La UCO registra los domicilios de Cerdán y el histórico dirigente del PSOE Gaspar Zarrías

La UCO registra este miércoles la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, el domicilio personal del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y las instalaciones de la consultora Zaño, vinculada al histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías, en el marco de investigaciones que apuntan a financiación ilegal del partido y a una trama de tráfico de influencias y amaño de contratos en el caso Leire Díez.

Las diligencias se han llevado a cabo de madrugada y de forma simultánea en varios puntos de España. Los agentes buscan documentos, archivos y materiales relacionados con una caja B del PSOE, así como pruebas vinculadas al también denominado caso SEPI, que se instruye bajo secreto de sumario desde sus inicios.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha autorizado la entrada en la sede central socialista. En esa causa, que investiga delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias, fueron detenidos el pasado diciembre el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández —hombre de confianza de la ex vicepresidenta María Jesús Montero—; la «fontanera» del PSOE, Leire Díez; y el empresario Antxon Alonso, señalado como socio de Santos Cerdán, extremo que este último niega.

Los agentes han registrado también el despacho profesional de Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El dirigente andaluz, condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación en el macrojuicio de los ERE de Andalucía, mantiene una estrecha relación con Leire Díez que ya le ha obligado a comparecer ante los tribunales.

El ‘caso Leire’

En abril de este año, Zarrías declaró como testigo ante el juez Arturo Zamarriego, que instruye en Madrid una causa paralela contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En esa comparecencia, el ex dirigente andaluz reconoció que contrató a Leire Díez entre junio y octubre de 2024 a través de su mercantil Zaño Sociedad Consultora porque ella le trasladó que estaba culminando un trabajo de investigación y «le pidió apoyo económico para terminarlo». Díez se presentó ante él como «militante del PSOE» y «periodista».

Zarrías admitió además que la ex militante socialista le entregó un pendrive al concluir ese encargo, y que rescindió el contrato en cuanto recibió ese material.

Aseguró que la información contenida en el dispositivo era pública previamente. Sin embargo, el juez Zamarriego le requirió una copia del contenido del pendrive, puesto que Zarrías reconoció haber volcado la documentación en otro soporte, al no conservar ya el dispositivo original.

La relación profesional entre ambos resultó, cuando menos, atípica: según el propio Zarrías, Díez «no tuvo correo corporativo ni teléfono de empresa y nunca acudió a las oficinas de Zaño Sociedad Consultora». Las reuniones, siempre según su testimonio, se celebraron en una cafetería frente a su despacho, lo que evidencia el carácter nebuloso y poco convencional del vínculo laboral.

Antecedentes

El caso Leire, cuya denuncia fue presentada por la asociación HazteOir, se ha ramificado con notable prolijidad judicial. La investigación arrancó al descubrirse presuntas actuaciones dirigidas a obstaculizar causas judiciales sensibles para el PSOE, entre ellas las que afectan al teniente coronel de la UCO Antonio Balas y al fiscal Anticorrupción José Grinda. En una grabación incorporada a la causa, Díez se presenta como la «mano derecha» de Santos Cerdán.

El Partido Popular solicitó el año pasado la imputación formal de Zarrías por haber presuntamente «financiado» la trama desde su consultora, señalando una «coincidencia temporal» entre los pagos a Díez y los hechos investigados. También pidió que se recabase la vida laboral de la ex militante y se registrase la sede de Zaño para obtener contratos, correos y posibles comunicaciones con Santos Cerdán.

El comisionista Víctor de Aldama, en su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas el pasado mes de abril, aseguró haber entregado «1,8 millones de euros» para financiar al PSOE entre 2019 y 2020, y sugirió que bastaba con revisar las cuentas del partido para comprobar si existía un pico de donaciones en ese período.

El operativo de este miércoles llega, además, pocos días después de que se conociese el sumario del caso Plus Ultra, por el que el juez José Luis Calama ha citado como imputado al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La UCO sigue llamando a la puerta del socialismo español, y cada vez con más fuerza.