Apuntes incorrectos

Celaá y su fábrica de esclavos

Celaá y su fábrica de esclavos
  • Miguel Ángel Belloso

José Luis Domínguez es un profesor jubilado de Física y Química que ha tenido el coraje de denunciar a la ministra de Educación, Isabel Celaá, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por su pretensión de que los alumnos pasen de curso y obtengan la titulación sin límite de suspensos. En una entrevista reciente con el diario ‘El Mundo’, el señor Domínguez declara que “el conocimiento requiere esfuerzo, que éste es indispensable para aprobar y pasar de curso, y que ser más competente es un aliciente que hay que inculcar a los alumnos”. De no hacerlo, asegura, “es muy difícil que los que están en estratos sociales más desfavorecidos puedan ascender respecto a sus progenitores”. Y apostilla: “regalar las notas genera jóvenes dóciles, acríticos y cada vez más manipulables por las futuras élites”.

¿Pero qué otro fin persiguen los socialistas con su enésima ley de educación a cargo de la señora Celaá? Ya desde los últimos tiempos de Franco, la educación ha sido siempre un dominio exclusivo de la izquierda. Tan perspicaz en otros aspectos, el dictador pensó equivocadamente que era mejor ceder a esta pretensión, por desconocimiento, por desidia, por senilidad, vaya usted a saber por qué. Pero este es un hecho: todas las leyes de educación españolas han sido dictadas por los socialistas con los resultados que todos conocemos: unos informes internacionales en los que damos la nota porque nuestros jóvenes están a la cola en compresión lectora, en el dominio de las matemáticas y en el conocimiento de la historia.

El suspenso de nuestros alumnos es sistemático y clamoroso, y es así porque, en lugar de seguir una estrategia presidida por cuidar al profesorado y perseguir la excelencia de los alumnos, los socialistas de antes y de ahora han primado la persecución del igualitarismo extremo, es decir, aumentar lo más posible el pasto del ganado lanar. A pesar de las advertencias recurrentes del informe Pisa, que nos compara con el resto de los países de la Unión Europea, y en los que salimos pésimamente calificados, los gobiernos socialistas siguen empeñados una y otra vez en socavar la instrucción, que es la pieza angular de todo sistema educativo, y en asegurar la igualación a la baja con el propósito finalmente criminal de que nadie quede atrás.

Todos los intentos de la derecha por cambiar a mejor el sistema educativo han naufragado provocando víctimas señeras. La ministra de Educación Esperanza Aguirre fue desplazada a la presidencia del Senado porque el señor Aznar tenía aparentemente cosas más importantes en que pensar en aquel momento y no tuvo la valentía para sostener su decreto de humanidades, que postulaba una enseñanza decente, siendo sustituida por el inefable Mariano Rajoy, que, como buen gallego, la aparcó en el cajón principal de su estrenado departamento.

La ministra del PP Pilar del Castillo hizo una ley tarde y mal que apenas entró en vigor, y el señor Wert logró promulgar una norma que luego decapitó el melifluo Iñigo Méndez de Vigo y que jamás ha podido cosechar resultado alguno por la falta de munición del PP ante la vigorosa oposición de la izquierda, para la que la educación ha sido siempre cuestión absolutamente innegociable. Como si se tratara del derecho de pernada.
Matilde Mas, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, aseguró recientemente también en el diario ‘El Mundo’ que permitir que los alumnos avancen con suspensos y peores notas es no entender hacia dónde hay que ir en un mundo ferozmente competitivo y lábil.

“Cuando yo estudiaba y había profesores que, digamos, no eran los mejores del mundo, lo que se aplicaba era el aprobado general. Era la forma de no dejar a nadie atrás. Pero así no evitas la desigualdad, porque cuando el estudiante salga al mercado de trabajo debe de tener las mismas competencias que el resto. Si no, lo has hundido en la miseria. Esta es una política que responde a un buenismo malentendido en el mejor de los casos. No se han parado a pensar en las consecuencias de una medida de tal naturaleza”, decía.

Yo discrepo en este último extremo de la catedrática. La sectaria Celaá sí que se ha parado a pensar, y mucho, en la ley educativa que está a punto de aprobarse en las Cortes. La ministra está convencida de que la norma de su antecesor, el señor Wert, era claramente elitista porque desarrollaba el talento de los más rápidos, de los que, por así decirlo, venían de casa con bastantes aptitudes para el estudio, y esquilmaba a los que tenían más dificultades. Ahora, dice ella, queremos desarrollar el talento de todos, que se desarrollen de acuerdo con sus competencias, capacidades y ritmos, y para ello ¡qué menos que instaurar el aprobado general!

Afirma Celaá, sin clase alguna de rubor, que “es importante que TODO el elenco del profesorado decida de forma colegiada si un alumno puede promocionar de curso, o de manera muy excepcional, ha de repetir”. E insiste: “reducir las repeticiones es importantísimo” -da igual el nivel de los eventuales repetidores-. Porque -y aquí viene el buenismo y el socialismo en vena-, “de la repetición viene la frustración, de ahí el abandono y un poco más tarde la precariedad laboral. El que habla sólo del esfuerzo del alumno se equivoca. El sistema también tiene que hacer un esfuerzo. Si no, estaríamos pensando que el sistema educativo español tiene alumnos más perezosos, más lentos o menos inteligentes que los del resto de sistemas europeos, y no es el caso”.

¡Pero claro que es el caso, señora Celaá! Claro que los alumnos españoles son más perezosos, más lentos y demuestran unas aptitudes y voluntades por debajo de la media europea. La causa de esta anomalía, sin embargo, no es que los estudiantes españoles sean menos inteligentes, sino que han estado gobernados por el socialismo más descarnado en asuntos educativos.

Iniciáticamente por el indigente intelectual José María Maravall, que copió todo lo malo de la instrucción británica anterior a Margaret Thatcher, luego por ese hombre de Estado llamado Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los personajes más siniestros y malvados de la historia del país, y porque ahora están presididos por un Ejecutivo ayuno de ciencia y sobrado de ideología venenosa que en lugar de hacer lo posible por aflorar la capacidad innata en todas las personas para prosperar individualmente y generar riqueza en la comunidad en la que vive, ha optado por instalarlos en el estercolero educativo.

La ley Celaá tiene otros innumerables aspectos perversos. Acaba con el castellano como lengua vehicular y castiga la enseñanza concertada, que fue configurada bajo los gobiernos de Felipe González, y que es un pilar básico del modelo alentado por la Constitución, pues alimenta la sagrada libertad de los padres de elegir el centro de formación de sus hijos y ahorra miles de millones al tesoro público -subsidiando de hecho la escuela estatal-. Con esta norma arbitraria la ministra contraviene el espíritu de justicia y de equidad que pregonan los socialistas, pero que vulneran habitualmente perjudicando los derechos de dos millones de estudiantes, en su inmensa mayoría de las clases medias y trabajadoras tan necesitados de la enseñanza en centros concertados como el alumnado de los centros públicos.

Con todo, sigo creyendo que el incentivo a la molicie, que el estímulo de la desidia, que el combate a la excelencia, con todo lo que significa de pérdida de la autoestima individual, serán los peores efectos de esta enésima ley de los enemigos acérrimos de la instrucción pública honesta y de la educación crítica, que no son otros que los socialistas de antes y más aún de ahora.
Como ha escrito mi gran amiga Alicia Delibes, una de las mayores expertas en educación que conozco, si no se hacen exámenes y se da un aprobado general, el porcentaje de aprobados, de titulados y de aspirantes a un título universitario será mucho mayor.

Para la izquierda, se trata de un gran progreso social. Toda la población obtendrá el mismo título, aunque el título ya no sirva para nada, y tendrá acceso a estudios superiores, aunque de superiores tengan muy poco. Se habrán limado las desigualdades intelectuales y ningún alumno quedará atrás, aunque, por supuesto, tampoco delante.

Pero el aprobado general es lo que faltaba para que la institución escolar, creada hace siglos para la transmisión de los saberes fundamentales, se convierta en un lugar de entretenimiento, en un parque de atracciones, y el profesor en un poli de guardería, o quizás, ya que, como suele decirse, la enseñanza online “ha venido para quedarse”, en un presentador de televisión más o menos entretenido. Pero también es lo que faltaba para que el esfuerzo, el afán de superación, la disciplina de trabajo o la exigencia desaparezcan del ámbito escolar.

Esta obsesión por la igualdad que desde hace años orienta el proyecto educativo de la izquierda recuerda las duras palabras con las que el filósofo francés Jean-François Revel, en su libro ‘El conocimiento inútil’, sentenciaba la escuela nacida de la revolución pedagógica de Mayo del 68. Revel, convencido de que el igualitarismo y el desprecio por el valor formativo de la instrucción llevarían a que la escuela republicana dejara de ser el motor de ascenso social que siempre había sido, escribió: La pretendida matriz de la justicia ha parido la injusticia suprema.

Margaret Thatcher, que antes que jefa del Gobierno del Reino Unido, fue ministra de Educación, también tuvo que soportar las acusaciones de elitista cuando promovió la libre elección de los padres en la formación de sus hijos. Pero, a diferencia de Aznar, esta diosa no cedía jamás. Estaba determinada a que el Estado no fuera el que decidiera dónde tenían que aprender los niños de la gente corriente.

Estaba completamente persuadida de que el problema genuino del socialismo es que no soporta la libertad porque sabe que si a la gente normal, debidamente formada, le das a elegir jamás escogerá el socialismo como modelo de vida. Para eso está precisamente la ley Celaá: para evitar esta fatídica elección, para inducir a la gente, una vez corrompida, a optar por lo más cancerígeno. Para fabricar un ejército de esclavos.

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