La ‘Ley Celaá’ permite al independentismo purgar al profesorado discrepante

La ‘Ley Celaá’ permite al independentismo purgar al profesorado discrepante

Ha pasado desapercibido un aspecto fundamental de la Ley Celaá, por cuanto supone una purga infame del personal docente. La disposición adicional cuadragésima octava establece que «los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado». El problema es que la ley no determina cuándo un profesor no reúne las «condiciones» para su puesto, quedando este criterio en manos de las comunidades autónomas.  Y ahí esta el problema: es evidente la existencia de profesores en Cataluña que han sido acosados por expresar sus opiniones contrarias a las tesis independentistas o por impartir clases en español.  En estas circunstancias, la Ley Celaá deja al personal docente en Cataluña en manos del separatismo. Cabe recordar, asimismo, que la ley elimina además el examen de oposición al cuerpo de inspectores de educación, lo que, según los sindicatos, abre la puerta a los gobiernos autonómicos a nombrarlos ‘a dedo’ y según su conveniencia ideológica.

El Ministerio de Educación defiende la inclusión de la norma con el argumento de que lo que pretende es mejorar la cualificación profesional del profesorado, pero su redacción es un prodigio de ambigüedad que faculta la invasión del poder político, erigido en una suerte de comisariado capaz de llevar a cabo una purga del personal docente que, como en Cataluña, se atreva a cuestionar la pérfida estrategia de adoctrinamiento del separatismo. En suma, la ley representa un ataque a la libertad de los padres y su derecho a elegir la educación que deseen para sus hijos, pero también un atentado a la libertad del profesorado. Porque la clave está en saber quién evalúa la labor del docente y con qué criterios una comunidad puede remover a un profesor de su puesto de trabajo. Como no se especifica, el independentismo tiene manos libres para lanzarse a una purga ideológica sin precedentes.

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