Vicente Fernández, protegido de Montero, cobró 220.000 € al año como presidente de la SEPI

Vicente Fernández Guerrero cobró 220.000 euros brutos anuales como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según se desprende de la información oficial sobre retribuciones del organismo público. El directivo, considerado protegido de la ministra María Jesús Montero desde su etapa común en la Junta de Andalucía, dimitió del cargo en octubre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, aunque mantuvo una insólita presencia en la institución.

Los datos oficiales revelan que Fernández Guerrero recabó 115.663 euros brutos en 2018, correspondientes al periodo desde su nombramiento el 22 de junio hasta final de año, incluyendo seis trienios. En 2019, su retribución ha alcanzado otros 172.514 euros brutos por su labor desempeñada entre el 1 de enero y el 4 de octubre, fecha de su cese.

La extrapolación de estas cifras permite calcular que el salario anual del cargo rondaba los 220.000 euros brutos. Una retribución que convertía la presidencia de la SEPI en uno de los puestos mejor remunerados de las empresas públicas españolas.

Caso Aznalcóllar

Fernández Guerrero fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018. Dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina.

La investigación judicial se centró en el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a la agrupación empresarial México-Minorbis, pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España.

El juzgado juzgó a Fernández Guerrero junto a otras ocho personas por un presunto delito de prevaricación administrativa. Entre los procesados figuran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel, y varios funcionarios de la Junta de Andalucía.

No obstante, Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto la semana pasada a los 16 acusados, entre ellos el propio Fernández, al considerar que «no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada». Tras ello, el PSOE ha acusado a la juez instructora Mercedes Alaya de «lawfare» o guerra sucia.

Tras su dimisión, Fernández Guerrero ha conservado prerrogativas propias del cargo, según indicaron fuentes cercanas al organismo a OKDIARIO. Ha mantenido el coche oficial, la secretaria y la cuenta de correo electrónico institucional durante meses.

El ex directivo siguió manteniendo reuniones con otros responsables e incluso ha visitado compañías participadas por el holding empresarial público. Una situación que varios medios han calificado como «presidente en la sombra», dado que carecía de poder formal, pero mantenía influencia fáctica.

Esta anomalía institucional ha provocado que la SEPI permaneciera prácticamente paralizada desde octubre de 2019. La presidencia formal recayó en funciones en el vicepresidente, Bartolomé Lora, descrito por fuentes internas como un funcionario experimentado pero sin capacidad real de decisión.

Vinculación con Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trajo a Fernández Guerrero de la Junta de Andalucía, donde ella era consejera de Hacienda con Susana Díaz y él ejercía como interventor general. Lo ha colocado como presidente de la SEPI «en agradecimiento a los servicios prestados», según las voces pulsadas.

Con la imputación no le quedó más remedio que dimitir. Montero no nombró otro presidente de la sociedad para «guardarle» el cargo a la espera de que lo desimputaran. No fue hasta 500 días después cuando no hubo más opción que reemplazarle.

Esta relación de patrocinio ha generado críticas de la oposición, que ha presentado preguntas parlamentarias y ha solicitado la comparecencia de la ministra. El Partido Popular y Vox han cuestionado la gestión de Montero sobre el organismo público.

Fondo de rescate paralizado

La SEPI estaba llamada a ser el principal instrumento del Gobierno para salvar empresas de la quiebra por el impacto de la crisis del covid. Creó un fondo de rescate dotado con 10.000 millones de euros para empresas estratégicas.

Sin embargo, ocho meses después de su constitución, como publicó en 2021 OKDIARIO, sólo había concedido préstamos a una empresa, Air Europa, a pesar de tener más de 15 solicitudes de ayudas públicas. Esta única operación se ha materializado por la presión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tal como se va a juzgar el Supremo.

Montero tardó 16 meses en nombrar sustituto para Fernández Guerrero. Finalmente, ha designado a Belén Gualda, hasta entonces presidenta de Navantia, como nueva presidenta de la SEPI en marzo de 2021.

Gualda es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Ha trabajado también con Montero en la Junta al frente de la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Se trata, por tanto, de otra protegida de la ministra en su etapa andaluza.

La ministra justificó la demora asegurando que buscaba «la persona que reúna todas las condiciones y requisitos». Defendió que el trabajo de la SEPI no ha sufrido «ningún tipo de merma» a pesar de la vacante, una afirmación contestada por la realidad de los rescates cuestionados.