El rescate Covid del ICO deja una factura de 4.000 millones que pagarán los contribuyentes

Los préstamos avalados por el Estado durante la pandemia del Covid comienzan a convertirse en una factura multimillonaria para las cuentas públicas españolas. El Tribunal de Cuentas alerta en su último informe de fiscalización sobre el deterioro de una parte significativa de las operaciones respaldadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), hasta el punto de que las pérdidas esperadas para el Estado rondan ya los 4.000 millones de euros.

La advertencia llega después de analizar la evolución de las líneas de avales puestas en marcha durante la crisis sanitaria, uno de los mayores programas de apoyo empresarial aprobados por el Gobierno. La medida permitió movilizar más de 140.000 millones de euros en financiación para empresas y autónomos, con avales públicos que superaron los 107.000 millones. Sin embargo, el paso del tiempo está dejando al descubierto el elevado nivel de insolvencias y cierres empresariales entre los beneficiarios.

El 22% de las empresas ya ha desaparecido

Uno de los datos que más preocupa al órgano fiscalizador es que aproximadamente el 22% de las empresas que recibieron financiación avalada durante la pandemia ya han cerrado o han desaparecido de los registros mercantiles.

La cifra refleja el fuerte deterioro del tejido empresarial que recibió apoyo público durante la emergencia sanitaria y anticipa un incremento de las ejecuciones de avales que deberá asumir directamente el Estado. El propio Tribunal de Cuentas ya había advertido en anteriores informes sobre el riesgo creciente de impagos a medida que finalizaban los periodos de carencia y las empresas debían comenzar a devolver los préstamos.

Las estimaciones manejadas por los organismos supervisores apuntan a que una parte relevante de los créditos respaldados por el ICO acabará siendo clasificada como dudosa o directamente fallida, obligando a las arcas públicas a cubrir las pérdidas comprometidas mediante los avales estatales.

Miles de operaciones con impagos

Las señales de deterioro no son nuevas. Informes internos utilizados por el propio ICO ya reflejaban hace años miles de operaciones con cuotas impagadas y un volumen creciente de ejecuciones de avales. Diversos análisis apuntaban a decenas de miles de créditos afectados por incumplimientos de pago y cientos de millones de euros ya abonados por el Estado a las entidades financieras.

El Tribunal de Cuentas también ha venido alertando sobre debilidades en los sistemas de control utilizados para gestionar un programa que se puso en marcha en cuestión de semanas y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores esquemas de garantías públicas de la historia económica española. El organismo fiscalizador reconoce las dificultades operativas derivadas de la urgencia de la pandemia, pero insiste en que existen carencias documentales, problemas de verificación y limitaciones en los controles posteriores realizados sobre las operaciones avaladas.

Con miles de empresas ya desaparecidas y una parte creciente de los créditos entrando en situación de impago, el coste definitivo de los avales Covid comienza a aflorar para el contribuyente.