El ataque de Sánchez a Ayuso se vuelve contra Illa

De un Gobierno como este era de esperar que reaccionara como ha reaccionado, pues ya se sabe que el acoso socialista a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, varía en función de cómo le va a Pedro Sánchez. Cuando pintan bastos, la consigna es atacarla aprovechando cualquier circunstancia. Ahora, el Gobierno ha utilizado a la Hacienda Pública y a la Fiscalía madrileña para tratar de desviar la atención del caso Koldo apuntando a Ayuso por la vía de colocar a su pareja en el centro de un supuesto caso de fraude fiscal y de cobro de millonarias comisiones durante la pandemia. Pero, lo que son las cosas, la empresa FCS Select, para la que presuntamente intermedió la pareja de Ayuso, fue la mayor contratista de material sanitario del Ministerio de Sanidad durante toda la pandemia, con un pelotazo de 217 millones de euros en mascarillas.

Es la misma firma que, según documentos del Tribunal de Cuentas, colocó unos 50 millones de unidades de mascarillas fake al ministerio que dirigía entonces Salvador Illa. La mitad de ellas nunca fueron repuestas porque Sanidad «no lo requirió». La diferencia es que mientras Sanidad se puso de canto, el PP de Madrid la denunció ante la Fiscalía. FCS Select fue el proveedor improvisado de mascarillas que Sanidad escogió a dedo el 23 de marzo de 2020. Nada se sabe de cómo llegó su oferta al ministerio o por qué una empresa «sin vinculación con el ramo sanitario», como destaca el Tribunal de Cuentas en un informe, pudo acceder a cuatro contratos troceados por valor de 217 millones de euros. Pero pese a que el Tribunal de Cuentas advirtió en sus informes del fraude, el departamento de Illa nunca protestó. Eso pese a que «tras los controles y ensayos efectuados, un total de 7,5 millones de mascarillas suministradas por este adjudicatario, valoradas en 3.187.500 euros, constan con la indicación destrucción al no poderse garantizar que el producto fuese lo suficientemente seguro para la salud pública».

O sea, que el Gobierno pretende matar políticamente a Ayuso porque su pareja, que intermediaba entre empresas privadas y no con las administraciones -que conste-, está siendo inspeccionado por Hacienda, pero cuando responsables de la Agencia Tributaria apuntaron a la trama Koldo, qué casualidad, fueron directamente cesados.