Corujo se escuda en que no está imputada mientras el ‘caso Sosa’ amenaza con hundir al PSOE en Lanzarote

La ex presidenta del Cabildo de Lanzarote y diputada nacional del PSOE, María Dolores Corujo, ha reaccionado tras conocerse que la Fiscalía ha decidido investigar sus posibles responsabilidades penales en el caso Sosa. «Es intolerable que se mienta sobre mi situación procesal. No estoy ni investigada ni imputada», asegura la socialista, quien anuncia que acudirá voluntariamente cuando la cite el fiscal, «acompañada de letrado para garantizar mi derecho a la defensa frente a acusaciones falsas, carentes de cualquier fundamento».

Corujo va más allá y atribuye la denuncia a una maniobra política de cara a las elecciones de mayo de 2027. «Pretenden utilizar a la Fiscalía como arma política en su campaña electoral», sostiene, sin mencionar expresamente a Coalición Canaria. La líder socialista concluye confiando en que la investigación «acreditará plenamente la legalidad» de sus actuaciones.

Corujo entró el pasado miércoles en la sede judicial como testigo y salió de ella con una situación jurídica radicalmente distinta. Así lo explicó el denunciante, el abogado y director insular de Presidencia del Cabildo, David Monte: «Esta mañana Dolores Corujo tenía la condición de testigo y por eso compareció sin abogado. Sin embargo, tras su declaración y la nueva documentación aportada, el fiscal entendió que lo procedente era volver a citarla, esta vez en presencia de su abogado y en calidad de investigada».

En el origen del caso está la maniobra que el PSOE de Lanzarote ejecutó el 30 de diciembre de 2019 para blindar la Presidencia del Cabildo: incorporar al tránsfuga Juan Manuel Sosa, entonces portavoz de Coalición Canaria, al Gobierno de Corujo, haciendo prácticamente imposible una moción de censura. A Sosa se le habría prometido mantener su sueldo como médico del Servicio Canario de Salud, sensiblemente superior al de consejero, pese a haber dejado la portavocía de CC, condición legal indispensable para acogerse a ese régimen retributivo.

Al mismo tiempo, según la denuncia, habría seguido cobrando dietas por asistencia a plenos y comisiones, incompatibles con su condición de consejero en régimen de dedicación exclusiva. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya declaró nula la resolución que amparó esa situación y condenó a Sosa a devolver más de 297.000 euros cobrados de forma indebida.

La denuncia de Monte se centra precisamente en un decreto que la propia Corujo firmó en noviembre de 2021, por el que reconocía con efectos retroactivos la dedicación exclusiva de Sosa al frente de la Consejería de Sanidad, en contra del reparo expreso de la Intervención del Cabildo y sin respaldo de acuerdo plenario alguno. «Era un decreto que, al menos aparentemente, pretendía blindar la situación económica de Juan Manuel Sosa», señaló Monte, quien añadió que «se le dieron efectos económicos retroactivos que no procedían y se hizo en contra de un reparo de Intervención».

La Fiscalía, una vez escuche a Corujo y a Sosa decidirá si remite el caso al juzgado para que se abran diligencias judiciales. «Si el fiscal entiende que de la prueba reunida y de la investigación realizada existen indicios suficientes de criminalidad, presentará la correspondiente denuncia ante el juzgado», precisó Monte. Los delitos que se analizan son malversación de caudales públicos y prevaricación.

La noticia ha impactado de lleno en el PSOE de Canarias, aunque algunos dirigentes socialistas tratan de restarle importancia en privado y confían en que el caso quede en nada. Corujo, por su parte, ya dejó entrever su estrategia antes de entrar a los juzgados: «Espero aclarar todas las dudas que puede haber sobre el decreto que se firmó», dijo aparentemente tranquila, asegurando que desconocía los pormenores de la denuncia.