Sánchez declara «urgente» perseguir a los propietarios que no retiren símbolos «franquistas»

En pleno cerco por la corrupción, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a recurrir a la autodenominada «memoria democrática». El Ejecutivo ha declarado «urgente» la puesta en marcha del catálogo de elementos y símbolos franquistas, que afectará especialmente a los propietarios privados. El Gobierno ha dado un plazo de apenas diez días al Consejo de Estado para que ultime su dictamen que, en cualquier caso, no es vinculante.

El catálogo está recogido en la llamada Ley de «memoria democrática», así como la creación de una «comisión técnica» que se encargará de llevar a cabo el procedimiento para su retirada.

Moncloa esgrime que desde la entrada en vigor de la ley, se «ha avanzado en su aplicación, procediendo a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en su propio ámbito competencial».

«Sin embargo, la experiencia acumulada en los últimos años evidencia que persisten notables dificultades en el conjunto de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, así como en bienes de titularidad privada, para garantizar el cumplimiento efectivo de este mandato legal», se queja el Gobierno. Igualmente, carga contra las comunidades autónomas -del Partido Popular- que han promovido iniciativas legislativas que evitan la aplicación de la citada ley, que fue aprobada gracias al apoyo de Bildu.

En medio de la polémica por las investigaciones de la UCO sobre la conocida como trama del PSOE, Pedro Sánchez ya anunció en el Congreso que, antes de que finalizase el mes de noviembre, se publicaría el catálogo completo de elementos y símbolos franquistas para que fuesen «retirados de una vez por todas» de las calles. Sánchez respondía así, precisamente, a la diputada de Bildu, la proetarra Mertxe Aizupurúa, quien le instaba a llevar a cabo la aplicación de la ley.

La norma, aprobada en 2022, considera elementos contrarios a la memoria democrática «las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública» en los que «se realicen menciones conmemorativas de la sublevación militar y de la dictadura». Asimismo, prosigue, como de dirigentes, participantes, organizaciones, unidades militares o civiles «en el sistema represivo» de la dictadura o de «las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

Propiedad privada

La Ley de Memoria Democrática establece que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación».

En este sentido, «carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura» y «a tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público».

Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».