Tres años de una ley desmemoriada

La Ley de Memoria Democrática cumple tres años desde su entrada en vigor. Su aprobación fue posible gracias a una insólita negociación por la que el PSOE aceptó formar parte del franquismo. Así lo exigió su socio Bildu: establecer el 31 de diciembre de 1983, más de un año después de la aplastante victoria electoral de Felipe González, como nueva frontera temporal entre la dictadura y la democracia.

La consecuencia de esta humillación proetarra a los demócratas, consentida por Pedro Sánchez, es el blanqueo de los años de plomo de la banda criminal ETA, cuando los asesinos justificaban sus matanzas argumentando precisamente que nuestra democracia era un subterfugio del franquismo para perpetuarse, como siguen pensando ahora.

De ahí que los herederos de quienes se propusieron destruir nuestra democracia mediante el tiro en la nuca y el coche bomba fueran los primeros interesados en que Sánchez sacara adelante una ley dirigida a la polarización, el enfrentamiento y la discordia.

La ley de Sánchez ha sido una excusa para tratar de arañar alguna ventaja política sobre la espalda despellejada de la convivencia política y social. Una ley sectaria y desmemoriada que reduce un pasado de extraordinaria complejidad a un cuento simplón y maniqueísta, no sólo cancelando parte de lo que sucedió, sino imponiendo también el recuerdo de lo que nunca sucedió.

Ya desmintió Clara Campoamor en plena contienda que ésta fuera una lucha entre fascismo y democracia. Que la ley de Sánchez recuerde en su preámbulo la ayuda a Franco de los dictadores Hitler y Mussolini, pero silencie la ayuda a la República de otro terrible dictador, Stalin, evidencia la voluntad de imponer ese falso relato.

Resulta llamativa la pretensión del PSOE de dar lecciones de democracia cuando es un partido que no renunció hasta 1979 a la defensa de los principios marxistas, como la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Para entonces, hacía tiempo que la derecha española había emprendido ya la senda del reformismo democrático.

Al igual que la de Rodríguez Zapatero, la ley de Sánchez se articuló bajo la premisa de un falso adanismo. Ambas normas trataron de vender que con ellas se ponían en pie por vez primera políticas de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.