El PSOE ocultó a sus auditores y al Tribunal de Cuentas la lista de donantes de sus microcréditos

El PSOE dejó fuera del control de sus auditores y del Tribunal de Cuentas el incremento de las donaciones registrado entre 2019 y 2020, precisamente el periodo en el que el empresario Víctor de Aldama ha declarado ante el Tribunal Supremo haber entregado al partido «más de 1,8 millones de euros en donaciones», lo que sería financiación ilegal.

Las cuentas oficiales del PSOE reflejan que esas aportaciones pasaron de 275.616 euros en 2019 a 837.506 euros en 2020, un aumento del 200% en plena pandemia de Covid 19 y con el país confinado. Unos meses donde se frenó toda la actividad económica.

En paralelo, el sistema de microcréditos del partido acumuló en esos mismos años varios millones más en captación de fondos, también al margen de una supervisión independiente efectiva.

La coincidencia entre los datos contables y el testimonio de Aldama ha reabierto con fuerza las sospechas sobre la financiación ilegal del PSOE. El propio empresario, al declarar como acusado en el caso Koldo, señaló el camino: «Si miran las cuentas del partido y hay un pico de donaciones importante en esos meses, se podrá ver de dónde viene el dinero».

En 2024, último ejercicio fiscalizado, las donaciones han caído hasta los 133.500 euros, un desplome que contrasta de forma estridente con los picos registrados durante los años investigados de la pandemia.

El vehículo más llamativo de esa captación de fondos fue el denominado Plan Luz Verde, una campaña lanzada en mayo de 2020, en plena emergencia sanitaria, bajo el paraguas de la «transformación ecológica y digital» del partido. La iniciativa fue impulsada por Mariano Moreno, entonces gerente federal del PSOE y testigo en el caso Koldo, y logró recaudar 2.998.500 euros.

El plan ofrecía a militantes y simpatizantes la posibilidad de contribuir con entre 500 y 10.000 euros mediante donaciones directas o microcréditos con un interés anual del 3%, muy superior al que ofrecía entonces la banca.

Entre sus supuestos objetivos figuraba reducir la «huella de carbono» en las sedes socialistas hasta en un 90%, crear un carnet digital del militante o desarrollar —en una formulación que hoy resuena con particular sarcasmo— «algoritmos contra la corrupción».

El partido no escatimaba en autoelogios. En sus propias comunicaciones internas aseguraba: «Estos microcréditos han llevado al PSOE a ser una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos».

Lo que no mencionaba es que ese sistema se encontraba, y aún se encuentra, en un limbo legal que el Tribunal de Cuentas ha advertido en repetidas ocasiones que es urgente resolver.

El organismo fiscalizador ha instado al Gobierno a regular los microcréditos en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, fijando una cuantía máxima por prestamista, el tipo de interés aplicable y «la prohibición de conceder microcréditos por parte de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica».

Donaciones sin control

El aspecto más escabroso es la ausencia de verificación desde una auditoría externa. Según los propios informes de auditoría, quedó expresamente fuera de esa supervisión la relación de «subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno», responsabilidad que recaía sobre el propio director gerente federal del partido, es decir, sobre el mismo Mariano Moreno que impulsó el Plan Luz Verde.

Aldama describió con detalle cómo Koldo García le planteó la operativa: «Las empresas tienen que pagar en efectivo». Aldama afirmó haber entendido entonces la naturaleza ilícita del esquema y decide no repetir esa operación tras los casi 2 millones desviados.

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Koldo en una pieza separada, secreta a petición del PSOE, los pagos del PSOE en efectivo. Se espera un informe de la UCO en próximas fechas para analizar los descuadres. Se prevé llamar a los donantes para ver si efectivamente donaron al partido y si recibieron el dinero de vuelta o no.

Esa será la auditoría que no hicieron los encargados por Pedro Sánchez tras el demoledor informe de la Guardia Civil que implicó a Santos Cerdán en el cobro de comisiones. Se anunció en junio de 2024.

Sin embargo, la independencia del proceso fue cuestionada desde el primer momento: uno de los dos auditores, Félix Alberto Vega Borrego, había sido candidato de Podemos al Consejo General del Poder Judicial; el otro, César Martínez Sánchez, fue jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El informe concluyó que el sistema era «coherente, cerrado y verificable» y no apreció rastro de financiación ilegal.

El partido que diseñó algoritmos para combatir la corrupción afronta ahora una investigación judicial que cuestiona si los millones recaudados bajo esa promesa tenían un origen lícito. El algoritmo, por el momento, no ha dado respuesta. La Justicia sí deberá hacerlo.