La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa una residencia ilegal para discapacitados en Elche

La muerte de un joven con parálisis cerebral ha destapado una residencia ilegal para discapacitados en Elche que funcionaba bajo condiciones graves de insalubridad. Los residentes sobrevivían entre excrementos, animales y suciedad, en un chalet regentado por un matrimonio que incumplía todas las normativas y cobraba entre 30 y 45 euros diarios a las familias de las víctimas.

La actuación policial se inició tras recibirse aviso sobre el fallecimiento de un joven de 34 años que sufría parálisis cerebral, en circunstancias que están siendo investigadas por la Policía Nacional. Al llegar, a la residencia ilegal los agentes se encontraron con varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas, algunas de ellas en un estado de especial vulnerabilidad.

Durante la inspección, los agentes constataron que el inmueble no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes. Las estancias presentaban deficiencias higiénico-sanitarias evidentes, restos orgánicos y olores de orina y excrementos, camas y colchones en estado precario, suciedad generalizada y ausencia de ventilación adecuada.

Comida podrida y excrementos

En las zonas comunes de la residencia de los horrores, como cocina, comedor y baños, se localizaron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un grave riesgo de contaminación cruzada.

Igualmente, durante el registro de las habitaciones de la residencia ilegal se detectó la presencia de un elevado número de animales, perros y gatos, sin documentación ni control sanitario alguno.

Una residencia totalmente clandestina

Los responsables de la vivienda, un matrimonio de 58 y 48 años, manifestaron a la Policía que no tenían ningún tipo de licencia municipal o autorización administrativa para el ejercicio de la actividad. Tampoco contaban con seguros de responsabilidad civil ni con la habilitación profesional necesaria.

El matrimonio confesó a los agentes que cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, fuera de cualquier régimen legal, de Seguridad Social o de control sanitario.

Nueve años de funcionamiento ilegal

Las Policía sospecha que el matrimonio llevaba realizando esta actividad desde el año 2016 en diferentes domicilios, y en la actualidad continuaba de manera clandestina en la vivienda inspeccionada. El chalet  está alquilado y su propietario ha manifestado desconocer la utilidad a la que se estaba destinando.

Finalmente, y ante las graves irregularidades detectadas, la Policía precintó la residencia ilegal y clausuró de inmediato la actividad, realojando a las personas internadas con sus familiares, que fueron avisados de inmediato y manifestaron desconocer las condiciones de la vivienda.

Los hechos han sido denunciados ante la inspección de trabajo, a la Consejería de Sanidad por ser el organismo competente para la autorización de estas residencias, y al Ayuntamiento de Elche por carecer de licencia de actividad, alertando a los servicios sociales para la valoración inmediata sobre la necesidad de asistencia a las personas ingresadas y a sus familias.