Adif cambió «a mano» la puntuación de una constructora afín al PSOE para adjudicarle 65 millones

El Administrador público de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) modificó las puntuaciones técnicas de varios licitadores mediante instrucciones irregulares por escrito, «sin alusión alguna a un criterio técnico», para que la empresa OPR que se reunió con miembros de la trama del PSOE pasara del segundo al primer puesto y se adjudicara un contrato superior a 65 millones de euros financiado con fondos europeos. Los amaños se produjeron en la etapa de la socialista Raquel Sánchez como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2022.

Así lo recoge el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización aprobado este 18 de diciembre de 2025 y que ha consultado OKDIARIO. Analizan la gestión de 5.974 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ejecutados por Adif y Adif-Alta Velocidad.

El caso forma parte de dos denuncias internas presentadas en los canales éticos de Adif e Ineco -ambos organismos dependientes del Ministerio de Transportes— entre julio y septiembre de 2022 cuando la ministra era  Raquel Sánchez. Ambas denuncias alertaban sobre «falsificación de puntuaciones en licitaciones de contratos de obras para favorecer a una empresa». Se trata de Obras Públicas y Regadíos (OPR), la constructora señalada por la Guardia Civil como parte de la trama de corrupción de Santos Cerdán.

Entre las adjudicaciones que la Guardia Civil señala que habría conseguido OPR por su relación con la trama se encuentra la de obras en una autovía asturiana por 7,3 millones de euros. «Parece que hemos hecho bingo en Asturias», escribió a Koldo la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, hoy alto cargo de la empresa pública SEITT.

La documentación aportada por Ineco a Adif demuestra que se impartieron «instrucciones por escrito» para cambiar las valoraciones de los técnicos. Estas órdenes se referían «exclusivamente a un cambio de puntuaciones sin alusión alguna a un criterio técnico».

Modificaciones sin justificación

El expediente analizado fue adjudicado por Adif en 2022 por un importe superior a 20 millones de euros. La empresa que finalmente resultó adjudicataria había obtenido inicialmente 45,77 puntos en la valoración técnica, lo que la situaba en segundo lugar. Tras las modificaciones, su puntuación subió a 47,77 puntos —exactamente dos puntos más— y pasó a ocupar el primer puesto en la clasificación final.

El licitador que inicialmente ganaba mantuvo su puntuación técnica en 48,70 puntos. Sin embargo, al subir las notas del resto de competidores, bajó del primer al tercer puesto en la clasificación global. La estrategia consistió en «estrechar las puntuaciones otorgadas a los distintos licitadores sin alterar el ranking de posiciones en la valoración técnica», salvo el del que iba primero, que cayó por efecto dominó.

El Tribunal de Cuentas ha constatado que los comentarios técnicos iniciales contradecían las subidas de nota. En el subapartado «Concepción global de la obra», los técnicos de Ineco habían anotado que «la descripción podría ser más completa» y le dieron cuatro puntos sobre cinco. Sin embargo, en la valoración final la puntuación subió al máximo de cinco puntos, calificándola como «completa, detallada y coherente».

Intervención de Ineco

Los técnicos que realizaron la valoración inicial pertenecían a Ineco, empresa pública que actuaba como medio propio de Adif. El informe revela que estos técnicos participaron en la valoración de ofertas sin que tal función estuviera incluida en el encargo formalizado por Adif, que sólo regulaba «la asistencia técnica y la dirección facultativa de la ejecución de las obras».

Además, el informe de valoración técnica fue suscrito finalmente por el responsable de Adif, «no figurando los técnicos de Ineco en ningún documento del expediente de contratación ni siendo mencionados en las actas de la mesa de contratación».

Como consecuencia de la investigación interna, la Comisión de Cumplimiento Normativo de Ineco acordó el 12 de julio de 2022 dirigir una instrucción para que todo su personal «se abstuviera, con carácter inmediato, de participar en cualquier actuación enmarcada en un procedimiento de licitación de Adif que implicara la participación activa en la valoración de ofertas de terceros».

77 millones en contratos

La empresa OPR, presuntamente favorecida, acumula adjudicaciones por 77,6 millones en siete contratos formalizados entre junio de 2018 y julio de 2021. De estos, dos contratos por valor de 71,5 millones se encuentran vinculados al Plan de Recuperación.

El Tribunal de Cuentas subraya que las actuaciones llevadas a cabo por Adif tras las denuncias «carecen del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados». El organismo fiscalizador critica «la laxitud con la que se afirma la regularidad y la legalidad de los procedimientos de adjudicación afectados».

Adif, por su parte, denuncia que el Tribunal exige «actuaciones de imposible cumplimiento» como si fuera policía judicial. La entidad ferroviaria rechaza que se le exijan competencias de investigación que no tiene.

Pliegos sin ponderación

El informe detecta irregularidades sistémicas en el modelo de pliegos utilizado por Adif. En los contratos analizados se atribuye entre el 40% y el 49% de la puntuación total a criterios que dependen de un juicio de valor. Dentro de estos, el criterio «Memoria y programa de trabajo» acapara entre el 50% y el 57% de los puntos, sin que los pliegos especifiquen la ponderación de los distintos aspectos a valorar.

Esta ausencia de concreción contraviene varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, que exigen que los criterios de valoración consten en los pliegos «con una ponderación relativa» y «una amplitud adecuada».

El Tribunal ha analizado catorce expedientes adicionales seleccionados aleatoriamente y ha concluido que «responden al mismo modelo» defectuoso. Esta práctica «dificulta el establecimiento de límites a la discrecionalidad que la ley concede al órgano de contratación» y «hace imposible descartar que se hayan producido los hechos que han sido objeto de las dos denuncias analizadas».

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción el 26 de junio de 2025, según consta en el informe. El Tribunal de Cuentas concluye que el modelo de pliegos y la falta de motivación en los informes de valoración suponen una infracción de los principios de transparencia e igualdad de trato, convirtiendo lo que debería ser un proceso técnico en un ejercicio de discrecionalidad que roza la arbitrariedad, precisamente lo que las normas europeas pretendían evitar con los 750.000 millones del fondo de recuperación.