El Gobierno pondrá «puntos violetas» en los ministerios tras ocultar el acoso sexual de Salazar en Moncloa

El Gobierno fomentará los autodenominados «puntos violetas» en la Administración General del Estado como mecanismo para «fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres». Se trata de puntos físicos -identificados con cartelería morada- de «información y sensibilización» contra las violencias sexuales, que se instalan en establecimientos o eventos, entre otros. El Ministerio de Igualdad los defiende como «un instrumento para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres». A ellos pueden acudir las mujeres que se consideren víctimas de este tipo de comportamientos.

La medida está recogida en el nuevo Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, que fue aprobado tras conocerse las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, uno de los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez en La Moncloa y Ferraz.

El plan promueve la instalación de estos puntos «para promover la información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista, especialmente, desde establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos, con el objetivo de implicar a toda la sociedad y acercar los recursos de atención y ayuda a las víctimas a través de su entorno». Se prevé extenderlos, asimismo, por ayuntamientos, delegaciones del Gobierno, oficinas de la Seguridad Social y otras entidades públicas.

El Ministerio de Igualdad se encargará de la formación de los empleados públicos que serán «puntos violeta» en la Administración General del Estado.

Igualmente, se promoverán acciones de «sensibilización» para el personal de la Administración del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Este protocolo «deberá estar publicado en la Intranet de cada departamento ministerial para garantizar su accesibilidad y conocimiento por todo el personal». Cada ministerio tendrá que realizar «al menos una sesión divulgativa al año, en horario laboral, fomentando la asistencia». Estas acciones se completarán con «dípticos informativos, envíos de mailing, contenidos audiovisuales, redes sociales y la inclusión de una referencia al protocolo en el manual de acogida».

Formación contra el acoso sexual

El plan pone además el foco en la «sensibilización» de los puestos «con personal a cargo». Así, se pretende «garantizar que los responsables de equipos y áreas con personal a su cargo tengan conocimiento del Protocolo de actuación contra el Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo, para que puedan actuar de manera efectiva, informada y sensible ante cualquier situación relacionada con el acoso en el ámbito laboral». Igualmente, se llevarán a cabo acciones formativas.

Entre los principales objetivos del plan está, precisamente, la prevención de la «violencia contra las mujeres»: «Consta de medidas de gran potencia para erradicar esta lacra en lo que pueda afectar a nuestras empleadas públicas y a aquellas víctimas con las que puedan entrar en contacto. En este sentido, se refuerza la consolidación y aplicación efectiva del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, como herramienta esencial para garantizar entornos laborales seguros y respetuosos». 

Escándalos en el PSOE

El Gobierno busca salir al paso de los múltiples casos de acoso que han creado una profunda crisis interna en el PSOE por la tardanza en contactar con las víctimas y que ya le ha costado el puesto a varios cargos socialistas.

El escándalo que desencadenó esta crisis fue el de Francisco Salazar, asesor del presidente Pedro Sánchez en el Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, que iba a ser ascendido en julio a la secretaría de Organización. Sin embargo, ese mismo día tuvo que dejar sus cargos tras la publicación del testimonio de varias mujeres que describían comportamientos inadecuados hacia sus subordinadas en Moncloa.

Poco después, el canal interno del PSOE recibió dos denuncias anónimas contra el dirigente socialista, pero el partido no se puso en contacto con las denunciantes hasta pasados cuatro meses. Esta tardanza provocó numerosas críticas internas de dirigentes socialistas.

Las denunciantes arrojan un retrato del comportamiento de Salazar: «No se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)».

El caso de Salazar no ha sido el único, ya que en las últimas semanas se han ido conociendo también las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha dimitido de sus cargos, y Javier Izquierdo, integrante de la Ejecutiva Federal.

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, también ha abandonado sus cargos en el partido por dos denuncias en su contra -si bien conserva la alcaldía- y un edil de Benalcázar (Córdoba) ha dimitido tras la publicación de mensajes de contenido sexual a una trabajadora municipal.

Este martes se ha conocido un nuevo caso en las filas socialistas. Una militante del PSOE, a través de un canal interno habilitado por la formación, ha denunciado a Xosé Carlos Valcárcel Doval, alcalde de Barbadás, (Orense) por un presunto caso de acoso laboral.