Sánchez usó para fulminar a la jefa del CNI información que hace un mes clasificó como «secreta»

El Gobierno calificó de «secreta» toda la información relativa al espionaje a los móviles de altos cargos y los protocolos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hacer frente a esta amenaza. Un hecho que contrasta con la actitud que mantiene ahora el mismo Ejecutivo, que no ha dudado en revelar estos datos, altamente confidenciales, para justificar la destitución de la directora de los servicios secretos, Paz Esteban.

Hasta abril, el Gobierno blindaba como «secreta» esta información, que se empezó a difundir cuando, en una rueda de prensa insólita, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció a bombo y platillo que los terminales de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido hackeados. Según su versión, Moncloa no descubrió el espionaje hasta el 30 de abril, es decir, casi un año después de producirse. 

En marzo, el diputado de Bildu Jon Iñarritu preguntó al Ejecutivo por escrito sobre el hackeo sufrido, en agosto de 2020, por Juan Carlos Campo y otros ministros y altos cargos. En aquel momento trascendió que el móvil del entonces ministro de Justicia había quedado prácticamente bloqueado e inutilizado y que otros miembros del Gobierno había sufrido ataques similares.

Iñarritu demandó información detallada al respecto, como el software utilizado en esos ataques, así como «desde qué Estado se produjeron» o si se habían abierto diligencias penales. Pero fue más allá. Preguntó también si se habían producido «más ataques de este tipo contra miembros del Ejecutivo, cuándo y contra quiénes», las «medidas para evitar este tipo de ataques» o las «instrucciones» a las víctimas de los hackeos. Por entonces, y como ha revelado OKDIARIO, Moncloa conocía ya desde hacía meses el espionaje a través del programa Pegasus y disponía de instrucciones claras del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hacerle frente.

«Secreto»

El Gobierno, en su respuesta -fechada el pasado 4 de abril- niega rotundo el acceso a la información apelando a la ley reguladora del CNI, de 2002, que establece que «las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados acuerdos».

Más respuestas

No es la única respuesta en la que el Gobierno se remite al «secreto» de la información en manos del CNI. Así, en julio de 2020, la diputada independentista Míriam Nogueras preguntó también al Ejecutivo por el presunto espionaje al entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.

«¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de España para investigar la práctica antidemocrática que supone el espionaje doméstico a rivales políticos», preguntó Nogueras. De nuevo, se alegó que la información en manos de los servicios secretos estaba «clasificada con el grado de secreto». Este martes, el Gobierno ha anunciado la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, en medio de la crisis por el espionaje con el sistema Pegasus.

Desde Moncloa se ha esperado a disponer del informe sobre los pinchazos a miembros del Ejecutivo para sostener este relevo, reclamado por los socios separatistas de Sánchez.

Según el análisis del Centro Criptológico Nacional (CNN), además de los los dispositivos de Sánchez y Robles, también fue hackeado el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta intrusión se produjo en junio de 2021 -en plena crisis con Marruecos por las llegadas masivas de inmigrantes y la acogida en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali- y, según la información del Gobierno, se sustrajeron 6,3 gigas. Además, el informe del CCN revela también un intento de ataque al dispositivo del ministro de Agricultura, Luis Planas, que fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010.