La Audiencia de Sevilla desafía a Pumpido y lleva la «impunidad» de los ERE al Tribunal Europeo

La Audiencia de Sevilla ha decidido elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el borrado del caso ERE dictado por el Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido y su compatibilidad con el Derecho de la Unión. Al mismo tiempo, ha suspendido cautelarmente la ejecución de esos fallos, que ordenaban dictar nuevas sentencias para una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por corrupción, entre ellos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En el auto, fechado el 14 de julio y notificado este martes a las partes, contra el que no cabe interponer recurso alguno, la Audiencia de Sevilla considera «imprescindible» recurrir al TJUE para «evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares» y para «salvaguardar los intereses financieros de la UE».

Los magistrados no descartan que «las sentencias del TC, sin haber llevado a cabo ponderación alguna de los intereses de la UE en juego, resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual del Derecho de la Unión en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia».

El TC, recordemos, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, anuló parcialmente las penas por delitos continuados de prevaricación y/o malversación a Chaves y Griñán, además de a otros ex altos cargos de la Junta, por el reparto arbitrario de 680 millones de euros en subvenciones públicas para financiar expedientes de regulación de empleo. Tres de esos siete magistrados están ligados al PSOE, como publicó OKDIARIO.

El Constitucional estimó los recursos de amparo presentados por varios dirigentes socialistas condenados al considerar que se había vulnerado su derecho a la legalidad penal. El TC de Pumpido concluyó que tanto la Audiencia como el Supremo realizaron una interpretación «extravagante e imprevisible» de los delitos aplicados, al estimar que la participación de los acusados en la elaboración y aprobación de presupuestos autonómicos no podía calificarse como una resolución en un asunto administrativo, y ordenó a la Audiencia emitir nuevas sentencias conforme a su criterio.

Ahora, la Audiencia de Sevilla cree que esta doctrina del TC podría vulnerar varias normas comunitarias, entre ellas el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que obliga a los Estados miembros a proteger eficazmente los intereses financieros de la Unión y a sancionar la malversación de fondos públicos con medidas «eficaces, proporcionadas y disuasorias».

En ese sentido, los magistrados citan la Directiva (UE) 2017/1371, que exige a los Estados penalizar la malversación cometida por funcionarios, especialmente cuando gestionan fondos con origen o destino comunitario. Aunque en el caso de los ERE no se investigaron fondos europeos concretos, el tribunal recuerda que el uso indebido de recursos públicos nacionales puede igualmente afectar a los intereses financieros de la UE, ya sea directa o indirectamente.

Además, el auto advierte de que la interpretación del TC sobre las leyes de presupuestos autonómicas entre 2002 y 2009 podría «dejar al margen de todo control» aspectos esenciales de la gestión financiera pública, debilitando así la confianza de los ciudadanos en la integridad del sistema y contraviniendo los principios del Estado de Derecho que exige la normativa comunitaria.

La Fiscalía y las defensas de los ex altos cargos de la Junta implicados consideran que el principio de legalidad penal debe respetarse y que los tribunales ordinarios están obligados a cumplir las sentencias del TC, pero la Audiencia sostiene que, en caso de conflicto, debe prevalecer la primacía del Derecho de la Unión.

Ahora será el TJUE quien determine si las sentencias del Constitucional respetan los compromisos europeos en materia de lucha contra la corrupción y protección de los fondos públicos. Hasta que se resuelva esta cuestión, la ejecución de las sentencias dictadas por el Constitucional queda suspendida.