Ayuso envía una carta a Sánchez para proteger a las víctimas de ETA: «Las mentiras dañan como las bombas»

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha enviado una carta al Gobierno de España con las conclusiones del I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, organizado por el Ejecutivo regional y al que, a pesar de cursar invitación, ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez asistió. Únicamente se dejó ver una directora general del Ministerio del Interior. Entre las ideas clave, se incluyen claras alusiones a los acuerdos del PSOE y Bildu: «Las mentiras pueden dañar tanto como las balas, las bombas, los cuchillos y los atropellos».

«Nunca se puede acceder a sus peticiones en el futuro a cambio de dejar de matar. El terrorismo deslegitima a sus autores para ningún fin político. La vida es sagrada», subrayan. En la misiva se considera fundamental que los poderes públicos «no mantengan equidistancias con quienes defiendan los planteamientos que justifican los actos que victimizan». Recuerdan que «proteger y cuidar de las víctimas significa considerar imprescindible trabajar contra el olvido y el blanqueamiento de los terroristas».

La carta, que desvela OKDIARIO, ha sido remitida por el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, al ministro Félix Bolaños. «Como sabes, la pasada semana se celebró en los Teatros del Canal de Madrid el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, cuyo Comité de Honor presidió el Rey Felipe VI».

López lanza una indirecta. Ningún ministro acudió al encuentro. «En representación de la Administración General del Estado, asistió la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Monserrat Torija», deja caer.

Por el contrario, sí participaron figuras de primer nivel de «todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del ámbito de la Comunidad de Madrid, así como del resto de España y de otros países de la Unión Europea. Entre sus ponentes, estuvieron expertos en terrorismo, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía, del Poder Judicial, responsables políticos de distintos momentos de nuestra historia democrática y representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas».

Medidas

Las conclusiones, que marcan la hoja de ruta a seguir, fueron elaboradas tras dos jornadas de trabajo por el Comité Científico y las asociaciones de
víctimas. En ellas se pide perfeccionar la primera intervención a las víctimas que sufran un atentado y darles un papel en la educación.

Se enfatiza que el terrorismo «no sólo es aborrecible desde un punto de vista ético, sino que es radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática». «Quienes lo practican, atentando contra la vida y la integridad de aquellos que no piensan como ellos, sólo merecen la condena y el desprecio de toda la sociedad, porque no hay ningún objetivo político que en una democracia pueda reclamarse mediante el asesinato. El terrorismo es claramente la mayor amenaza para la libertad y la seguridad de nuestra sociedad, así como para los derechos y la libertad de los ciudadanos que la integran, especialmente el derecho a la vida», reseñan en clara alusión a Bildu, herederos de ETA.

Por eso, el texto hace hincapié en que la lucha contra el terrorismo «ha de ser una de las prioridades fundamentales de todos los gobiernos, que deben contrarrestar el terror de forma integral, con todos los instrumentos legales a su alcance, manteniendo todas las garantías del Estado de Derecho y las libertades fundamentales». «Es su obligación defender nuestros valores comunes y el modo de vida que subyace de nuestra convivencia democrática», defienden.

A continuación se resalta que el combate contra cualquier modo de terrorismo conlleva que las personas democráticas «tengan muy claro que los actos terroristas sólo son responsabilidad de quienes los cometen, y que la mejor manera de combatirlos es con la máxima unidad y desde la solidaridad inquebrantable entre los distintos actores políticos y sociales, que siempre han de expresar la más firme e inequívoca de las condenas, sin fisuras, sin distinción de ideologías y sin utilizaciones partidistas».

Así, se establece que las víctimas del terrorismo han de ser una preocupación prioritaria de las instituciones, ya que son quienes más directamente sufren las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia.»Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero han de recibir el reconocimiento y la atención que merecen, proporcionándoles justicia, manteniendo su memoria y garantizando el respeto a la dignidad que merece un dolor que nunca prescribirá», prosiguen.

En ese contexto, creen que hay que seguir trabajando en la investigación sobre la situación de las víctimas del terrorismo, para mejorar la comprensión y el conocimiento sobre cómo el terrorismo hace mella en ellas, y cómo ayudarlas mejor en sus necesidades. «Los gobiernos deben colaborar para que las víctimas, sus representantes y sus asociaciones puedan personarse en los procedimientos judiciales que se sigan contra los autores de actos terroristas, incluyendo el conocimiento de su situación y evolución penitenciaria», añaden. Igualmente, defienden profundizar en el papel que las víctimas pueden desarrollar en el ámbito educativo. Es clave desprestigiar los relatos de odio.