La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz por la trama de financiación ilegal

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles 27 de mayo un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por la financiación ilegal ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes han registrado despachos y oficinas de Ferraz y han inspeccionado distintos inmuebles de altos cargos del partido repartidos por la geografía peninsular según El Confidencial. Las actuaciones se prevé que dure toda la jornada.

Por un lado, el juez Santigo Pedraz tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.

Por otro lado, la investigación de Ismael Moreno apunta a la existencia de una operativa sostenida en el tiempo que habría permitido la inyección de fondos opacos en la contabilidad del partido, diseñada para eludir el control del Tribunal de Cuentas. Según fuentes próximas al caso consultadas por distintos medios, miembros de la cúpula del PSOE habrían participado activamente en la ocultación de dinero de origen ilegal.

Los investigadores de la UCO buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con una supuesta caja B. El dispositivo es el resultado de meses de pesquisas secretas por parte de los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil, tras haber hallado mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes del partido que habrían revelado que la formación de Pedro Sánchez operaba con una contabilidad paralela.

Como consecuencia de esta mecánica, el PSOE habría concurrido a diferentes procesos electorales con más presupuesto del que declaró oficialmente.

Financiación ilegal del PSOE

La investigación hunde sus raíces en una serie de indicios acumulados durante los últimos años. Las sospechas se desataron a raíz de conversaciones incautadas al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que se reflejaba la forma en que cobraba en billetes por gastos anticipados, a veces de 500 euros.

Las explicaciones del entonces gerente del partido, Mariano Moreno, lejos de despejar las dudas, las incrementaron. Moreno habló de cómo se nutría la caja fuerte del partido con dinero trasladado de forma periódica en furgones blindados, y calificó de «cultura organizativa» la práctica habitual de sus cargos de cobrar en efectivo sin que existiera un mecanismo de verificación. Esta revelación, entre otras, desencadenó la apertura de unas diligencias secretas a cargo de la Audiencia Nacional.

De forma paralela, el empresario Víctor de Aldama, imputado en la trama del caso Koldo, declaró ante el Tribunal Supremo haber entregado al partido «más de 1,8 millones de euros en donaciones», lo que constituiría financiación ilegal.

Aldama describió cómo buscó constructoras dispuestas a pagar mordidas para nutrir al partido a cambio de licitaciones, y entregó un sobre procedente de Venezuela que, según sostiene, vincula a los socialistas con la entrada irregular de fondos.

La empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de los hidrocarburos, ha asegurado por su parte haber entregado 90.000 euros en mano a un hombre sin identificar en el interior de la propia sede del partido.

Los microcréditos, en el ojo del huracán

Como ha desvelado OKDIARIO, la UCO investiga los cuatro millones de euros en microcréditos que el PSOE ingresó en plena pandemia de coronavirus. La Guardia Civil prepara un amplio informe sobre la financiación de Ferraz que será remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El vehículo central de esa captación fue el denominado Plan Luz Verde, lanzado en mayo de 2020, en plena emergencia sanitaria, bajo el paraguas de la supuesta «transformación ecológica y digital» del partido.

La campaña, impulsada por el entonces gerente federal Mariano Moreno, logró recaudar 2.998.500 euros, ofreciendo a militantes y simpatizantes la posibilidad de contribuir con entre 500 y 10.000 euros mediante microcréditos con un interés anual del 3%, muy superior al que ofrecía entonces la banca.

Las cuentas oficiales del PSOE reflejan que las donaciones pasaron de 275.616 euros en 2019 a 837.506 euros en 2020, un incremento del 200% en plena pandemia y con el país confinado.

En 2024, último ejercicio fiscalizado, esa cifra ha caído hasta los 133.500 euros, un desplome que contrasta de forma estridente con los picos registrados durante los años investigados.

Lo más llamativo es que el propio partido se jactaba en sus comunicaciones internas de que los microcréditos habían llevado al PSOE a ser «una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos». El Tribunal de Cuentas, sin embargo, ha advertido en repetidas ocasiones de las lagunas legales del sistema y ha exigido su regulación urgente.

El aspecto más escabroso de la investigación es la ausencia de verificación externa sobre esas donaciones. Según los propios informes de auditoría, la supervisión de las donaciones privadas quedó expresamente fuera del control independiente, responsabilidad que recaía sobre el mismo Moreno que impulsó el Plan Luz Verde.

No es la primera vez que la UCO entra en Ferraz. El 20 de junio de 2025 los agentes ya accedieron a la sede para efectuar un requerimiento de información ceñido a las pertenencias del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, imputado por el presunto amaño de contratos de obra pública. El operativo de este miércoles tiene, sin embargo, un alcance radicalmente distinto, mucho más amplio.

En los próximos días el juez Ismael Moreno podría decidir si el PSOE es imputado como persona jurídica por el delito de financiación ilegal.