Adif pagó por adelantado 6 de los 12 millones al proveedor del ‘caso Koldo’ sin exigirle aval

Una de las primeras adjudicaciones con los que la trama del caso Koldo estrenó la lucrativa red contratos públicos se firmó con Adif el 27 de marzo de 2020. Su importe alcanzaba los 12,5 millones de euros y con él, la firma señalada por la UCO, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., se comprometía a traer a España desde China 5 millones de mascarillas para el gestor ferroviario. Una operación para la que la empresa, sin prácticamente actividad ni ingresos desde su puesta en marcha, no tenía músculo financiero. Por ello, exigió el pago por adelantado de la mitad del contrato, más de 6 millones de euros, para poder acometer la compra de material en China y su flete a España. La empresa pública lo aceptó, incluso sin exigir un aval para la operación que cubriese el dinero entregado en caso de que la empresa no cumpliese, y facilitó así uno de los primeros pelotazos de la trama.

Pese a no estar dada de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (Rolece), que certifica a las sociedades como solventes de cara a contratar con el Estado, y a no dedicarse al suministro de material sanitario ni ser ese su objeto social, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. se le dieron todas las facilidades posibles para contratar primero con Puertos del Estado por 20 millones y, unos días más tarde, con Adif por 12,5 millones.

En este último caso, según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO que fue entregada en su día al Tribunal de Cuentas, Adif reconoció haber pagado por adelantado a la firma del contrato un total de 6.2 millones de euros a la sociedad ahora investigada por la UCO por pagar comisiones a cargos del Ministerio de Transportes. Entre ellos, al ayudante del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, también consejero de Renfe y consejero rector de Puertos del Estado en aquellos días.

De la aproximadamente docena de contratistas con los que firmó Adif durante la pandemia para el suministro de material o servicios relacionados con la pandemia, sólo uno (que figura en los archivos del Tribunal de Cuentas como Expediente nº1) exigió cobrar por adelantado: la empresa hoy señalada por las comisiones. Y el anticipo no fue menor: un 50% del montante total de 12,5 millones. Importe suficiente, tal y como entienden fuentes del sector de las exportaciones, como para llevar a cabo esa operación de forma íntegra, comprando las mascarillas en China y trayéndolas en avión hasta España. Es decir, la sociedad señalada por las comisiones no tuvo siquiera que adelantar fondos propios -inexistentes, por otro lado-.

No se le exigió aval

Con esas facilidades sobre la mesa, y como único contratista que se había ofrecido a realizar el suministro según la versión de Adif, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. ejecutó el contrato de mascarillas en los tiempos y cantidades acordados. El contrato oficial no se firmaría hasta un mes más tarde, en abril, a pesar de que ya se había abonado de forma completa.  Y en ese contrato, además, tampoco figuraba aval alguno, requisito prácticamente indispensable cuando la administración contrata a una firma inédita en la base de datos pública, de la que no conocen su capacidad o su solvencia para ejecutar un contrato de esas características.

En caso de haber solicitado ese aval para cubrir las espaldas de la administración en caso de incumplimiento -o que se tratase de una estafa o fuga de los empresarios con el dinero-, la empresa no habría podido asumirlo. 

«Riesgo al erario público»

La no aportación de un aval para una operación de este calado con una empresa de este perfil supuso un reproche por parte del Tribunal de Cuentas a Adif, entendiendo que su ausencia «representaría un riesgo para el erario público que, al menos, debería encontrarse justificado en el expediente, de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Ley 7/2020».

Esa anotación figuraba en el borrador del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de contratos del Covid realizada por empresas públicas. Sin embargo, Adif presentó una alegación. En un escrito, Adif señaló que «finalmente el anticipo señalado no se garantizó mediante un aval, sino mediante una instrucción irrevocable a la entidad bancaria» para bloquear el dinero en caso de que el contrato no fuese satisfecho. Un instrumento que aporta menores garantías que un aval. Adif, aseguró que con este mecanismo «evitó el riesgo para el erario público». La anotación fue eliminada del informe final.

Sin acreditar solvencia

Además de con Adif, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas había contratado unos días antes con Puertos del Estado, que le dio facilidades, aunque no confirmó si también adelantos del 50% en los 20 millones de la adjudicación.

En su negociación con Puertos del Estado, la firma no pudo acreditar su solvencia, tal y como señaló posteriormente el Tribunal de Cuentas, pero la empresa pública dio por buenos los dos certificados presentados por la sociedad señalada por las comisiones: uno, su documento de constitución -que demostraba que la empresa existía-, y el otro, un certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.

Sin apenas empleados, y habiendo facturado cero euros en 2019, la empresa pasó a dar ingresar 53 millones en 2020. Al año siguiente, ya sin apoyo de los contratos públicos ahora investigados, su facturación se desplomó un 96% con sólo 276.553 euros.