El Gobierno promete 8 millones en ayudas para el retorno de ‘nietos del exilio’ con derecho a voto

El Gobierno bipartito de PSOE-Sumar quiere aprobar una nueva ayuda para el retorno de españoles en situación de «vulnerabilidad económica», entre los que incluye a nietos del exilio o descendientes de emigrantes nacionalizados, es decir, con derecho a voto, a través de la ley de Memoria Democrática de 2022. El importe que baraja, de momento, para cubrir estas ayudas, que pueden ir desde los 4.000 euros hasta los 7.600- asciende a 8 millones de euros.

Así aparece recogido en la memoria del análisis de impacto normativo -a la que ha accedido OKDIARIO- del proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que el Gobierno está perfilando y pretende llevar al BOE mediante real decreto.

Esta norma supondrá la creación de dicha ayuda que tiene como finalidad, según el Ejecutivo, «apoyar económicamente el propio hecho del retorno y facilitar la integración social y laboral de las personas retornadas en situación de vulnerabilidad económica».

El Gobierno justifica además esta iniciativa apelando al «cumplimiento del mandato constitucional reflejado en su artículo 42», que establece que «el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno».

El pasado miércoles, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció la remisión de este Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior al Consejo de Estado para que informe al respecto y el texto pueda seguir con su tramitación.

En la citada memoria, el Gobierno ve necesario recuperar una ayuda similar que dejó de otorgarse en 2020. El último ejercicio que se ejecutó fue 2019, con un presupuesto de 798.285 euros, cuando se abonó una media de 930,40 euros por ayuda para 858 beneficiarios (entre 1.644 peticiones recibidas).

Ahora, el Gobierno busca reeditar esta ayuda, fijando un «presupuesto estimado inicial» de 8.084.255,76 euros, es decir, 10 veces mayor. ¿La razón? La entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática de 2022, que permite dar la nacionalidad a nietos de exiliados o descendientes de emigrantes.

«En el cálculo del impacto presupuestario de estas ayudas no se puede obviar el efecto de la finalización del período establecido en la disposición adicional octava de la Ley de la Memoria Democrática, que ha supuesto en muchos países la existencia de numerosos procesos de acceso a la nacionalidad española de origen pendientes, que supondrán un incremento acusado de nuevas inscripciones consulares en los próximos años y que, en el caso de los países en situación de mayor vulnerabilidad social y tradición de retorno a España, supondrán nuevos retornos», subraya el Ejecutivo en el texto de dicha memoria.

Venezuela y Cuba

Sobre estos países, la misma memoria concreta que, con anterioridad, la mayor parte de estas ayudas se concedían a personas retornadas de Venezuela y Cuba, dos regímenes latinoamericanos donde se extiende la pobreza como consecuencia de sus dictaduras.

La nueva asignación, una vez concedida, puede variar desde un mínimo de 4.000 euros, en caso de ser un único beneficiario, hasta un máximo de 7.600 euros, en función del tamaño de la unidad familiar. Todas estas personas nacionalizadas tienen derecho a voto en unas elecciones generales en España.

«Aplicando el importe promedio de concesión de 5.800 euros a la previsión de 1.394 solicitudes concedidas en un año, se estima la necesidad de un presupuesto anual de 8.084.255,76 euros para estas nuevas ayudas», añade el Gobierno.

En cuanto al número de beneficiarios, los de la anterior ayuda se elevaron a 858 en 2019 (con una media de 930,40 euros por ayuda), mientras que la previsión de la Secretaría de Estado de Migraciones eleva ahora la cifra a «1.394 solicitudes» (casi 1.400 peticiones) que serán «aceptadas» al año, de un total de 2.163 presentadas. Se trata, por tanto, de un incremento del 62,4%.

No obstante, estos eran los datos contemplados para el ejercicio de 2026, por lo que la cifra de 8 millones (calculada por el Gobierno con sólo medio millón de solicitudes de nacionalización por la vía de la ley de nietos del exilio) podría aumentar a partir de una actualización de estas cifras.

De hecho, el Ejecutivo habla de casi 2,5 millones de solicitudes al cierre del plazo (medio millón ya aprobadas). Por su parte, los partidos de la oposición están criticando esta aplicación de la ley de Memoria Democrática de 2022 por suponer un «reemplazo electoral».