Los ‘nietos del exilio’ registrados para poder votar ya equivalen a la diferencia que el PP sacó al PSOE el 23J
306.500 nacionalizados por la 'Ley de Nietos' ya se han inscrito en el Registro Civil

Unos 2,4 millones de personas se han interesado ya en lograr la nacionalidad española en virtud de la autodenominada Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu. De estos, 1,2 expedientes están en trámite, se han aprobado 545.000 y se han practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil Consular, el último paso necesario para la adquisición plena de la nacionalidad y, con ello, del derecho a voto -el conocido como voto CERA-. Se trata de una cifra prácticamente idéntica a la diferencia de papeletas entre PP y PSOE en las elecciones generales de julio de 2023. Entonces, los populares aventajaron a los socialistas en 339.119 votos.
Evidentemente, que los descendientes de españoles que residen en el exterior adquieran la nacionalidad no implica que acudan a las urnas, pero el proceso iniciado en 2022 ya está incrementando el censo electoral de forma llamativa. Más aún cuando se complete la resolución de los expedientes ahora en trámite. En las tres últimas elecciones autonómicas -Extremadura, Aragón y Castilla y León- el PSOE obtuvo el mayor respaldo entre los residentes fuera de España. El censo exterior para las elecciones en Andalucía aumentó un 15% en apenas cuatro años. En este caso, el recuento del voto CERA comenzará el próximo viernes 22 de mayo, y se prolongará hasta el lunes 25.
La participación de los españoles en el exterior es aún reducida, pese a los intentos del Gobierno para movilizar a esta bolsa de electorado. En junio de 2022, el Congreso suprimió el llamado voto rogado, la principal causa del desplome de la participación de los españoles en el extranjero. La medida, encaminada a facilitar la votación en el extranjero, no se ha traducido aún en una movilización efectiva. Un asunto que inquieta al Gobierno. Como reveló OKDIARIO, el Ministerio del Interior y el de Exteriores trasladaron recientemente a la Junta Electoral su «preocupación» por los modestos resultados en el incremento del voto CERA, avanzando la aprobación urgente de una norma para incentivar la movilización de los nacionalizados.
El plazo para optar a la nacionalidad española por la conocida como Ley de Nietos finalizó el pasado octubre, tras una prórroga de un año. En la actualidad, los consulados tratan de acelerar la tramitación de los expedientes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado una mayor dotación de personal y recursos, además de poner en marcha un proceso de digitalización con el fin de completar cuanto antes el acceso a la nacionalidad.
Desde su aprobación, el mensaje del Ejecutivo es que la Ley de Memoria permite «hacer justicia» con los exiliados de la Guerra Civil y sus descendientes.
Sin embargo, existe un evidente interés electoral. Días antes de las elecciones de julio de 2023, la entonces responsable del PSOE exterior, Pilar Cancela —ahora secretaria de Estado de Migraciones—, se desplazó a Argentina para encontrarse con el colectivo de españoles. En la charla, instó a movilizar el voto para el PSOE, recurriendo precisamente al acceso a la nacionalidad «gracias al Gobierno».
«Más que nunca tenemos que votar, por favor, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos, y a todos los que podamos, cada voto es imprescindible en este momento, porque ninguno queremos volver a la España negra», arengó Cancela, en clara crítica al PP y Vox.
Igualmente, instruyó a los encargados del PSOE en el país para captar el voto: «Si me preguntas qué les puedes contar a la gente cuando le pidas el voto para nosotros, hay dos argumentos muy potentes: que pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido gracias a este Gobierno, y que tienen derecho a la adquisición de la nacionalidad, de la cual derivan otros muchos derechos, también gracias a la acción de este Gobierno».
Nacionalizaciones ‘sine die’
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano consultivo y asesor del Gobierno adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, promueve una reforma para ampliar los supuestos para acceder a la nacionalidad y, a su vez, eliminar los límites temporales de Ley de Memoria.
La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, mantuvo recientemente una reunión de trabajo con representantes de Exteriores de distintos partidos, en el Congreso de los Diputados, en la que se trataron asuntos como el ejercicio al derecho de voto en el exterior o posibles nuevos supuestos en el acceso a la nacionalidad. En el encuentro participaron el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el diputado del Grupo Sumar, Enrique Santiago; y los diputados, María Isabel Moreno, del PSOE; Agustín Santos, de Sumar, y Carlos Flores, de Vox, así como el letrado de dicha Comisión, Manuel Alba.
Desde el Consejo llevan tiempo promoviendo una reforma que amplíe los supuestos de nacionalidad, además de la eliminación de los límites temporales.
La propuesta fue acogida hace unos meses por Cancela, que señaló que, si bien «no es fácil conseguir grandes acuerdos» para la reforma del Código Civil que se plantea, también abrió la posibilidad: «Nadie ha dicho que no lo podamos intentar».
Desde el Consejo alegan que la finalización del plazo para presentar solicitudes por la Ley de Memoria Democrática -en octubre pasado- supuso que sus «efectos positivos» no alcanzaran «a muchas personas que no pudieron iniciar el trámite en los consulados generales, ya sea por desconocimiento o por dificultades en la documentación requerida».