Un juez investiga una ayuda de 1,3 millones aprobada por la Junta de Chaves y Montero

El caso Avales vuelve a poner bajo sospecha una etapa clave de los gobiernos socialistas andaluces y salpica de nuevo a María Jesús Montero en plena carrera hacia las elecciones del 17 de mayo. El juez ha reactivado la investigación sobre una ayuda de 1,3 millones a Pickman aprobada en 2005 por el Consejo de Gobierno de Manuel Chaves, del que formaba parte la hoy candidata del PSOE-A como consejera de Sanidad.

La decisión judicial supone el enésimo varapalo a la gestión del PSOE al frente de la Junta, justo cuando Montero intenta presentarse como alternativa de regeneración frente a Juanma Moreno. Sin embargo, la realidad pasa porque la candidata socialista que se presenta como la citada «regeneración política» formaba parte del Ejecutivo que dio luz verde al acuerdo del 13 de diciembre de 2005 ahora reclamado por el juzgado dentro de una causa en la que se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El magistrado José Ignacio Vilaplana ha requerido a la actual Consejería de Presidencia que remita «a la mayor brevedad posible» y «con carácter de urgencia» todo el expediente íntegro y completo relativo a ese acuerdo del Consejo de Gobierno que ratificó una decisión previa del Consejo Rector de la Agencia Idea. En virtud de ese paso se autorizó la concesión de un aval de 1.300.000 euros a la empresa sevillana Pickman S.A.

El alcance del requerimiento no es menor. Y es que el juez no pide sólo el expediente administrativo al uso, sino toda la documentación que pueda obrar en los archivos de la Junta, ya sea física, digital o virtual. Eso incluye desde correos electrónicos y borradores hasta notas manuscritas, papeles de trabajo, memorandos o cualquier otro material de preparación y tramitación. El mensaje del instructor es claro: quiere reconstruir con el máximo detalle cómo se gestó y aprobó esa ayuda millonaria.

Y lo que sostiene en su resolución resulta especialmente comprometedor para el relato del PSOE. Según expone el juez, las ayudas concedidas a Pickman, en particular la otorgada bajo la apariencia formal de un aval «propio» o «excepcional», se habrían aprobado sin respetar las previsiones legales previstas para subvenciones o ayudas públicas. No habla de una mera irregularidad burocrática, sino de un mecanismo que, de confirmarse, habría servido para hacer llegar fondos públicos a determinadas empresas de forma «absolutamente arbitraria e injusta».

En esa línea, el instructor apunta que el Gobierno socialista de la época habría utilizado de manera «ilícita» la figura de los avales públicos. En el caso concreto de Pickman, añade que de las diligencias ya practicadas «podría deducirse» que en la concesión del aval pesaron razones «no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo». También remarca que no existían razones técnicas suficientes, ni desde una perspectiva jurídica ni financiera, que justificaran esa operación.

La resolución va aún más allá al subrayar que no hubo una valoración efectiva sobre la solidez de las garantías prestadas por la empresa y que, por el contrario, existían evidencias de la dificultad de recuperar los fondos públicos por la situación económica que atravesaba Pickman. El juez habla incluso de una «irregular administración de fondos públicos» y de un consiguiente menoscabo de los mismos.

Montero, en este contexto, queda políticamente alcanzada por una causa que vuelve a retratar los modos y formas de aquellos gobiernos del PSOE andaluz de los que formó parte durante años. Ese es el problema de fondo para la candidata socialista: mientras intenta vender renovación, la campaña le devuelve una y otra vez a las etapas más cuestionadas del socialismo andaluz.