Mandos policiales y militares exigen que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico

Mandos policiales y militares ven necesario que se refuerce la lucha contra el narcotráfico con la cooperación de las Fuerzas Armadas. Así lo declaran las citadas fuentes a OKDIARIO, preguntadas por las medidas que se deben desplegar para combatir esta lacra. Las fuentes consultadas sostienen que cuando las organizaciones criminales desafían al poder público, emplean tácticas semimilitares y armas de guerra, y generan impacto sobre la seguridad nacional, «la respuesta ha de ser proporcional a la gravedad del desafío». 

Y subrayan que la amenaza del narcotráfico, que «mata tanto a nuestros agentes como a nuestros jóvenes», requiere de «cooperación entre todas las estructuras del Estado». 

Por ello, reivindican que se exploren nuevas fórmulas legales y operativas que permitan reforzar la lucha contra el narcotráfico desde una visión nacional coordinada y de cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

En concreto, señalan que las Fuerzas Armadas poseen capacidades logísticas, tecnológicas y de vigilancia que «serían muy útiles» en determinados escenarios relacionados con el control marítimo, la detección temprana y el apoyo de inteligencia.

Las citadas fuentes están en activo, salvo una, que es el coronel de Aviación del Ejército del Aire y del Espacio Julio Serrano Carranza, con 42 años de ejercicio y que se ha dedicado a la Inteligencia, quien no tiene problema en revelar su identidad al encontrarse ya jubilado.

El escenario que sufren policías y guardias civiles

Los agentes afrontan a diario amenazas armadas, persecuciones, violencia extrema y riesgo real de muerte, por lo que a las fuentes consultadas les indigna que todavía no se haya reconocido la profesión de riesgo a policías nacionales, guardias civiles y a los militares, pese a la peligrosidad de su trabajo, algo que, como denuncian, representa «un agravio comparativo respecto a policías autonómicos, locales y bomberos».

Hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles se han producido durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado 8 de mayo, España entera fue sacudida con el fallecimiento en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva, Jerónimo J. y Germán P., mientras perseguían a narcos.

Apenas unos días después, el 18 de mayo, unos narcotraficantes abrieron fuego contra agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Málaga durante una operación antidroga. Posteriormente, los delincuentes emprendieron la huida a gran velocidad y huyeron por la A7 poniendo en peligro a conductores y a policías. De hecho, llegaron incluso a colisionar los dos vehículos de los delincuentes y también derribaron a un motorista.

A esto se suma que la semana pasada unos narcos robaron tres lanchas y material militar a la Armada durante unas maniobras en Barbate. Y esto es sólo una muestra de los sucesos que se producen.

Además, el pasado 15 de mayo unos narcotraficantes llegaron a tener la osadía de robar a unos agentes de Vigilancia Aduanera los detenidos, que todavía no habían podido engrilletar. Una situación que refleja una vez más «la falta de respeto que tienen al principio de autoridad».  Y esto es sólo una muestra.

Medidas urgentes contra esta lacra

Mandos policiales y militares afirman que la situación actual genera tres efectos perversos: el narco percibe que puede huir con ventaja; los agentes se sienten desprotegidos; y el Estado transmite una imagen de «contención excesiva» frente a «organizaciones que ya actúan con lógica paramilitar».

Y recuerdan que cada embestida, cada muerte y cada persecución fallida alimentan la sensación de que hay zonas y franjas marítimas donde el narco decide el ritmo.

Frente a este panorama, «hay que coordinar las acciones en el Estrecho y sobre todo hay que castigar muy castigado y perseguir el dinero», subraya uno de los mandos policiales, indicando que se deben hacer muchas cosas, entre ellas también potenciar la unidad de lucha contra el blanqueo de capitales y de búsqueda de activos.

Sin embargo, la mayoría de las asociaciones y sindicatos policiales llevan tiempo denunciando que no ven «voluntad política» al Gobierno de Pedro Sánchez «para mejorar la situación en la lucha contra este problema». No sólo eso, «sino que encima empeora», critican. Afirman que estamos en «la peor época de inversión de medios adecuados para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en general».

Consolidación del crimen organizado transnacional

El Campo de Gibraltar, Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada, Canarias, Galicia y los grandes puertos —Algeciras, Valencia, Barcelona, Vigo y Málaga—, la desembocadura del río Guadalquivir y del río Guadacortes, son nodos naturales para la cocaína, el hachís, la marihuana y la logística criminal.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado reconoce que los puertos españoles son especialmente vulnerables para la entrada de cocaína desde América Latina, y que las redes buscan corromper a personas con acceso a información portuaria.

Uno de los agentes de la cúpula policial consultados subraya que España «no sólo está viviendo un repunte del narcotráfico, sino una fase de consolidación del crimen organizado transnacional», por lo que el problema ya no es sólo que entren hachís o cocaína, sino que las organizaciones «han ganado capacidad logística, violencia, dinero, corrupción, tecnología y arraigo territorial».

«Las redes ya no son clanes locales aislados, funcionan como empresas criminales: pilotos, petaqueros, transportistas, testaferros, abogados, inmobiliarias, criptomonedas, empresas pantalla, logística portuaria, telecomunicaciones cifradas y cooperación con redes balcánicas, marroquíes, latinoamericanas, holandesas o albanesas», precisa.

Además, el narco usa embarcaciones más rápidas, más potentes y con tripulaciones dispuestas a embestir, huir, sacrificar mercancía y asumir penas relativamente bajas si no se prueba organización, violencia o autoría cualificada, como destacan los entrevistados.

Mientras esto ocurre, los agentes «actúan con reglas de proporcionalidad, medios muchas veces insuficientes y enorme exposición física», señalan los mandos consultados, haciendo hincapié en que «la presión en el Campo de Gibraltar no elimina el problema, sólo lo desplaza parcialmente».

Así, detallan que «cuando se presiona en Cádiz, se mueve a Huelva, Málaga, Almería, Galicia o Portugal. Si se presiona en playas, pasa al puerto, y si se presiona en contenedor, pasa a semisumergibles, pesqueros, veleros o rutas atlánticas». De hecho, la Costa del Sol y Almería «aparecen cada vez más como retaguardia logística, financiera y residencial del crimen organizado».

Reglas claras y medios adecuados

Preguntados por la denuncia de asociaciones de guardias civiles de no poder disparar a los motores de las lanchas, uno de los mandos policiales señala a OKDIARIO que no cabe la «barra libre» para disparar, porque eso sería «jurídicamente inviable y operativamente peligroso». No obstante, destaca que «tampoco puede mantenerse una situación en la que una narcolancha de 12 metros, con varios motores de gran potencia, usada para embestir o huir a alta velocidad, sea tratada casi como un simple vehículo en fuga».

Como recientemente ha revelado OKDIARIO, generales de la Guardia Civil están presionando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que autorice disparar al motor de las narcolanchas y así inutilizarlas. Sin embargo, el ministro sigue sin dar su brazo a torcer, pese a que tanto mandos de la Benemérita como agentes sostienen que es «la medida más rápida, económica y disuasoria».

En este sentido, los expertos consultados reclaman unas «reglas de enfrentamiento claras, medios adecuados y posibilidad de neutralización proporcional». «En algunos supuestos debería contemplarse la inutilización del medio —por ejemplo, motores— mediante unidades especialmente adiestradas, con autorización, trazabilidad y control judicial posterior», precisan.

También reclaman que se revisen las reglas del uso de la fuerza para permitir una neutralización gradual: advertencia, bloqueo, medios no letales, inutilización mecánica y, en casos extremos de acometimiento grave, respuesta armada proporcionada.

Además, los expertos consultados subrayan que «no basta con planes temporales», en alusión a que Interior ha dotado el V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar con 38,2 millones de euros para 2026 y vigencia durante 2026 y 2027, sino que «el problema exige continuidad, especialización y mando claro».

Asimismo, hacen hincapié en que «no se puede mandar a agentes a enfrentarse a narcolanchas en inferioridad material», como está ocurriendo, sino que son necesarias «patrulleras más rápidas, drones marítimos, vigilancia aérea, sensores costeros, helicópteros, radares, inteligencia satelital y embarcaciones preparadas para persecuciones reales».

Y abogan por un endurecimiento penal selectivo. En este sentido, señalan que el foco debe ponerse en las embestidas, la pertenencia estable a organización, el petaqueo, la logística, la tenencia de medios náuticos destinados al narco, el blanqueo y la corrupción. La reforma de 2026 sobre petaqueo va en esa línea al introducir una respuesta penal más clara para el suministro de combustible vinculado a estas actividades.

Para los mandos policiales consultados, también se debería crear una institución integral dedicada a la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, proporcionan a este diario una creatividad elaborada por un compañero que refleja de forma muy clara «la forma de luchar todos juntos contra esto, con apoyo legal y no cada uno por libre, como se está haciendo ahora».

En cambio, a este respecto, el coronel Julio Serrano opina que «ya existen suficientes mecanismos policiales y en las Fuerzas Armadas para hacer frente a esta lucha y que no hace falta crear un organismo más». Afirma que lo fundamental es que «se pongan de acuerdo y cooperen entre ellos, se pasen información y colaboren tanto en personal como en medios e información».

«Tanto la Guardia Civil como la Policía y las Fuerzas Armadas tienen helicópteros que pueden ser equipados con armamento de guerra y tiradores selectos que pueden inutilizar los motores de cualquier narcolancha, pero para eso tienen que tener unas reglas de enfrentamiento claras para poder disparar contra los motores», insiste.

Los expertos consultados también exigen una solución para los chicos de 12 o 13 años a quienes los narcotraficantes han corrompido «en Barbate y muchos pueblos del Campo de Gibraltar», donde muchos ciudadanos viven del narcotráfico, y menores y jóvenes se han convertido en aguadores, denominados así por «dar el agua»: avisar de que llega la Policía.

En España hay territorios donde los narcos actúan como si fueran un moderno Robin Hood que invita a comer, da dinero, compra en un establecimiento varios televisores, y dan hasta 1.000 euros a menores para que vigilen durante varias horas el mar, una barriada o una nave industrial y alerten de la llegada de los agentes. «Ésa es otra de las luchas que hay que hacer, ayudar a nuestros jóvenes para que sigan estudiando y tengan un futuro mejor», concluyen.