La UCO irrumpe en Ferraz en busca de la ‘caja B’ que financió a la fontanera Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles, 27 de mayo, un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por la financiación de las cloacas socialistas lideradas por la fontanera Leire Díez ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes se han personado con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías.

El juez Santiago Pedraz tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.

Se investigan nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Además, crece el número de investigados. Se imputa el abogado Ismael Oliver –ex representante de Koldo García–, el letrado Jacobo Teijelo –actual representante de Santos Cerdán– y el guardia civil Juan Sánchez Yepes.

El magistrado señala además indicios de responsabilidad, al menos como cómplice, contra Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, a quien considera posible autora de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Por último, el juez apunta que Juanma Serrano –ex jefe de gabinete de Sánchez– y Juanfran Serrano –diputado y ex número dos de Cerdán– habrían colaborado con los investigados en actos concretos de apoyo al plan ilícito, si bien reserva la concreción de su responsabilidad penal al desarrollo posterior de la causa.

Como adelantó en exclusiva OKDIARIO en febrero, Pedraz había imputado a 7 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez (directivos de empresas públicas que habrían colaborado con la trama). Entre otros, Charo Arévalo, ex trajabadora de ENUSA –la empresa estatal de uranio–, la propia SEPI, Mercasa, Parque Empresarial Principado de Asturias y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial.

La investigación se instruye como pieza separada en la Audiencia Nacional y apunta a una trama de cobro de comisiones millonarias vinculadas a contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

El juez Pedraz requiere documentación al PSOE para ver si hubo pagos a Leire Díez y en varios domicilios particulares, incluido el del empresario Javier Pérez Dolset, entre otros investigados.

Comisiones SEPI

Según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día en que los detenidos pasaron a disposición judicial, la UCO sospecha que Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso —vinculado al ex número tres del PSOE Santos Cerdán— habrían cobrado 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Los tres habrían formado parte de un grupo denominado Hirurok [juntos en su traducción del vasco], orientado a dirigir «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública», según refleja el auto.

Entre 2021 y 2023, el triunvirato habría actuado de manera coordinada con el objetivo «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» mediante «contratación y facturación mendaz». En conjunto, habrían conseguido resoluciones favorables a sus intereses desde distintas administraciones «a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas» y entidades vinculadas a la SEPI.

El caso llegó a la Audiencia Nacional en diciembre de 2025, cuando Pedraz asumió las pesquisas tras la detención de Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y de Antxon Alonso. El pasado 8 de mayo, el juez prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa.

La figura de Zarrías

La investigación ha arrastrado también al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, quien declaró en una causa paralela en los Juzgados de Plaza de Castilla, ante el magistrado Arturo Zamarriego, por las artimañas para ir contra los jueces y fiscales que investigan al PSOE.

Zarrías contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la instrucción de la trama de los ERE, asunto por el que el propio Zarrías fue juzgado en su día. Según su propia versión, llegó a abonar 4.000 euros mensuales durante cuatro meses a la ex militante socialista, lo que arroja un total de 16.000 euros en pagos confesos.

Paralelamente, la UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar únicamente aquellos elementos relacionados con la causa.

No es la primera vez que la Guardia Civil llama a las puertas de Ferraz. Los agentes de la UCO ya habían accedido a la sede federal del PSOE en junio de 2025, tras la imputación de Santos Cerdán como entonces secretario de Organización del partido. Aquel episodio inauguró una serie de reveses judiciales que han convertido el número 70 de la calle Ferraz en una dirección tristemente recurrente en los sumarios judiciales españoles.

El caso Leire añade así un nuevo capítulo a una causa que amenaza con convertirse en el enésimo escándalo de gran calado institucional de la legislatura. Si las diligencias de este miércoles confirman la sospecha de que la trama operaba con ramificaciones en la propia sede del partido en el Gobierno, las consecuencias políticas podrían resultar tan devastadoras como las jurídicas. La UCO ya tiene los documentos. Ahora le toca hablar a los jueces.