Condenados dos ex altos cargos socialistas por los ERE un día después de decir Montero que son «inventos»

Muy poco le ha durado a María Jesús Montero la mentira con la que este miércoles se presentaba en Sevilla como candidata a liderar al PSOE de Andalucía (PSOE-A). Apenas 24 horas después de decir que los socialistas son «víctimas de las noticias falsas» por el caso ERE, la Audiencia de Sevilla ha impuesto condenas de tres años y medio y tres años de cárcel a dos ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a Surcolor.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y medio de cárcel al ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas y a tres años de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica.

En la sentencia, fechada el día 7 de enero y notificada este mismo jueves a las partes personadas en este procedimiento, el tribunal condena al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y con un delito de malversación de caudales públicos, con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, y le impone tres años de prisión, el pago de una multa de 452 euros y 24 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

De igual modo, los magistrados condenan al ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas a tres años y seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación con la atenuante de dilaciones indebidas.

El tribunal impone además condenas de entre un año y tres años y dos meses de cárcel a otros nueve acusados en esta pieza separada por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, en todos los casos con la atenuante de dilaciones indebidas, acusados entre los que se encuentran dos representantes de la empresa Surcolor, un representante del sindicato CCOO, un intruso, dos ex trabajadores de la mediadora Vitalia, un testaferro o un abogado.

«Gravedad» de los hechos

Para fijar las penas de prisión, la Audiencia tiene en cuenta «la gravedad de los hechos, dadas las circunstancias que confluyen en los mismos y la desvirtuación absoluta del sistema de concesión de ayudas que supone reemplazar al beneficiario, incluir a quien nada tiene que ver y sobrevalorar el coste para propósitos que no son objeto de este juicio, pero de los que no se vislumbra relación alguna con un fin público», así como «el daño causado con el hecho, que excede del específico de las concretas acciones delictivas, pues implican un deterioro profundo de la confianza pública en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de Derecho», y que las cantidades defraudadas «son, individualmente consideradas, importantes y exceden lo que en algunos tipos del Código se considera notoria o relevante importancia».

En concepto de responsabilidad civil, los condenados tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con distintas cantidades que alcanzan los 984.921,23 euros, que se corresponde con la cantidad efectivamente malversada, mientras que la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO (Fiteqa-CCOO) tendrá que indemnizar a la Administración autonómica en calidad de responsable civil subsidiaria de las cantidades declaradas respecto del representante sindical condenado.