La desesperada carta de una afectada por las devoluciones del ingreso mínimo: «Te empujan a la exclusión»

Se cumplen seis años de la implantación en España del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del llamado escudo social del Gobierno, sin que haya una solución para miles de familias que han recibido esa ayuda y, en ocasiones por errores de la propia administración, se les ha reclamado la devolución de la ayuda más los intereses de demora, generándoles una deuda que no pueden pagar y que pasa de padres a hijos.

Pero, además, a las familias a las que se les quita el ingreso mínimo y se les reclama la devolución, quedan con una deuda que no pueden pagar y sin ingresos, en situación de vulnerabilidad económica. Es una situación que el Defensor del Pueblo ha denunciado al Gobierno sin que ni Seguridad Social ni Trabajo hayan cambiado nada.

Los afectados se cuentan por miles. Se han agrupado en una asociación y han denunciado a España en Europa con la ayuda de ATD Cuarto Mundo. Bruselas ha aceptado la denuncia y está investigando. Su sentencia será de obligado cumplimiento para el Gobierno español. El Ejecutivo reconoció que la polémica de los llamados cobros indebidos del ingreso mínimo afecta en valor a unos 500 millones de euros y a casi medio millón de afectados.

Uno de ellos es Cristina, que prefiere mantener el anonimato. Su situación es como la de muchos otros: recibió el ingreso mínimo sin pedirlo, y por un error de la administración, se lo quitaron y le reclaman 15.000 euros. Cristina ha explicado su situación a los partidos políticos y le ha enviado una desesperada carta a Vox.

«El Gobierno de Pedro Sánchez habla de políticas sociales, de protección y de ampliar derechos. Se felicita públicamente por las nuevas medidas, sobre todo esta última regularización masiva, y por el alcance de su sistema de ayudas, pero hay otra realidad que no se cuenta: mientras se anuncian avances y se celebran cifras, se estima que hay cerca de 450.000 familias atrapadas en errores administrativos llamados cobros indebidos por la concesión de la prestación del ingreso mínimo. Llevamos sin solución desde la pandemia, año 2020, cuando se implementó esta medida de forma burda y precipitada por conveniencia política de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y principal promotor de la medida, y cuyas consecuencias se nos quiere hacer pagar a nosotros, los más vulnerables del sistema», señala.

Continúa: «Mi caso es muy parecido al del resto: en 2020, el propio Estado me concedió el Ingreso Mínimo Vital. Un año después, reconoció que había sido un error… pero decidió que la deuda debía asumirla yo. Hoy, esa deuda -que no es firme y está pendiente de sentencia- sigue activa y creciendo. Las deudas por errores en el IMV oscilan entre los 2.000 y los 30.000 euros, siendo la mía actualmente de 15.000 euros».

«La consecuencia no es solo económica. Es un bloqueo total: no puedo acceder a ayudas públicas y no puedo mejorar mi situación laboral sin riesgo de embargo. Mi hija pierde oportunidades educativas -la Xunta le ha denegado una beca de estudios hace pocos días y seguirá denegándole cualquier beca porque la Xunta de Galicia no examina los expedientes, sólo aplica una normativa de manera taxativa y no atiende a razones ni contempla situaciones personales diversas- por una deuda que está en litigio, no es firme y no me corresponde», advierte.

«Vivo bajo presión constante por reclamaciones y recargos. Mientras tanto, tenemos que soportar que el mismo sistema que genera impunemente estas situaciones de desamparo se presente como un éxito en los telediarios y como el adalid de la solidaridad con los más vulnerables y necesitados; la inmigración ilegal», denuncia.

Esta madre atrapada en el ingreso mínimo se pregunta: «¿Cómo puede un sistema considerarse social si no corrige sus propios errores? ¿Cómo puede hablarse de protección cuando se está empujando a familias vulnerables a la exclusión administrativa y económica? ¿Qué ocurre con quienes llevamos años esperando una solución que no llega?»

«No se trata de estar en contra de ninguna medida social. Se trata de exigir coherencia. No se puede ampliar derechos por un lado y vender regularizaciones masivas bajo el disfraz de solidaridad ejemplar mientras se ignoran injusticias evidentes por otro lado y se esconden los agravios de la administración contra los perceptores de esta prestación. Porque una política social no se mide solo por lo que promete, sino por cómo trata a quienes ya dependen de ella».

No se trata de un caso aislado. Este diario publicó hace unos días que el Gobierno estaba embargando la casa a una discapacitada en situación de vulnerabilidad económica por una reclamación de 23.000 euros.