La hermana de Gertrudis a su llegada a la Audiencia acusada de prevaricación: «Estoy tranquila»

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, ha asegurado este miércoles ante la Audiencia Provincial de Madrid que está «absolutamente tranquila» en relación a su imputación y la de su hermana Gertrudis Alcázar, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero.

La regidora del municipio madrileño ha acudido al tribunal para declarar como acusada, junto a otros tres responsables municipales, de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y medioambiental. La Fiscalía pide imponer a los acusados la pena de prisión de 3 años, además de multa e inhabilitación de hasta 12 años, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Los hechos se remontan a 2019 y afectan a la entonces y actual alcaldesa, que ha sido arropada en múltiples ocasiones por Zapatero públicamente, al técnico de urbanismo F. R. F.; y a dos concejales, uno responsable de Medio Ambiente y otro de Urbanismo.

El Ministerio Fiscal señala que los acusados «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos», pese a las reiteradas denuncias relacionadas con el funcionamiento del establecimiento hostelero El Casón de la Quinta de San Antonio, situado en la calle María Zambrano número 9 de la localidad.

La Fiscalía detalla que el local disponía de licencia para actividad de restaurante, concedida en 2006, pero carecía de autorización para desarrollar eventos en las zonas exteriores, donde presuntamente se celebraban bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música de alta potencia, uso de pirotecnia y concentración de personas hasta altas horas de la madrugada.

Para el Ministerio Público, el establecimiento habría incumplido de forma reiterada los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica, prolongándose algunos eventos hasta las cinco o seis de la mañana. Entre 2019 y 2025 constan numerosas denuncias vecinales y varias intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, según la acusación pública, únicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores municipales, todos ellos paralizados y sin resolución definitiva.