Marlaska reparte sólo 176 chalecos antibalas entre los 2.600 policías alumnos en el dispositivo del Papa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, repartirá apenas 176 chalecos antibalas entre los más de 2.600 policías alumnos que participarán en el dispositivo de seguridad de la próxima visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, con hasta 21 actos. Una situación que se produce pese a que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista.

Más aún, a los policías alumnos que estarán destinados en las zonas de escáneres los obliga a comprarse un traje de su propio bolsillo para poder prestar el servicio, lo que supone a estos jóvenes un importante esfuerzo económico.

Sin embargo, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se saca pecho afirmando que «está todo a punto para la visita del Santo Padre», y se presume de «los dispositivos sin precedentes que se activarán para garantizar la seguridad y la movilidad».

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, el que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO para denunciar públicamente la «grave situación de precariedad y riesgo a la que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía van a someter a miles de policías alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila».

«La División de Formación de la Policía Nacional solicitó inicialmente 2.000 chalecos antibalas para dotar a los alumnos que participarán en este operativo extraordinario. Sin embargo, el Servicio de Armamento únicamente logró recopilar algo más de 1.000 chalecos procedentes de diferentes dependencias policiales», detalla a este diario Laura García, portavoz de Jupol.

Tras una primera revisión, varios de ellos fueron descartados «debido a su deficiente estado, enviándose finalmente alrededor de 900 chalecos a la Escuela Nacional de Policía».

«Sin embargo, la situación resulta todavía más alarmante tras la revisión efectuada por los propios servicios de armamento de la Escuela, donde únicamente 176 chalecos han sido considerados operativos y aptos para el servicio, desechándose el resto por el estado lamentable que presentaban», precisa.

Jupol considera «absolutamente intolerable» que se pretenda desplegar a policías alumnos en un evento de máxima exposición mediática y elevado nivel de seguridad «sin garantizar previamente unos medios de protección mínimos y adecuados».

Seguridad a costa de su sacrificio económico

También denuncia que a los policías alumnos destinados en las zonas de escáneres se les esté obligando a comprarse un traje para poder prestar el servicio, pese a que estos jóvenes «ya atraviesan una situación económica especialmente complicada».

Jupol se pronuncia así porque los alumnos de la Escuela Nacional de Policía perciben únicamente 788,42 euros mensuales. Una cantidad que se encuentra incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, a la cual, además, se les retraen una serie de gastos fijos por manutención y residencia, por lo que el líquido a percibir por parte de los alumnos es de 328,10 euros al mes.

El sindicato mayoritario de la Policía denuncia que, «una vez más, el Ministerio del Interior pretende sostener grandes dispositivos de seguridad a costa del sacrificio personal y económico y de la seguridad de los agentes y futuros policías nacionales, mientras continúa abandonando las necesidades reales de quienes garantizan la seguridad de los ciudadanos».

«Resulta inadmisible que se utilice a policías alumnos como mano de obra barata para cubrir eventos de enorme relevancia internacional sin proporcionarles ni las condiciones materiales ni la protección adecuada para desarrollar su labor con seguridad y dignidad», critica Laura García, subrayando que «la seguridad de los agentes no puede depender de material obsoleto, defectuoso o insuficiente».

«Y mucho menos de la capacidad económica de unos alumnos obligados a asumir gastos que debería cubrir la propia Administración», agrega.

Por todo ello, desde Jupol exigen que de manera inmediata se dote a todos los policías alumnos desplegados en este operativo de chalecos antibalas «en perfecto estado y del resto de material de protección necesario», así como que «se retiren las instrucciones que obligan a los alumnos a sufragar de su propio bolsillo elementos de uniformidad para prestar servicio».

Además, este sindicato reclama una revisión urgente de las condiciones económicas de los alumnos de la Policía Nacional, «cuya situación salarial actual resulta claramente insuficiente y alejada de la realidad económica actual».

Colapso en las cajas pagadoras

El Plan Especial de Seguridad por el viaje del pontífice a España supondrá el despliegue de 12.500 efectivos de la Policía Nacional y más de 2.200 de la Guardia Civil, además de aquellos que pongan a disposición de la visita los Mossos d’Esquadra y las policías locales.

El Gobierno destaca que se trata de «una visita histórica, ya que han pasado quince años desde que un Papa visitó nuestro país por última vez: fue Benedicto XVI, en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud».

La Unidad Central de Protección, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, se encargará de dar protección al Papa. Asumirá la organización y ejecución de la protección de altas personalidades nacionales y extranjeras y de aquellas personas que se determinen, así como la de los edificios e instalaciones que por su interés lo requieran.

El sindicato Jupol también advirtió el pasado viernes de que el colapso de las cajas pagadoras de la Policía Nacional «pone en riesgo el operativo de seguridad de la visita del Papa León XIV». Según denuncia, las unidades policiales llevan meses trabajando «al límite, sin liquidez ni capacidad para afrontar gastos básicos del servicio» y «en muchas comisarías no hay dinero ni para reparar un pinchazo de un vehículo policial».

Irresponsabilidad absoluta

«Esa es la situación real de la Policía Nacional en España», critica el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, destacando que pretender organizar un operativo de esta magnitud sin dotar previamente de liquidez suficiente a las unidades es «una irresponsabilidad absoluta». 

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Hacienda una inyección urgente de fondos. También ha solicitado formalmente a la Dirección General de la Policía que inicie de manera inmediata con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior los trámites oportunos para autorizar el abono de gratificaciones extraordinarias a todos los agentes y unidades del Cuerpo Nacional de Policía que participen en el dispositivo de seguridad y que, como consecuencia del mismo, generen excesos sobre su jornada laboral ordinaria.

Asimismo, recuerda que el sistema de cajas pagadoras continúa regulado por una normativa cuya última actualización relevante se remonta al año 2005, en un contexto económico completamente distinto al actual, por lo que exige por enésima vez la actualización de las dietas. 

«La ausencia de liquidez está provocando retrasos constantes en pagos operativos, dificultades para asumir gastos extraordinarios y una dependencia cada vez mayor de soluciones improvisadas que deterioran gravemente la imagen y la eficacia de la Policía Nacional», denuncia el líder de Jupol, recalcando que «no se puede exigir a los policías que afronten servicios extraordinarios de esta envergadura mientras las cajas pagadoras están prácticamente vacías».

«La falta de liquidez se traduce en patrullas sin capacidad de reparación inmediata, en unidades trabajando bajo mínimos y en una Administración que lleva demasiado tiempo abandonando a la Policía Nacional», precisan desde Jupol, exigiendo a Interior y Hacienda una actuación inmediata para evitar que el colapso económico de las cajas pagadoras termine afectando al normal desarrollo de uno de los mayores operativos de seguridad previstos este año en nuestro país. 

«España no puede permitirse ofrecer una imagen de improvisación y precariedad en un evento de relevancia mundial», concluye.