El PSOE dejó fuera del control de los auditores el aumento de las donaciones que señaló Aldama en el Supremo

El Partido Socialista no sometió las donaciones al control de los auditores que, cada año, vigilan las cuentas del partido. El empresario Víctor de Aldama reveló en el Tribunal Supremo que entre 2019 y 2020 entregó «más de 1,8 millones de euros» al PSOE «en donaciones». «Si miran las cuentas del partido y hay un pico de donaciones importante en esos meses se podrá ver de dónde viene el dinero», explicó sobre sus relaciones con Koldo García y José Luis Ábalos.

En efecto, si se observa la contabilidad anual del PSOE, las donaciones registraron un llamativo incremento, aún en plena pandemia y con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, un aumento de 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía.

10 millones en «microcréditos»

Igualmente, en ese mismo periodo, el PSOE logró una notable financiación a través de los llamados «microcréditos», un sistema de captación de fondos para las campañas electorales y de la índole más diversa.

Con este mecanismo, se lograron 10 millones en esos mismos años. Entre ellos, llama especialmente la atención la campaña Plan Luz Verde, destinada a la «transformación ecológica y digital» del PSOE, por la que se recaudaron 2.998.500 euros. El partido ofrecía un interés del 3%, muy superior al de los bancos. Entre los objetivos del plan estaba, por ejemplo, reducir la «huella de carbono» en las sedes socialistas, hasta en un 90%.

«Si hay que sentirse orgullosos de nuestra política financiera en general, hay que sentirse orgullosos de la política de diversificación de fuentes financieras en particular. Esta última política se ha plasmado en los llamados microcréditos. Estos microcréditos han llevado al PSOE a ser una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos. Estos microcréditos permiten al PSOE obtener una gran independencia financiera de los métodos tradicionales de financiación basados en la financiación bancaria», se jactaba el partido.

Este éxito en la financiación coincide temporalmente con el momento en que se sitúa la investigación al ex ministro Ábalos y su asesor por los contratos en pandemia.

Financiación ilegal

Las declaraciones de Víctor de Aldama en el Supremo han aflorado de nuevo las sospechas de financiación ilegal en el PSOE.

En su testimonio como acusado, aseguró que Koldo le dijo que le iban a presentar «empresas constructoras». «Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudarles», manifestó Aldama que le dijo el asesor de José Luis Ábalos.

«No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», añadió.

Aldama, según su versión, preguntó quién lo facturaría, y Koldo le respondió que no se podía. «Tienes tú que hablar con ellos, y vas a ser el nexo, porque las empresas tienen que pagar en efectivo». «Entonces ya entiendo que no es una donación al uso, y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal, de alguna manera no me siento del todo cómodo pero tampoco incómodo», afirmó el empresario.

Lo cierto es que el repunte en las donaciones no fue controlado por la auditoría externa que, en esos años, se encargó de la supervisión de las cuentas del PSOE. Según se detalla en los sucesivos informes, quedó fuera de esa supervisión la relación de «subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad del director gerente federal del partido y no forma parte integrante de las cuentas anuales». Es decir, aspectos nucleares de la contabilidad del partido.

En junio del año pasado, tras el demoledor informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán -entonces secretario de Organización del PSOE- en el cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública, Pedro Sánchez anunció una auditoría sobre las cuentas del partido.

Aunque se presumía independencia, se dio la circunstancia de que sus dos autores estaban relacionados con el Gobierno. Uno de ellos, Félix Alberto Vega Borrego, fue candidato de Podemos al Consejo General del Poder Judicial. El otro, César Martínez Sánchez, fue jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. También ejerció de asesor para el equipo de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. El informe no apreció rastro de financiación ilegal y concluyó que el sistema era «coherente, cerrado y verificable» y que «todas las entradas de efectivo» tenían «un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas». Sólo destacó algunos gastos «llamativos» de la secretaría de Organización de José Luis Ábalos.

Tras aquel informe de la UCO, el Partido Popular ya lanzó sus sospechas de financiación ilegal y aseveró que el PSOE tenía «un problema»: «Poder acreditar» que toda su financiación era «legal» y «acreditada ante el Tribunal de Cuentas».

Cabe recordar que el organismo fiscalizador ha vertido serias advertencias sobre este sistema de financiación, que se encuentra en un limbo legal.

En su último informe de fiscalización, el organismo recuerda al Gobierno que es «preciso regular» este sistema en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, «estableciendo, al menos, las siguientes condiciones esenciales: una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto, en cada caso, para las donaciones o aportaciones privadas; el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución; así como que los mismos sean ingresados en las cuentas bancarias que se establezcan al efecto. Asimismo, debería regularse la prohibición de conceder microcréditos por parte de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica. Igualmente, habría de preverse que la renuncia a la devolución de los microcréditos por parte del prestamista ha de hacerse constar por escrito y que será considerada como una donación a todos los efectos».