El Gobierno oculta a Europa que ha reclamado el ingreso mínimo a 445.000 familias sin recursos

El Gobierno ha contestado a la denuncia interpuesta ante el Consejo Europeo de Derechos Sociales por los afectados por las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo vital con vaguedades y sin desgranar la cifra de familias a las que ha reclamado y está reclamando en estos momentos la devolución con intereses de la prestación.

Informes de la AIReF y del Tribunal de Cuentas elevan la cifra de afectados por estas reclamaciones a más de 445.000 familias desde 2022, que quedan sin el ingreso mínimo y con una deuda que no pueden pagar, y que heredan sus hijos.

Los cobros indebidos se generan cuando la Seguridad Social coteja con Hacienda los ingresos de los beneficiarios del ingreso mínimo. Si superan el límite máximo marcado en la ley, proceden a la reclamación. El problema es que en muchos casos se produce por errores de la Administración central en el cálculo del patrimonio de los hogares.

Miles de afectados por estas reclamaciones de los cobros indebidos del ingreso mínimo —a los que se amenaza con altos intereses si no devuelven el dinero— denunciaron en junio de 2024 al Gobierno español ante Europa, a través de la organización ATD Cuarto Mundo, porque estas reclamaciones dejan a las familias sin ayuda y sin recursos para devolver la deuda.

El Consejo Europeo aceptó la denuncia y abrió una investigación en mayo de 2025, pidiendo al Gobierno que respondiera a la denuncia de los afectados. La respuesta del Ejecutivo se produjo en octubre, pero acaba de hacerse pública. En ella, el Gobierno español defiende su sistema de revisar en Hacienda los ingresos de las familias dos veces al año, y de reclamar, en caso de superar el límite anual de ingresos familiares, la devolución con intereses del ingreso mínimo a esas familias, aunque queden sin recursos y en situación de vulnerabilidad. El Gobierno se escuda en que le obliga la ley a hacer esas reclamaciones.

«Se trata, por lo demás, de una iniciativa única en el mundo, que ha despertado un gran interés en la Comisión Europea, donde es valorado como un caso de éxito y un modelo de futuro para el uso de fondos europeos», señala el Gobierno.

La organización ATD Cuarto Mundo explica en su escrito de respuesta a los argumentos del Gobierno que hay numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, posteriormente, del Tribunal Supremo español, en la que se exime a las familias de devolver esos cobros indebidos en caso de errores de la propia administración o en caso de que los hogares queden en situación de vulnerabilidad. Muchos juzgados en España han aplicado ya esta doctrina, dando un varapalo al Gobierno.

Además, ATD Cuarto Mundo critica que el Ejecutivo no haya aportado la cifra exacta de expedientes de reclamaciones abiertos, pese a que sólo el Gobierno tiene el dato exacto. Y subraya que, según informes de la AIReF y del Tribunal de Cuentas, entre 2022 y 2024 más de 445.000 familias han recibido las amenazantes cartas de la Seguridad Social reclamando la devolución de la prestación.

En la imagen se puede ver el informe del Tribunal de Cuentas: en 2024, el resultado del cruce de datos generó 200.788 expedientes de reintegro de la prestación, el 32% del total. Sólo en 2024.

El resultado de esos expedientes es miles de familias atrapadas en una prestación que no solicitaron, o que solicitaron y se la reclaman porque la Seguridad Social no ha tenido en cuenta algunos aspectos para calcular el patrimonio. Hogares que se encuentran atrapados porque la Seguridad Social desestima de oficio los recursos y obliga a las familias a pleitear durante cuatro años, mientras en ese tiempo figuran como morosos y no pueden acceder a otras ayudas o a un préstamo.