Reflexión consumada, con elecciones en 2026

La reflexión de Sánchez disipó la duda existente al respecto, con su decisión de disolver las Cortes Generales, convocando elecciones generales anticipadas. Que por tanto no serán en 2027 como había afirmado reiteradamente, sino el próximo domingo 29 de noviembre.

Que son los 54 días que median entre esa fecha y el día de hoy lunes 5 de octubre, en que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de convocatoria electoral. Lo anunció Sánchez en su primer mitin de campaña, de 9 minutos de duración, realizado desde el Palacio de la Moncloa cuando a primera hora de este lunes compareció para comunicar el fruto de su reflexión.

Una idea clara de lo que pretende que sea esta campaña fue su apelación a los españoles —dirigiéndose a ellos con un tuteo fuera de lugar— a que decidan no sumarse a la ultraderecha y opten por los progresistas en las urnas. Es decir, calificándoles prácticamente de fascistas si no le votan a él.

Lo que es propio de autócratas como el de su colega Maduro, por ejemplo, e impropio de una auténtica democracia occidental. Y ya es noticia, tras el anuncio de la convocatoria electoral, un debate abierto en relación a la reciente y última causa de la misma, que fue la no convalidación por el Congreso de sus dos RDL sobre la vivienda.

Según esa información, el gobierno volvería a aprobarlos en un inmediato Consejo de Ministros, para volver a remitirlos al Congreso e intentar otra eventual convalidación.

La cuestión es que, al estar disuelta la Cámara por el decreto de convocatoria, la gestión de cuestiones —¡no para aprobar iniciativas legislativas!— de la misma la asume la Diputación Permanente. Organismo integrado por el número de diputados que decide la Mesa, oída la Junta de Portavoces.

Pretender que, ya disuelto el Congreso, una porción de los 350 diputados puede modificar una decisión legislativa adoptada por el Pleno en el ejercicio ordinario y normal de su competencia legislativa, es un absoluto despropósito jurídico y político.

Que ya lo ha convertido Sánchez en el virtual comienzo de la campaña electoral, tras una legislatura sin haber remitido ni un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, como establece el artículo 134.3 de la Constitución.

Lo que es algo propio y consustancial a una democracia parlamentaria occidental digna de tal consideración. Ante este escenario, Sumar, el socio del PSOE en la “coalición progresista” y que lideró la vicepresidenta 2.ª Yolanda Díaz, se encuentra en una situación electoral que todas las encuestas definen, cuando menos, bajo mínimos.

Ante lo cual, la convocatoria les ha precipitado a adoptar una inmediata reacción, consistente en elegir un nuevo líder y candidato electoral y una nueva denominación para su “plurinacional y progresista” formación, que es la denominación que tenía su ahora disuelto Grupo Parlamentario en el Congreso.

Esta refundación está prevista que se realice el próximo 17 de octubre, con la nueva denominación de “Frente amplio”, que sustituiría a la precedente, cuya capacidad de “sumar” muchos votos parecía poco atractiva para una evidente gran mayoría de los españoles.

En cuanto al liderazgo de ese nuevo “Frente Amplio Popular”, el abanico de los candidatos posibles parece situarse de momento y, salvo sorpresas sobrevenidas, entre cuatro. Tres de ellos, ministros del gobierno ahora “en funciones”: Urtasun en Cultura; Pablo Bustinduy en Derechos Sociales; y la titular de la Cartera de Sanidad y lideresa de Más Madrid, en guerra abierta con el sector sanitario.

A este trío, al parecer, se le ha añadido a última hora la que fuera alcaldesa de los comunes en Barcelona, Ada Colau, que según dicen estaría encantada de ponerse al frente de esta nueva flotilla política progresista.

En cualquier caso, a partir de hoy la última palabra sobre el inmediato futuro de España está en manos del pueblo soberano español, que afortunadamente no podrá incorporar a los que la ley de “tataranietos de su democrática memoria” pretendía incluir.

Obviamente, también se ha abierto el debate respecto a cuál habrá sido el principal motivo existente tras la decisión adoptada por Sánchez. Son numerosas y diversas, pero con el común denominador de la convicción de ser la mejor —o la menos mala— para su persona.