Sánchez dispuesto a incluir la «identidad catalana» en una disposición de la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a dar un estatus especial a Cataluña en la Constitución, introduciendo en la Carta Marga una «disposición adicional» con la que contentar a los separatistas de Quim Torra y Carles Puigdemont. Así consta en el documento ‘Ideas para una reforma de la Constitución’, elaborado por Santiago Muñoz Machado y otros catedráticos y convertido en el eje fundamental del plan diseñado por Moncloa para afrontar el conflicto de Cataluña, según señalan fuentes gubernamentales.

La hoja de ruta de la Administración Sánchez en la negociación con el independentismo catalán pilota sobre un referéndum de autogobierno en torno a un nuevo Estatut y una reforma constitucional en paralelo, según ha deslizado ya el propio Ejecutivo socialista. Estos dos brazos de una misma estrategia constituyen las aportaciones esenciales del citado documento, presentado a finales del año pasado y ahora mismo sobre la mesa de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

La propia Batet declaró este miércoles al término de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde hacía siete años, que «no existe el derecho de autodeterminación ni en el marco constitucional interno ni en el derecho internacional» y apeló tanto al Estatut como a la Constitución como «vías democráticas de participación» de la ciudadanía. «Hemos insistido en que es mucho mejor generar consensos que constatar discrepancias y divisiones», comentó sobre lo expuesto por el Ejecutivo en la reunión.

Dentro de esa eventual reforma de la Constitución para dar encaje a un nuevo modelo territorial, el trabajo de Muñoz Machado plantea «la incorporación de una Disposición Adicional específica para Cataluña en la que se aborden las cuestiones identitarias, competenciales y de relación con el Estado». Según el grupo de juristas, «esto permitiría reconocer la singularidad de Cataluña sin necesidad de modificar el art. 2 de la Constitución y simplificar el procedimiento en cuanto no se modifica el marco constitucional común sino que se establece un régimen jurídico singular».

De esta manera, se burlaría el principio recogido en dicho artículo 2 de la Carta Marga, que reconoce «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Y además, permitiría reformar la Constitución por la vía abreviada, es decir, la del artículo 167, más sencilla que el procedimiento agravado.

Desigualdad con otras CCAA

Todo un agravio o desigualdad de trato respecto a otras comunidades autónomas. Algo que también quedó patente este miércoles al prometer la ministra Batet a los separatistas que el Gobierno de Sánchez tendrá con ellos «lealtad federal» y recuperará la disposición adicional tercera del Estatut, según la cual la inversión del Estado en infraestructuras de Cataluña, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será en función del peso que tenga el PIB de esta región en el PIB español. Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional anuló esta disposición.

El pasado mayo en una conferencia en Londres, el secretario general del PSOE manifestó que la reforma de la Constitución española es la única «alternativa real» para solucionar la crisis territorial en Cataluña. Una reforma que iría ligada a la celebración de un referéndum de autogobierno sobre la actualización del Estatut con los capítulos tumbados por el Tribunal Constitución. A esto se refirió, según las mismas fuentes gubernamentales, la ministra Batet en una entrevista en La Vanguardia el pasado domingo, donde afirmó que «lo que los catalanes tiene que votar es un acuerdo político».

Cesiones

En este contexto, el documento de Muñoz Machado aboga por trasladar a la Carta Magna contenidos del Estatuto de Autonomía de 2006 que la sentencia del TC «desactivó no por su contenido sino al entender que el Estatuto era una fuente inadecuada en cuanto la regulación afectaba al funcionamiento de todo el Estado».

Así, los juristas apuntan al «reconocimiento de la participación autonómica en las decisiones del Estado, tanto en el ejercicio de competencias estatales (comisión bilateral, informe previo), como en la designación de integrantes de órganos constitucionales (Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial); a la inclusión de principios en el sistema de financiación autonómica; a la organización federal del poder judicial; o a la flexibilización de la organización del territorio (veguerías)», entre otros asuntos.