Hasta la Fiscalía tumba el relato del Gobierno: advierte de «las dificultades» para repatriar a los inmigrantes a Marruecos

La Fiscalía General del Estado advirtió de «las dificultades» para repatriar a los inmigrantes irregulares a Marruecos. Tanto es así que incluso «las propias fuerzas policiales han dejado de solicitar autorización para proceder a su internamiento», paso previo a expulsarlos del país. Una realidad que choca con el mensaje del Gobierno de Pedro Sánchez tras la avalancha migratoria sufrida en Ceuta. El Ejecutivo aseguró que «ninguna persona» de los 80.000 marroquíes que entraron ilegalmente a la ciudad autónoma a través del espigón fronterizo de El Tarajal permanecerá en suelo español. Actualmente quedan 5.000 inmigrantes, según el Ejecutivo, o 9.000, según la administración ceutí.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó este jueves que «ninguna persona» de las que entraron a la ciudad autónoma «de manera irregular» se va a quedar en Ceuta: «Ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado».

Sin embargo, la realidad es bien diferente y, en su Memoria de 2025, la Fiscalía General del Estado constató las dificultades para repatriar a inmigrantes en situación administrativa irregular cuando tienen una orden administrativa de expulsión.

En esos casos, los CIE juegan un papel fundamental. Estas instituciones son «establecimientos públicos de carácter no penitenciario dependientes del Ministerio del Interior» en los que se retiene a los inmigrantes ilegales en situación administrativa irregular hasta que se ejecuta su procedimiento de expulsión del país.

La Fiscalía, contra los internamientos

Una decisión del Fiscal de Sala, es decir, el máximo escalafón en la carrera del Ministerio Público, marcó la pauta a seguir para la mayoría de fiscales en los casos de «peticiones de asilo ante el juez de instrucción». Entonces, se marcó el criterio de «oponerse al internamiento» en los CIE de los inmigrantes con orden de expulsión.

Sin embargo, hubo algunos jueces que consideraron esta postura como «fraude de ley». No obstante, en esos casos, la Fiscalía acababa uniéndose al abogado del inmigrante en su recurso contra el internamiento del extranjero en el CIE.

En esa misma línea, desde la Fiscalía se destacó que «continúan las dificultades para repatriar a los ciudadanos argelinos y, en ocasiones, a marroquíes». Tanto es así que «las propias fuerzas policiales han dejado de solicitar autorización para proceder a su internamiento en los CIE». Concretamente, en la Memoria de la Fiscalía aludían a que se ha señalado este tipo de problemas por parte de los «delegados de Baleares, Valencia y Murcia».

Por otro lado, el mismo documento del Ministerio Público señalaba que «un año más» en las memorias de cada uno de los territorios se destacan «los retrasos y las dificultades para materializar las expulsiones» en los casos en los que los inmigrantes han sido condenados o están siendo investigados por una pena de prisión.

Problemas para extraditar condenados

Como causa de este hecho se señalan, entre otros, el «colapso que sufren los juzgados»; la imposibilidad de localizar al investigado; la no inclusión de esta posibilidad en la sentencia, sino en la fase de ejecución (éste es el trámite posterior en el que se aplica lo que ha dictado el juez), o porque «el órgano sentenciador no comunica a la autoridad gubernativa puntualmente el fallo condenatorio».

Sin embargo, no es este el único problema que señalan para poder efectuar la expulsión de las personas que están investigadas o condenadas. Algunos fiscales alertan de «las dificultades para expulsar a los ciudadanos marroquíes y argelinos, por la falta de colaboración de las autoridades consulares que no los documentan».

Como ejemplo de ello, la Memoria del Ministerio Público señaló que la Fiscalía de Sevilla había informado de que la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) constató la «imposibilidad de materializar la expulsión».

Concretamente, los problemas que señalaba esta unidad dependiente de la Policía Nacional aludían a las expulsiones que prevé el Código Penal para los inmigrantes con una pena «de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedan de esa duración». En esos casos, la ley prevé sustituir la ejecución de la pena «por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional».