La Junta de Andalucía pide al juez llevar el ‘Caso ERE’ al tribunal europeo ante el riesgo de impunidad

La Junta de Andalucía ha solicitado este lunes personarse en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso ERE para respaldar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de evitar que las sentencias del Tribunal Constitucional impidan la recuperación del dinero defraudado. Así lo han confirmado a OKDIARIO Andalucía fuentes del Ejecutivo andaluz dirigido por Juanma Moreno.

La administración autonómica presentará un escrito en el trámite de alegaciones en el que defenderá la oportunidad de plantear esta cuestión ante el Alto Tribunal europeo. El objetivo es garantizar la reparación del perjuicio económico causado por el fraude cifrado en 679.412.179,09 euros, según la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

La Junta considera que la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en sus diez sentencias de 2024 puede abrir un «escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial», lo que bloquearía la devolución del dinero público. Por ello, sostiene que tiene un «interés legítimo» para intervenir en este proceso, vinculado a la acción civil que se reservó tras retirarse de la acusación en 2016.

Ese interés, subraya el Ejecutivo andaluz, también se ha reflejado en la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas. Añade que resulta «necesario» que se le permita intervenir y ser oída en este procedimiento para defender sus derechos patrimoniales.

La Junta apela al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga a los poderes públicos a ejercer acciones para recuperar los fondos públicos defraudados. Además, recuerda el derecho de las partes a ser escuchadas conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

En sus alegaciones, la Junta de Andalucía sostiene que el Tribunal Constitucional se ha «extralimitado» en sus funciones, invadiendo competencias de jueces y tribunales. Considera que sus sentencias perjudican gravemente el objetivo de resarcimiento económico y se oponen a la normativa y jurisprudencia comunitarias. A ello suma una advertencia sobre el posible incumplimiento de exigencias internacionales en la lucha contra la corrupción política.