La empresa que el PSOE usa para atacar a Ayuso le coló a Illa 50 millones de mascarillas ‘fake’

La empresa FCS Select, ahora señalada tras conocerse que hizo un negocio entre firmas privadas con la mediación de la actual pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la mayor contratista de mascarillas del Ministerio de Sanidad durante la pandemia con contratos por valor de 217 millones de euros. Una compra «bastante irregular», según un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso OKDIARIO, y en el que se señala que al menos 50 millones de las mascarillas entregadas por esta firma al departamento de Salvador Illa eran fake. Sus defectos técnicos las hacían incluso perjudiciales para la salud. De ellas, según constata el organismo fiscalizador de las cuentas públicas, la mitad nunca fueron repuestas y Sanidad ni siquiera exigió el reintegro de su coste.

Durante la crisis sanitaria del año 2020, las administraciones públicas tramitaron por vía de emergencia un total de 16.589 contratos. Un total de 6.445 millones de euros, gran parte de ellos destinados a material sanitario. De los cientos de empresas que se llevaron esas adjudicaciones, hay una que sobresale del resto: FCS Select. El proveedor improvisado de mascarillas que Sanidad escogió a dedo el 23 de marzo de 2020 para darle el mayor contrato de toda la pandemia.

Nada se sabe de cómo llegó su oferta al ministerio o si alguien recomendó a esta empresa con sede en Barcelona. Ni tampoco por qué una empresa «sin vinculación con el ramo sanitario», como destaca el Tribunal de Cuentas en un duro informe del pasado mes de diciembre, pudo acceder a cuatro contratos troceados por valor de 217 millones de euros. Incógnitas sobre un expediente que sigue bajo llave en Sanidad y que el PP ya le ha exigido a la ministra Mónica García.

El gran pelotazo de FCS Select, la empresa para la que la pareja de Ayuso realizó una intermediación en 2020 en un contrato con otra empresa privada del campo de la seguridad laboral, vino de lo público. Fueron cuatro contratos cuyo cumplimiento resultó «bastante irregular», según detalla el Tribunal de Cuentas en varios aspectos, pero especialmente en la calidad de las mascarillas quirúrgicas que finalmente gestionó la empresa. De los 508 millones de unidades compradas, unos 50 millones no cumplían los estándares de calidad ni protegían la salud. Eran literalmente inservibles.

Mascarillas ‘fake’

«Como consecuencia de los controles y ensayos, en diferentes momentos, el Ministerio advirtió que parte del material suministrado (en las primeras partidas llegadas a España a finales de marzo y principios de abril), no alcanzaba el nivel exigible de eficacia de filtración bacteriana (EFB>99 %), el índice de respirabilidad (<40 o <60, según sea tipo II o IIR) u otras prescripciones técnicas», señala el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador asegura que hay un total de 25 millones de mascarillas que no cumplían con los criterios exigidos en su compra, y que fueron repuestas por el adjudicatario en fechas posteriores. En algunos casos, tras esperas de varios meses: un pedido de 1,75 millones de mascarillas fake de FCS Select fue devuelto en junio, cuando el Gobierno comenzó con la llamada desescalada y obligaba al uso de los cubrebocas, y no fue repuesto hasta finales septiembre.

Illa no exigió el dinero

Pero el Tribunal de Cuentas destaca una situación más alarmante respecto a esta empresa escogida por Sanidad al hablar de los otros cerca de 25 millones de mascarillas quirúrgicas que resultaron ser un fraude… y por los que el departamento de Illa nunca protestó. Una partida que ronda los 10 millones de euros (FCS Select las vendió a Sanidad a 0,42 euros la unidad). No se exigió ni reponerlas ni devolver el dinero.

«Los ensayos de calidad realizados determinaron el incumplimiento de alguna de las prescripciones técnicas de la norma EN 14683 o las mascarillas del mismo lote habían resultado defectuosas, no se requirió, al contrario que en los casos anteriores, la reposición del material o el reintegro de su importe», insiste el Tribunal de Cuentas

Enviadas a destruir

Además, el Tribunal de Cuentas especifica que «tras los controles y ensayos efectuados, un total de 7,5 millones de mascarillas suministradas por este adjudicatario, valoradas en 3.187.500 euros, constan con la indicación destrucción al no poderse garantizar que el producto fuese lo suficientemente seguro para la salud pública».

Pese a todas esas irregularidades, que marcan el 10% de lo adquirido por Sanidad y alcanzan un valor de 21 millones de euros en material inservible, el Gobierno respondió con tibieza al contratista. «En ocasiones, como en el requerimiento de 5 de octubre de 2020, se reclamó al adjudicatario que asumiese los gastos de reposición o de transporte hasta España, determinación que, a pesar de figurar en el requerimiento, no consta que se llevara a la práctica». «Tampoco se optó en ningún momento por desistir de recibir la mercancía contratada», destaca el Tribunal de Cuentas.

No se hicieron pruebas

Además, en el caso de unos lotes compuestos por unos 45 millones de mascarillas que FCS compró a fabricantes chinos que ya habían entregado material defectuoso, «no se realizaron ensayos en laboratorio, los cuales, si bien no eran obligatorios, sí resultaban recomendables, dado que ya en otros lotes a los que se les practicaron ensayos se había detectado una eficacia de filtración bacteriana inferior a la exigible».

Según resume el organismo fiscalizador de las cuentas públicas, en buena parte de esos contratos por valor de 217 millones de euros (Sanidad pagó 263 al sumar el IVA), «el material recibido no cumplía los requisitos establecidos o las mascarillas del mismo lote habían resultado defectuosas o se había emitido alerta de un certificado falso del fabricante y en los que no se exigió la reposición o la devolución de su importe».

Se esfumó tras el pelotazo

La firma, con sede en Sant Cugat del Valles, pasó de facturar apenas un millón de euros a multiplicar por 200 sus ingresos. Desde que pegó el ‘pelotazo’ de las mascarillas, no ha vuelto a presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil, e incluso ha sido sancionada por ello.

El pelotazo de los 217 millones de euros en mascarillas disparó los ingresos de la compañía en ese 2020 y, desde entonces, no hay constancia ninguna de que haya mantenido su actividad empresarial. Según ha podido constatar OKDIARIO en una consulta al Registro Mercantil, la firma no ha presentado sus cuentas, como le obliga la ley, desde que cerró aquel negocio multimillonario. Ni las correspondientes a 2020 ni las siguientes. La última de las cuentas presentadas, de 2019, reflejan unas ventas totales de 1.141.726 euros, con un resultado neto de 65.350 euros.

De hecho, esta situación ha provocado que la compañía haya sido sancionada. Así lo alertan los informes de riesgo comercial que pesan sobre la empresa, que advierten que ha sido «objeto de un cierre de hoja registral, según el artículo 378.1 del reglamento del Registro Mercantil, debido al incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas».

En la práctica, esta sanción le impide cualquier tipo de anotación o actualización ante el Registro y puede llevar aparejada una multa de hasta 300.000 euros (para empresa que facturen más de 6 millones de euros, como es el caso de FCS Select). Además, en esa situación no podría contratar con la administración pública, la misma que le ha reportado a los propietarios el negocio de sus vidas.