¿Qué hacemos con los menas?

Ayer supimos que una nueva menor había denunciado haber sido víctima de otra violación por parte de un grupo de jóvenes ocupas magrebíes en Manresa, Barcelona. A principios de julio, unos 200 vecinos de El Masnou, también en la provincia de Barcelona, protestaron frente al centro donde están internados los Menores Extranjeros No Acompañados, más conocidos como ‘menas’, hartos de la inseguridad que emana de dicho centro. Las violentas protestas se produjeron ante una concatenación de agresiones sexuales supuestamente protagonizadas por estos menores y se saldaron con un detenido y cuatro heridos. A finales de junio, la policía local de Canet de Mar, de nuevo en Barcelona, detuvo a dos menores extranjeros acusados de violar a una joven en la localidad y grabarlo. En Rubí, también en Barcelona, igualmente hubo protestas a mediados de mayo al conocerse la intención de la Generalidad de Cataluña de abrir en la localidad un centro de acogida de menores inmigrantes.

El pasado mes de marzo el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en unos 13.700 los menores no acompañados que habían llegado a España desde que existen estadísticas. A finales de 2017 su ministerio calculaba que eran 6.414 y un año antes 3.997. Se han triplicado en poco más de dos años. Y eso si nos creemos los datos aportados por el ministro ya que las competencias para la atención, apoyo e integración de estos menores son autonómicas y los menores se mueven libremente de unas comunidades a otras. Así, por ejemplo, la Generalidad declara tener monitorizados a unos 4.200 ‘menas’, mientras que la cifra oficial del Ministerio del Interior no llega a los 2.000. Según los datos oficiales, el 70% están concentrados en Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla, más del 75% son de origen marroquí y Rabat se resiste sistemáticamente a su repatriación, pese al acuerdo alcanzado en 2007.

En España un inmigrante menor de 18 años es prácticamente inexpulsable, nuestro sistema les ofrece acogida especializada, apoyo psicológico y educativo y tutela hasta su mayoría de edad. A partir de que cumplen 18 años las ayudas que reciben varían en cada Comunidad Autónoma. Cataluña ha rebajado recientemente los requisitos para que puedan acogerse a una renta de 664 euros mensuales desde los 18 hasta los 23 años, aquellos inmigrantes que hayan estado un mínimo de 12 meses tutelados por la Generalitat y acrediten cursar estudios postobligatorios, estar en un proceso de inserción laboral, o por motivos de “máxima vulnerabilidad a partir de informes sociales”. En otras comunidades, como la valenciana, el País Vasco o Navarra, las Rentas Mínimas de Inserción de diferentes cuantías, también están disponibles para inmigrantes irregulares. Pensemos que 3 de cada 4 marroquíes que trabajan en el sector privado cobran un salario de menos de 360 euros mensuales.

El Estado tiene la obligación legal y moral de proteger a todo menor en situación de desamparo. Devolverlos con sus familias sólo es posible si estas son localizadas -la inmensa mayoría se niegan a facilitar sus datos a las autoridades españolas-, se comprueba que con ellos están garantizados sus derechos, y colabora su país de origen; lo cual no se da prácticamente nunca. Debemos alimentarlos, darles techo, proporcionarles educación y no pueden ser retenidos a la fuerza a no ser que cometan delitos graves. Y cuando cumplen la mayoría de edad, si no han logrado regularizar su situación, tan sólo les concedemos permiso de trabajo si alguien les ofrece un contrato de 40 horas semanales de al menos un año de duración, lo que no consiguen los nacidos en España con formación superior. Así que cuando se acercan a esa edad casi el 75% de ellos abandonan los centros de acogida cayendo en manos de las mafias de las drogas y la prostitución. El panorama es éste, negro como la noche más oscura. La únicas políticas efectivas serían las que les disuadieran de venir a España y se está haciendo justo lo contrario, así que habrá que apretarse el cinturón para abrir muchos más centros de acogida y prepararse para las agresiones, la delincuencia y las protestas ciudadanas, porque todo ello seguirá creciendo exponencialmente en los próximos años.