Irene Lozano, la amanuense de Sánchez, deja Casa Árabe al borde de la quiebra y llena de irregularidades

La dimisión de Irene Lozano como directora de Casa Árabe en 2025 coincide con un devastador informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la propia viabilidad de la institución. El organismo fiscalizador ha detectado pérdidas millonarias, graves irregularidades en la gestión y ha llegado a recomendar que se evalúe «la propia existencia del consorcio». La redactora del Manual de resistencia de Pedro Sánchez deja esta entidad pública al borde del colapso financiero.

El informe, aprobado por el Tribunal de Cuentas y que fiscaliza los ejercicios 2023 y 2024, revela que Casa Árabe ha acumulado pérdidas anuales cercanas al millón de euros durante más de una década. Las cuentas muestran un resultado negativo de 1.079.601 euros en 2023 y 961.462 euros en 2022.

La situación es tan crítica que el remanente de tesorería, que a junio de 2025 ascendía a 2.398.818 euros, «no durará mucho más de dos años» según las propias estimaciones del informe consultado por OKDIARIO. El Tribunal advierte de que este plazo podría acortarse drásticamente si resulta necesario afrontar las reparaciones urgentes del edificio de Madrid, la sede principal.

Déficit estructural crónico

Los fiscalizadores constatan que Casa Árabe presenta «un déficit estructural crónico» desde 2012. Los ingresos de 2023 procedían en un 73% de las transferencias de las administraciones asociadas (el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional –la AECID–, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba), que se mantiene, mientras los gastos se disparan.

Las transferencias recibidas ascendieron a 1.535.000 euros en 2023. El Ministerio de Asuntos Exteriores, bien directamente o a través de la AECID, aporta 1.265.000 euros, el 82% del total. El resto lo completan las otras cuatro instituciones citadas.

El Tribunal señala que los presupuestos aprobados por el Consejo Rector han contenido «reiteradamente déficit elevados, que son cubiertos mediante la incorporación del remanente de tesorería disponible». Esta práctica de financiación ha llevado a que el patrimonio neto de la institución haya descendido desde 20.987.623 euros en 2012 hasta 11.050.444 euros en 2023, una caída del 47%.

Edificio en estado crítico

Además de la debacle financiera, el informe alerta sobre el estado del inmueble de Madrid. En el Consejo Rector de diciembre de 2024 se expuso «la situación de riesgo vital por desprendimiento de cornisas del tejado y riesgo de cierre por colapso», lo que obligaba a realizar «con la máxima urgencia» las obras necesarias.

La Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura elaboró en junio de 2025 un informe técnico que concluye que «el edificio presenta graves patologías». Las instalaciones de climatización están «totalmente obsoletas» e incumplen «de manera flagrante los estándares exigidos sobre eficiencia energética».

Irregularidades en gestión

El Tribunal ha detectado numerosas deficiencias en la gestión de Casa Árabe. El consorcio carecía de un sistema de control interno definido, de plantilla orgánica y de manuales de procedimientos básicos. Los expedientes de contratación presentaban irregularidades en el 74% de los contratos menores analizados.

Especialmente controvertido resulta el proceso de estabilización del profesorado de árabe, que ha supuesto un incremento del gasto de 188.627 euros, un 79% más. El Tribunal cuestiona la legalidad de este proceso, señalando que se convocaron plazas «que no existían» sin cumplir los requisitos.

El informe critica que los profesores que impartían clases de árabe mantuvieron durante años una relación contractual administrativa irregular, sin «ninguna reclamación judicial» tras una inspección de trabajo en 2017.

Desviación de objetivos

El Tribunal cuestiona que Casa Árabe cumpla su función como instrumento de diplomacia pública. «Todas las actividades realizadas han sido ejecutadas en nuestro país», señalan, sin que se pueda «acreditar la incidencia que en esas sociedades árabes ha tenido la realización de las actividades».

La enseñanza de lengua árabe genera un déficit anual cercano a los 600.000 euros, «carece de soporte expreso en los Estatutos» y no resulta propia de las competencias de Exteriores. Los ingresos por matrículas sólo cubren 32% de los costes anuales.

El organismo fiscalizador conmina al Ministerio de Asuntos Exteriores a «realizar un estudio de viabilidad riguroso en el que se planteen todas las actividades realizadas y la oportunidad de las mismas, e incluso la propia existencia del consorcio a la vista de su verdadera repercusión en la función de participación en la diplomacia pública que motivó su creación».

Respuesta de Casa Árabe

El actual director de Casa Árabe reconoce muchas de las deficiencias. La institución manifiesta que está «trabajando en la documentación» para solventar las debilidades y elaborando «un plan estratégico».

Respecto a la enseñanza de árabe, defiende que forma parte de «la promoción de la cultura árabe en todos sus ámbitos» conforme a sus estatutos: «No se puede dar a conocer la literatura, la poesía, la caligrafía, la música, la arquitectura árabe sin conocer la lengua».

Defienden que los profesores manifestaron «en numerosas ocasiones su disconformidad con su situación y la posibilidad de emprender acciones legales». La institución afirma que el incremento de costes se compensará con el aumento de alumnos y que los ingresos han aumentado ya un 20,5% en el curso actual.

Casa Árabe se compromete a elaborar un catálogo de puestos de trabajo, manuales de procedimientos y a mejorar sus herramientas informáticas. Respecto a la financiación externa, se someterá al Consejo Rector «la posibilidad de avanzar en esta vía de financiación» internacional, aunque reconoce el riesgo de que pudiera afectar «al mandato y objetivos de una Institución que debe cumplir los fines de la política exterior española con plena independencia». Podrían persistir en las sospechosas, para el Tribunal de Cuentas, complicidades con la Embajada de Marruecos, a la que priman frente a las de multitud de otros países árabes.

La conclusión del Tribunal resulta incuestionable: Casa Árabe se encuentra en una encrucijada existencial. Con un remanente que agoniza, un edificio que se desmorona y una misión que parece haberse extraviado en el camino, la institución se enfrenta a la pregunta más básica: ¿tiene sentido seguir existiendo? Mientras tanto, el reloj avanza y el dinero público se esfuma en una institución que, tras casi dos décadas de existencia, sigue sin demostrar su utilidad como herramienta de diplomacia pública española según el Tribunal de Cuentas.