labor clínica con garantías, lo que está fallando no es el profesional, sino la estructura que debería sostenerlo. Y cuando esa estructura falla, quien asume el riesgo no es el médico, sino el paciente.

Las condiciones en las que trabajan actualmente muchos facultativos son difíciles de compatibilizar con un estándar de seguridad asistencial exigente. Jornadas que superan con frecuencia las 60 o 70 horas semanales, turnos que se prolongan durante más de 20 horas y una presión asistencial constante dibujan un escenario en el que el margen de error se reduce al mínimo. Además de ser una cuestión laboral en sentido estricto, se ha convertido en una cuestión directamente vinculada a la calidad de la atención y, por tanto, a la seguridad del paciente.

Las movilizaciones de esta semana han sido especialmente significativas en ese sentido. Tras Madrid y País Vasco, ayer le tocó el turno a Andalucía con epicentro en Sevilla. Miles de médicos y facultativos procedentes de todas las provincias andaluzas se concentraron ante el Palacio de San Telmo en el marco de la tercera semana de huelga del colectivo. Según los datos oficiales, el seguimiento alcanzó una media cercana al 24% en Andalucía, con cifras próximas al 30% en provincias como Sevilla, Huelva o Almería. Más allá de los porcentajes, la imagen de unidad del colectivo y el tono de las reivindicaciones reflejan un nivel de tensión poco habitual.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, fue especialmente claro al definir la situación: «Estamos ante una ruptura de un modelo sanitario. El colectivo médico ha dicho basta». En la misma línea, denunció la imposibilidad de mantener las condiciones actuales de trabajo, señalando que «no podemos seguir con 60 y 70 horas de trabajo obligatorias a la semana». En la calle, esa preocupación se traducía en consignas como «Médico explotado, paciente maltratado» o «Sin dormir y sin parar, un error puede matar», que sintetizan con crudeza la conexión directa entre la precariedad laboral y la calidad asistencial.

En este escenario, el conflicto trasciende claramente el ámbito laboral. No se trata únicamente de mejorar las condiciones de los profesionales, sino de garantizar que el sistema sanitario pueda seguir funcionando con unos mínimos de seguridad y fiabilidad. Sin embargo, la respuesta institucional no parece estar alineada con la gravedad de la situación. Tanto el Ministerio de Sanidad como la Junta de Andalucía han mantenido posiciones que, en la práctica, han contribuido a prolongar el conflicto, sin que hasta el momento se haya producido un avance significativo en la negociación.

Los propios profesionales denuncian esta falta de interlocución. «La negociación con el ministerio no existe», afirmaba Ojeda, quien añadía que la sensación, tanto por el ministerio como por la junta, dentro del colectivo es que «nadie se lo está tomando lo suficientemente en serio». Esta percepción de desatención alimenta el malestar de los sanitarios e incrementa la incertidumbre sobre la evolución del conflicto, que ya apunta a un horizonte prolongado en el tiempo.

Las consecuencias de esta situación recaen, inevitablemente, en los pacientes. La continuidad de la huelga implica una reducción de la actividad asistencial, un aumento de los retrasos y una mayor dificultad para acceder a pruebas y consultas en los plazos recomendados. A ello se suma el deterioro progresivo de la confianza en un sistema, construido sobre los resultados y sobre la percepción de que existe una estructura capaz de responder cuando se la necesita.

En paralelo, en el debate se ha ido consolidando la sensación de que la crisis sanitaria no ocupa el lugar central que debería en la agenda política. La sucesión de titulares, el desplazamiento constante del foco y la aparición de nuevos temas en la conversación pública contribuyen a diluir un problema que, en realidad, sigue agravándose. Desde esta perspectiva, lo sanitario comienza a percibirse como un elemento incómodo, que se gestiona más desde la comunicación que desde la toma de decisiones.

Sin embargo, la realidad tiene límites. Y en sanidad, esos límites están directamente vinculados al tiempo y a la capacidad de respuesta. Los retrasos en pruebas diagnósticas, incluidos los programas de cribado, no son neutros. Cada demora implica una oportunidad perdida para la detección precoz y el tratamiento en condiciones óptimas.

Por eso, el debate no debería centrarse en quién tiene la responsabilidad última, sino en quién está dispuesto a asumirla. Porque mientras esa responsabilidad se diluye entre administraciones, el sistema continúa funcionando gracias al esfuerzo de unos profesionales que ya han advertido que han alcanzado su límite.

Y cuando un sistema sanitario depende más del sobreesfuerzo que de su estructura, deja de ser un sistema robusto para convertirse en un sistema vulnerable, pasando de ser un problema sanitario a uno político.