El Tribunal de Cuentas señala que el Gobierno repartió ayudas del ICO que acabaron en empresas ligadas a paraísos fiscales

El programa de avales públicos del ICO puesto en marcha durante la pandemia del Covid para sostener a empresas y autónomos terminó llegando también a sociedades vinculadas a paraísos fiscales. Así lo refleja el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el que el organismo fiscalizador identifica deficiencias en los mecanismos de control que debían impedir que determinadas compañías accedieran a financiación respaldada por el Estado.

El informe concluye que el ICO no llegó a invalidar operaciones concedidas a empresas con matrices radicadas en territorios considerados paraísos fiscales, pese a las restricciones aprobadas por el propio Gobierno para evitar que este tipo de sociedades pudieran beneficiarse de ayudas públicas financiadas con dinero de los contribuyentes.

Fallos en los controles del ICO

Durante la pandemia, el Ejecutivo desplegó uno de los mayores programas de apoyo empresarial de la historia reciente de España. A través de varias líneas de avales gestionadas por el ICO se movilizaron más de 140.000 millones de euros en financiación bancaria, con garantías públicas superiores a los 100.000 millones.

La normativa aprobada entonces establecía límites para impedir que empresas con determinados vínculos con paraísos fiscales pudieran acceder a estas ayudas. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte de que los sistemas de comprobación y seguimiento utilizados por el ICO presentaron carencias que permitieron que algunas operaciones continuaran siendo válidas pese a detectarse posteriormente estas circunstancias.

El órgano fiscalizador considera que los procedimientos aplicados por el instituto público no garantizaron plenamente el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para acceder a los avales, especialmente en lo relativo a la identificación de estructuras societarias complejas o vinculaciones con jurisdicciones de baja tributación.

Un agujero de casi 4.000 millones

Las deficiencias detectadas llegan además en un momento en el que comienza a aflorar el coste real del programa para las cuentas públicas. El propio Tribunal de Cuentas estima que las pérdidas asociadas a los avales Covid alcanzarán cerca de 4.000 millones de euros como consecuencia de los impagos que deberá asumir el Estado.

La situación se explica por el creciente número de empresas que han dejado de operar desde que recibieron la financiación. Según los datos recogidos en la fiscalización, alrededor del 22% de las compañías beneficiarias de los préstamos avalados ya han cerrado o han desaparecido de los registros mercantiles.

Este elevado porcentaje anticipa nuevas ejecuciones de avales y obliga al Estado a responder ante las entidades financieras por una parte de los créditos impagados. Cuantas más empresas incumplan sus obligaciones de pago, mayor será la factura que terminarán asumiendo las arcas públicas.

Miles de empresas ya han desaparecido

El informe del Tribunal de Cuentas refleja el deterioro sufrido por una parte relevante del tejido empresarial que recibió apoyo durante la crisis sanitaria. Aunque el programa permitió evitar una destrucción masiva de empresas en los momentos más críticos de la pandemia, una parte significativa de los beneficiarios no ha logrado sobrevivir a la posterior subida de costes, la inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras.

La combinación de cierres empresariales, préstamos fallidos y deficiencias en los controles sobre los beneficiarios vuelve a poner el foco sobre la gestión de uno de los mayores instrumentos económicos desplegados por el Gobierno durante la emergencia sanitaria.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas no cuestiona la necesidad de las líneas de avales en plena pandemia, pero sí advierte de que los mecanismos de supervisión aplicados por el ICO resultaron insuficientes para garantizar que todos los fondos respaldados por el Estado terminaran llegando exclusivamente a empresas que cumplían las condiciones exigidas por la normativa. Mientras tanto, el coste de los impagos sigue creciendo y amenaza con convertirse en una factura cercana a los 4.000 millones de euros para los contribuyentes españoles.