La Audiencia rechaza la personación de la Junta en el ‘caso ERE’ porque el PSOE pidió su archivo en 2016

La Audiencia de Sevilla ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno en la pieza política de la macrocausa de los ERE. El tribunal alega que el Gobierno autonómico pidió su archivo en 2016, cuando gobernaba el PSOE. La solicitud de la Junta, ahora denegada, se produce mientras la Audiencia decide si eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el borrado de los ERE que dictó el Tribunal Constitucional.

La Sección Primera de la Audiencia argumenta que «no ha lugar a lo solicitado» por la Junta de Andalucía «al no ser parte en la causa» y haber reclamado, antes de la celebración del juicio, el archivo de las actuaciones y la «expresa reserva de acciones civiles».

Aunque en la breve resolución de la Audiencia -contra la que según fuentes judiciales cabría recurso- no se especifica expresamente, la petición de archivo anterior se produjo en 2016, con la socialista Susana Díaz al frente del Ejecutivo andaluz. La Junta ha señalado este lunes que aquello «fue una artimaña que sólo beneficia a los autores del delito».

El rechazo de la Audiencia a la personación de la Junta se produce después de que este tribunal diera traslado a las partes -Fiscalía, PP, Manos Limpias y defensas- para que presentaran alegaciones tras la solicitud de la administración autonómica. Una de esa partes, la Fiscalía Anticorrupción, consideró que la Junta había perdido en este caso la condición de «parte», dado que ya lo abandonó cuando pidió su archivo años atrás, pero no su legítima condición de perjudicada, por la que debe ser «oída».

Cabe recalcar que el Gobierno de Juanma Moreno sí está personado en gran parte de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, muchas de ellas todavía a la cola y pendientes de juicio. El presidente de la Junta anunció en mayo que su administración quería personarse en el caso ERE porque es su «obligación» recuperar los 680 millones de euros «que se desviaron» de las arcas públicas.

«Creemos que la sentencia del Tribunal Constitucional puede provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero de fraude a los ERE», señaló hace unas semanas el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Como «perjudicada y víctima» en este caso, la Junta tiene que «ser oída» por el TJUE ante la necesidad de «proteger y defender» el interés de los andaluces, recalcó.

La decisión del Gobierno autonómico de solicitar su personación en la pieza política de los ERE coincide con el final del plazo que se dio la propia Audiencia de Sevilla para deliberar si lleva a la justicia europea el amparo del Constitucional a los principales procesados, entre ellos los ex presidentes socialistas de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El TC de Cándido Conde-Pumpido ordenó anular la pena a Griñán (seis años de cárcel) y rebajar el castigo (inhabilitación) a Chaves.

En su escrito inicial, la Audiencia de Sevilla consideraba que el TC se «extralimitó» en sus funciones e «invadió» ámbitos reservados a los jueces en su revisión de las condenas a una decena de socialistas inculpados. El Constitucional declaró la nulidad parcial de las sentencias condenatorias corroboradas por el Tribunal Supremo y ordenó al tribunal sevillano que dictara un nuevo pronunciamiento «respetuoso con el derecho fundamental que se entiende vulnerado». Tres de los siete magistrados del TC implicados en esta decisión están ligados al PSOE, como publicó OKDIARIO.