El PSOE no entierra los ERE: procesado un ex consejero de Chaves por otra ayuda ilegal de 1,2 millones

Nuevo varapalo judicial para el PSOE. El ex consejero Francisco Vallejo, uno de los hombres fuertes de Manuel Chaves, y otra decena de ex altos cargos del Partido Socialista quedan a un paso del banquillo por un aval irregular de 1,26 millones que la Junta de Andalucía concedió a la Cooperativa Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex). Vallejo ya fue condenado a siete años de prisión por el caso ERE. Cumplió un año y medio entre rejas y quedó en libertad por orden del Tribunal Constitucional.

El juez de Instrucción n.º 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dado por cerrada la investigación sobre la ayuda de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la cooperativa Cofrutex y deja a 17 personas en la antesala del juicio. La resolución transforma las diligencias en procedimiento abreviado y aprecia indicios de delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Además de Vallejo, entre los investigados figuran su ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde, dos directivos de la propia agencia (Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio) y varios vocales del consejo rector que aprobó la operación. El proceso alcanza también a tres responsables de Cofrutex. Para otros investigados el juez acuerda el sobreseimiento provisional.

El caso Cofrutex es una de las piezas del llamado caso Avales, investigación que afecta a una veintena de empresas en crisis que habrían recibido ayudas de salvamento y reestructuración fuera de los cauces legales a través de IDEA, organismo adscrito entonces a la Consejería de Innovación. La instrucción ha acreditado, según el juzgado, un esquema donde decisiones administrativas sin soporte técnico suficiente, ausencia de controles y falta de acciones de recobro derivaron en un perjuicio millonario para las arcas andaluzas.

El auto, adelantado por ABC, analiza el aval de 1.180.000 euros otorgado a Cofrutex en 2009 como garantía de un préstamo bancario. El crédito fue ejecutado por impago y la agencia IDEA asumió con fondos públicos el 80% de la deuda. Además, la agencia abonó comisiones y gastos asociados por 86.241,65 euros. El saldo final del quebranto para la Hacienda andaluza asciende a 1.266.241,65 euros.

El juez Vilaplana sostiene que la ayuda se aprobó «de manera absolutamente injustificada y arbitraria», sin soporte técnico que la avalara ni evaluación jurídica o financiera suficiente. La decisión se tomó en el consejo rector de IDEA de 24 de noviembre de 2008 y se concretó en marzo de 2009 mediante resolución del entonces director general, Jacinto Cañete. Para el juzgado, no existieron «motivos de legalidad» que permitieran conceder ese aval.

El auto subraya que Cofrutex ya había recibido el 1 de octubre de 2008 una subvención sociolaboral de 440.000 euros con cargo a la conocida partida presupuestaria 31L de la Consejería de Empleo, la que nutría los ERE. La suma de ambas operaciones evidencia, según el instructor, «una ilícita y progresiva inyección de fondos públicos» a favor de la cooperativa, pese a su elevada deuda, la escasa solvencia de las contragarantías ofrecidas y la situación de crisis que atravesaba.

Una vez ejecutado el aval, IDEA no activó mecanismos para recuperar el dinero. «Durante toda la vida del aval» los responsables de la agencia ni verificaron la situación real de la empresa ni iniciaron reclamaciones para el reintegro, concluye la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico. Cofrutex, dedicada a la explotación, manipulación, envasado y transformación de cítricos y frutales, fue liquidada en 2016 tras su concurso de acreedores y el perjuicio quedó consolidado.

Además de los hechos, el auto dedica amplio espacio al encuadre jurídico. Invoca la obligación de los Estados de perseguir con eficacia el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y cita la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Con ese marco, descarta que la causa deba cerrarse por plazos de instrucción y recuerda que la tutela judicial efectiva y la protección del erario exigen evitar soluciones que generen impunidad en delitos de corrupción y malversación.

El juez también reprocha deficiencias estructurales en el diseño y control de la línea de avales gestionada por IDEA. Señala que la agencia actuó como entidad del sector público sujeta a principios de legalidad, eficiencia y buen gobierno, pero aprobó la operación sin informes de viabilidad suficientes, sin comprobar la adecuación de las garantías ofrecidas y sin activar después medidas efectivas de seguimiento o reclamación. Los peritos de la Intervención General del Estado avalan estas conclusiones en sus informes incorporados a la causa.

La decisión no abre todavía juicio oral, pero da el penúltimo paso. A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones tienen un plazo común de 20 días para solicitar la apertura de juicio o, en su caso, pedir el sobreseimiento. De forma excepcional, también podrán proponer diligencias complementarias «indispensables» para formular escrito de acusación. La resolución no es firme: cabe recurso de reforma en tres días y, subsidiariamente, de apelación en cinco. Si las acusaciones formalizan escrito, Vallejo y el resto de investigados se sentarán en el banquillo por prevaricación y malversación.