Koldo pide al juez que altos cargos de Transportes declaren asistidos de abogado por si acaban imputados

La defensa de Koldo García, ejercida por la penalista Leticia de la Hoz, pide al juez que instruye el caso Koldo que altos cargos del Ministerio de Transportes declaren asistidos de abogado por si acaban imputados tras su comparecencia. Se tratan de María Belén Villar Sánchez, quien ostentó el cargo de Directora General de Organización e Inspección del ministerio y Belén Roel de Lara, subdirectora general de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía de Transportes. 

Según el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, Koldo pide al juez que tome declaración a estas dos responsables ministeriales que fueron las encargadas de elaborar el informe de auditoría que presentó Transportes sobre la adquisición de mascarillas por tramitación de emergencia durante la pandemia.

La defensa de Koldo considera que, en este informe, se ocultan datos esenciales, se tergiversan declaraciones y se construye una narrativa documental carente de veracidad y rigor técnico, constituyendo, en consecuencia, una presunta falsedad documental de carácter público.

«Dicha auditoría fue encargada y ejecutada al margen de las garantías procedimentales esenciales: sin respaldo normativo vigente en ese momento, sin posibilidad de audiencia ni contradicción por parte de mi mandante, y con una evidente orientación incriminatoria», expone la abogada de Koldo.

Y prosigue: «Lejos de limitarse a la función de control interno que corresponde a una inspección administrativa, el informe fue difundido inmediatamente a través de la página web del Ministerio y de los medios de comunicación, generando una presión mediática sin precedentes».

El juez de la Audiencia Nacional incorporó la auditoria de Transportes al sumario y lo utilizó como base para pedir la imputación de Koldo García y José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo.

Auditoria «sesgada»

La defensa de Koldo también considera que la auditoria fue hecha de manera deliberadamente sesgada y con vulneración de las mínimas garantías de objetividad e imparcialidad. Explica que se atribuyeron a los entrevistados afirmaciones que no realizaron y se omitieron datos exculpatorios.

«Tales distorsiones afectan tanto a la selección sesgada de los datos expuestos, como a la omisión deliberada de pruebas de descargo, a la manipulación de testimonios recabados durante el proceso de auditoría, y a la interpretación infundada de decisiones políticas y administrativas sobre las que el órgano auditor no tenía competencia sustantiva alguna para pronunciarse», expone la defensa de Koldo. 

Koldo también remarca en su escrito que el ministro Óscar Puente ordenó redactar la auditoria en febrero de 2024, apenas seis días después de su detención.

Asegura que en dicho informe podría incurrirse en alteraciones sustanciales de la verdad, con carácter doloso y propósito intencionado, por parte de las funcionarias a las que pide citar como testigos.

El expediente completo

La defensa de Koldo también pide al instructor que reclame al Ministerio de Transportes el «expediente completo de elaboración del informe de auditoría fechado el 19 de agosto de 2024, incluyendo la totalidad de las actas y de los borradores del referido informe».

Asimismo, pide al magistrado del Tribunal Supremo que requiera al ministerio «los documentos oficiales internos elaborados entre los días 18 y 20 de marzo de 2020, relativos a la previsión de necesidades de mascarillas».

Más testigos

Koldo también pide que se cite como testigos a Javier Sánchez Fuente Fría, ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes; a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif investigada en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo; y a Michaux Miranda, quien fuera director general de gestión de personas de Adif.

Según precisa la defensa de Koldo, su intención es que los testigos vuelvan a ser llamados para que puedan «confirmar» lo que ya dijeron en sus respectivas declaraciones sobre el informe de Transportes. 

En el caso de Sánchez Frías declaró ante la Comisión de Investigación del Senado; y en el de Pardo de Vera y Miranda, ante la Audiencia Nacional. La abogada de Koldo pide que se aporten las grabaciones de su testifical en la Comisión del Senado. 

Isabel Pardo de Vera fue imputada por el juez por un los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. Además, el instructor ordenó el registro de sus dos domicilios en los cuales los investigadores encontraron un documento sobre el suministro de cinco millones de mascarillas.