La Junta de Andalucía lucha por recuperar los 680 millones del «mayor caso de corrupción de la historia»

El Gobierno andaluz ha ordenado este lunes su personación en el procedimiento judicial de los ERE fraudulentos para recuperar los 680 millones de euros malversados. La decisión, según el Ejecutivo de Juanma Moreno, responde al compromiso de pelear «hasta el máximo» por los fondos desviados en el que consideran el mayor escándalo de corrupción política de España: el caso ERE que ha llevado al banquillo a cientos de socialistas.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha reivindicado esta medida como un acto de justicia con los andaluces y de responsabilidad institucional. Ha criticado que el anterior Gobierno socialista se retirase del caso, renunciando a actuar como acusación pese a que la Junta -y por ende los andaluces- fue la principal perjudicada por el desvío masivo de dinero público que, según recuerda, debía haberse destinado a políticas de empleo.

La personación se produce en el marco del procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que se estudia la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objetivo es que Europa se pronuncie sobre si el Tribunal Constitucional se excedió en sus funciones al estimar parcialmente los recursos de amparo de ex altos cargos socialistas condenados.

Desde la Junta de Andalucía de Juanma Moreno se considera que las sentencias del Constitucional pueden abrir la puerta a una impunidad parcial que obstaculice la recuperación del dinero defraudado. Por ello, abogan porque sea la justicia europea quien dirima si se han vulnerado principios del derecho comunitario en la revisión de las condenas.

Antonio Sanz ha recalcado que «la Junta debía estar en esta causa» y que esta decisión es una muestra de que «se cumple con Andalucía» al no renunciar a los fondos públicos malversados. El consejero ha insistido en que recuperar ese dinero es una prioridad del Ejecutivo y una obligación moral hacia los ciudadanos, puesto que estaba destinado a combatir el desempleo y no a ser utilizado con fines ajenos al interés general.