Interior admite que la falta de medios pone «en riesgo la vida» de los guardias frente a las «armas de guerra» del narco

La muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva, al chocar dos patrulleras del Cuerpo que perseguían a una narcolancha, ha puesto de nuevo en evidencia el desigual combate de los agentes contra los narcos. Las asociaciones de la Guardia Civil llevan años denunciando la falta de medios y recursos contra la delincuencia organizada, especialmente en el Campo de Gibraltar. La violencia del narco es extrema, y sus armas cada vez más sofisticadas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presumido en los últimos días de «poner más medios que nunca» para la lucha contra el narcotráfico, algo que choca con la realidad que dibujan los agentes sobre el terreno. En noviembre, la Secretaría de Estado de Seguridad licitó la compra de emergencia de diversos «suministros destinados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con especial incidencia en el campo de Gibraltar». El importe asciende a más de 21 millones. En los últimos meses, el departamento ha ido adjudicando varios lotes de material, pero los agentes insisten en que los recursos no están llegando y que hacen falta más.

«Riesgo extremo»

El mensaje de Marlaska choca con la realidad del narcotráfico que asume su propio ministerio ante el «incremento de la violencia y del uso acreditado de armas de guerra de calibre 7,62×39 mm frente a funcionarios policiales».

«La combinación del incremento de la violencia y la capacidad operativa del crimen organizado, el uso acreditado de armamento de guerra contra funcionarios policiales y el desajuste entre la amenaza actual y los medios disponibles de protección y actuación táctica configura una situación de riesgo extremo que exige una respuesta inmediata», se describe en la resolución por la que se declara la emergencia de las contrataciones.

En este contexto, se considera «imprescindible» dotar a los guardias civiles «de los medios de protección y actuación adecuados frente a armas de guerra»: «La falta de disponibilidad inmediata de chalecos internos, placas cerámicas, portaplacas, fusiles de asalto del calibre 5,56×45 mm, cascos balísticos de alto nivel y medios de transporte adecuados incrementa de forma directa el riesgo para la vida e integridad física de los agentes y limita de manera significativa la eficacia de la respuesta policial».

También se señala que «las organizaciones criminales emplean estructuras complejas y tecnologías sofisticadas para coordinar sus actividades, lo que hace imprescindible dotar a las unidades policiales de herramientas digitales que permitan el tratamiento masivo de datos, la identificación biométrica, el análisis forense y la inteligencia operativa».

Agustín Domínguez, portavoz de Jucil en Cádiz, lamenta además la falta de «seguridad jurídica» de los agentes si tienen que disparar contra la embarcación de un narco. «Lo que pedimos es que, si el disparo provoca un accidente en el que fallece una persona, estemos respaldados», destaca. «Las embarcaciones llevan más de 1.000 litros de gasolina. Un disparo puede provocar una explosión y necesitamos garantía jurídica, no un calvario judicial, pero no quieren hacerlo», señala en alusión a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

La falta de medios es llamativa. «En el tema de los chalecos, por ejemplo, los agentes tienen que optar entre los antibalas o los salvavidas, pedimos que uno sólo reúna todas las condiciones y no tengan que elegir, lo pedimos hace tres años y no tuvimos respuesta».

En los últimos meses, Interior ha ido acometiendo distintas compras por el procedimiento de emergencia, como dos embarcaciones con destino al Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEO), cuatro vehículos todoterreno, una estación sensora optrónica en el Puesto de la Guardia Civil en Cabo de Gata y de sensores radar en las estaciones sensoras de Faro de Adra (Almería) y Faro de San Telmo (Almería), monoculares térmicos, binoculares de visión nocturna, visores y fusiles.

Sin embargo, la situación sigue siendo límite ante narcos armados con kalashnikovs. La Fiscalía General del Estado, en su Memoria Anual, ya advertía sobre la merma de la lucha contra el crimen organizado, tras desmantelarse el dispositivo policial OCON-Sur:

«La disminución de droga incautada supone también una reducción de procedimientos penales en la provincia de Cádiz, lo que la delegada atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur, que se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales».

Aviso de Seguridad Nacional

También el último informe de Seguridad Nacional pone el foco en el incremento de la violencia de los narcos del sur de España, desatada bien para proteger su droga, con pugnas entre clanes, o bien para obstaculizar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«El aumento de la violencia ejercida por los grupos organizados que actúan en esta área geográfica del Campo de Gibraltar, bien para la protección de su carga o bien para interferir en las funciones de las autoridades competentes, (…) ha llegado a ocasionar el fallecimiento de varios miembros de la Guardia Civil y un aumento en la sensación de inseguridad, situación que ha obligado a llevar a cabo un mayor esfuerzo en la preservación de la seguridad en la zona», recoge el informe.

Mientras, Marlaska defiende que desde que llegó al Gobierno en 2018 se han puesto «más medios de los que se han puesto nunca» para combatir el narcotráfico, y ha destacado que «actualmente» se han incrementado un 20 por ciento los efectivos y se han comprado 20 embarcaciones. «Somos una referencia en la cooperación internacional y en la lucha contra unas organizaciones criminales violentas», enfatizó.

Pese a la situación crítica que cada día enfrentan los guardias civiles del Estrecho, María Jesús Montero se ha referido a la muerte de los dos agentes como un «accidente laboral».